La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, cuestionó el esquema de financiamiento del nuevo régimen penal juvenil aprobado en Diputados. Si bien valoró el debate y los avances normativos, advirtió que sin recursos para infraestructura y programas de reintegración la implementación quedará, otra vez, en manos de las provincias.
—Los diputados que responden al gobierno provincial acompañaron esta media sanción del nuevo régimen penal juvenil. Las críticas, incluso entre quienes lo votaron, apuntan a que no garantiza financiamiento suficiente para que el sistema funcione. ¿Ese es el punto débil?
—Sí. Veníamos de una ley penal juvenil muy vieja, de la época de la dictadura. Lo primero que hay que decir es que era un debate pendiente en la Argentina y es positivo que se haya avanzado. Más allá de que a uno le guste el 100% del texto o no, era necesario discutirlo. Ahora bien, una ley penal juvenil es una ley de fondo. Marca el rumbo de un país. En el mundo hay tres grandes enfoques: el punitivista, centrado exclusivamente en la pena; el de resocialización; y el mixto, que combina ambos. Esta ley intenta ubicarse en el modelo mixto. El problema es que, cuando se la analiza en profundidad, casi todas las instancias que buscan la resocialización están atravesadas por la amenaza de la pena. La pregunta central es cuál es el objetivo de una ley penal juvenil. Siempre es evitar la reincidencia. Por eso digo que la discusión sobre la edad, para mí, era en parte falsa. Lo determinante es el andamiaje institucional. Y ahí el financiamiento no es un tema menor.
—¿Qué hizo Córdoba frente a esa discusión?
—El año pasado tuvimos casos complejos desde el punto de vista social y mediático. Ante la incertidumbre sobre cuándo el Congreso iba a avanzar, en Córdoba sancionamos una ley de procedimiento, que es facultad provincial, para delitos graves: homicidio, abuso sexual, robo con arma operativa, lesiones graves o gravísimas. Allí se habilita la posibilidad de privación de la libertad cuando el juez lo determine. Nuestra ley está vigente desde hace siete meses. En 2025 pasaron por el Complejo Esperanza 381 jóvenes de entre 16 y 18 años. Con la nueva ley de procedimiento, en delitos graves, ingresaron 27. De esos 381, sólo siete fueron por homicidio. Casi 200 fueron por robo.
—La magnitud del debate no parece corresponderse con el volumen de delitos graves.
—Está de moda decir “dato mata relato”. Ese es el dato. Además, el delito juvenil está fuertemente concentrado en varones: de los 381, sólo 13 fueron mujeres, el 3%.
—¿Cómo se explica esa diferencia?
—Tiene que ver con cómo los varones se insertan más tempranamente en grupos o bandas, con el abandono escolar, el consumo problemático. Pero a mí me interesa pensar en las víctimas. El diseño de una política penal juvenil tiene que impedir la reincidencia para que haya menos víctimas. En Córdoba desarrollamos un programa de reintegración sociolaboral con intervención de tres ministerios, Desarrollo Social, Justicia, el Poder Judicial y organizaciones como Cáritas, Asociación Civil Escolares Ocurrentes y la Fundación E+E. El año pasado trabajamos con 40 jóvenes egresados del Complejo Esperanza. Hubo cinco reincidencias. Eso demuestra que, cuando hay programas serios, hay resultados. El problema es que la ley nacional no prevé impacto presupuestario suficiente ni para estos programas ni para infraestructura.
Edad de imputabilidad
—¿Qué opina de fijar los 14 años como edad de imputabilidad?
—En Córdoba ya contemplamos que, frente a delitos gravísimos, un juez pueda disponer institucionalización. “Institucionalización” no es sinónimo de cárcel; implica contención y trabajo técnico. Yo soy psicóloga y asumí personalmente intervenciones en casos de delitos muy graves para entender qué pasaba. En uno de ellos, el joven tenía cinco diagnósticos distintos. Realicé siete entrevistas extensas para elaborar un psicodiagnóstico completo y definir un plan de abordaje. Eso sólo es posible cuando existe resguardo institucional. Sin esa instancia, es inviable una evaluación profunda. Ahora bien, de allí a establecer penas de 15 años hay una distancia enorme. No está demostrado, ni en Argentina ni en el mundo desarrollado, como Nueva Zelanda, Alemania, Países Bajos, que el endurecimiento extremo reduzca la reincidencia. Además, esta ley no incorpora de manera clara el enfoque de justicia restaurativa, que es hacia donde avanzan esos países.
—Usted también cuestionó el esquema de financiamiento.
—Sí. En Córdoba estamos licitando el Campus Papa Francisco, una infraestructura para 125 jóvenes, por 18 mil millones de pesos. La ley nacional prevé 23 mil millones para todo el país, y ni siquiera obliga a asignarlos a las provincias: dice que el Gobierno “podrá” convocarlas. Ese “podrá” no obliga. Es muy fácil sancionar una ley y luego trasladar la implementación a las provincias sin recursos. Si es necesario, voy a ser la primera funcionaria en ir a reclamar que ese “podrá” se convierta en “deberá”.
—Quiero su mirada sobre el caso de Joaquín Esperani, en Laboulaye, asesinado por un amigo de 14 años que había estado en el Complejo Esperanza. ¿La Provincia mantiene vínculo con ese joven?
—En cada caso hay una víctima y una familia con un drama enorme. En 2025 abordamos 381 jóvenes en el Complejo y otros 241 con medidas alternativas. En total, intervenimos en más de 800 situaciones con distintas disposiciones judiciales. Nuestra función es doble: acompañar a las víctimas y trabajar con quien delinquió para evitar la reincidencia. Esto no es una mirada ingenua. El joven que empuña un arma no sólo no valora la vida del otro; muchas veces tampoco la propia. Y debemos preguntarnos quién es el adulto que le puso el arma en la mano. Por eso considero relevante el artículo que establece responsabilidad civil de los padres. Los adultos tenemos que hacernos cargo. Las armas circulan en nuestras comunidades y alguien habilita que ese chico la use. Siempre hay que empezar por las víctimas. Y luego preguntarnos qué políticas concretas y qué presupuesto vamos a poner para que no haya nuevas víctimas. Esa es la discusión de fondo.
La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, cuestionó el esquema de financiamiento del nuevo régimen penal juvenil aprobado en Diputados. Si bien valoró el debate y los avances normativos, advirtió que sin recursos para infraestructura y programas de reintegración la implementación quedará, otra vez, en manos de las provincias.—Los diputados que responden al gobierno provincial acompañaron esta media sanción del nuevo régimen penal juvenil. Las críticas, incluso entre quienes lo votaron, apuntan a que no garantiza financiamiento suficiente para que el sistema funcione. ¿Ese es el punto débil?—Sí. Veníamos de una ley penal juvenil muy vieja, de la época de la dictadura. Lo primero que hay que decir es que era un debate pendiente en la Argentina y es positivo que se haya avanzado. Más allá de que a uno le guste el 100% del texto o no, era necesario discutirlo. Ahora bien, una ley penal juvenil es una ley de fondo. Marca el rumbo de un país. En el mundo hay tres grandes enfoques: el punitivista, centrado exclusivamente en la pena; el de resocialización; y el mixto, que combina ambos. Esta ley intenta ubicarse en el modelo mixto. El problema es que, cuando se la analiza en profundidad, casi todas las instancias que buscan la resocialización están atravesadas por la amenaza de la pena. La pregunta central es cuál es el objetivo de una ley penal juvenil. Siempre es evitar la reincidencia. Por eso digo que la discusión sobre la edad, para mí, era en parte falsa. Lo determinante es el andamiaje institucional. Y ahí el financiamiento no es un tema menor.—¿Qué hizo Córdoba frente a esa discusión?—El año pasado tuvimos casos complejos desde el punto de vista social y mediático. Ante la incertidumbre sobre cuándo el Congreso iba a avanzar, en Córdoba sancionamos una ley de procedimiento, que es facultad provincial, para delitos graves: homicidio, abuso sexual, robo con arma operativa, lesiones graves o gravísimas. Allí se habilita la posibilidad de privación de la libertad cuando el juez lo determine. Nuestra ley está vigente desde hace siete meses. En 2025 pasaron por el Complejo Esperanza 381 jóvenes de entre 16 y 18 años. Con la nueva ley de procedimiento, en delitos graves, ingresaron 27. De esos 381, sólo siete fueron por homicidio. Casi 200 fueron por robo.—La magnitud del debate no parece corresponderse con el volumen de delitos graves.—Está de moda decir “dato mata relato”. Ese es el dato. Además, el delito juvenil está fuertemente concentrado en varones: de los 381, sólo 13 fueron mujeres, el 3%. —¿Cómo se explica esa diferencia?—Tiene que ver con cómo los varones se insertan más tempranamente en grupos o bandas, con el abandono escolar, el consumo problemático. Pero a mí me interesa pensar en las víctimas. El diseño de una política penal juvenil tiene que impedir la reincidencia para que haya menos víctimas. En Córdoba desarrollamos un programa de reintegración sociolaboral con intervención de tres ministerios, Desarrollo Social, Justicia, el Poder Judicial y organizaciones como Cáritas, Asociación Civil Escolares Ocurrentes y la Fundación E+E. El año pasado trabajamos con 40 jóvenes egresados del Complejo Esperanza. Hubo cinco reincidencias. Eso demuestra que, cuando hay programas serios, hay resultados. El problema es que la ley nacional no prevé impacto presupuestario suficiente ni para estos programas ni para infraestructura.Edad de imputabilidad—¿Qué opina de fijar los 14 años como edad de imputabilidad?—En Córdoba ya contemplamos que, frente a delitos gravísimos, un juez pueda disponer institucionalización. “Institucionalización” no es sinónimo de cárcel; implica contención y trabajo técnico. Yo soy psicóloga y asumí personalmente intervenciones en casos de delitos muy graves para entender qué pasaba. En uno de ellos, el joven tenía cinco diagnósticos distintos. Realicé siete entrevistas extensas para elaborar un psicodiagnóstico completo y definir un plan de abordaje. Eso sólo es posible cuando existe resguardo institucional. Sin esa instancia, es inviable una evaluación profunda. Ahora bien, de allí a establecer penas de 15 años hay una distancia enorme. No está demostrado, ni en Argentina ni en el mundo desarrollado, como Nueva Zelanda, Alemania, Países Bajos, que el endurecimiento extremo reduzca la reincidencia. Además, esta ley no incorpora de manera clara el enfoque de justicia restaurativa, que es hacia donde avanzan esos países.—Usted también cuestionó el esquema de financiamiento.—Sí. En Córdoba estamos licitando el Campus Papa Francisco, una infraestructura para 125 jóvenes, por 18 mil millones de pesos. La ley nacional prevé 23 mil millones para todo el país, y ni siquiera obliga a asignarlos a las provincias: dice que el Gobierno “podrá” convocarlas. Ese “podrá” no obliga. Es muy fácil sancionar una ley y luego trasladar la implementación a las provincias sin recursos. Si es necesario, voy a ser la primera funcionaria en ir a reclamar que ese “podrá” se convierta en “deberá”. —Quiero su mirada sobre el caso de Joaquín Esperani, en Laboulaye, asesinado por un amigo de 14 años que había estado en el Complejo Esperanza. ¿La Provincia mantiene vínculo con ese joven?—En cada caso hay una víctima y una familia con un drama enorme. En 2025 abordamos 381 jóvenes en el Complejo y otros 241 con medidas alternativas. En total, intervenimos en más de 800 situaciones con distintas disposiciones judiciales. Nuestra función es doble: acompañar a las víctimas y trabajar con quien delinquió para evitar la reincidencia. Esto no es una mirada ingenua. El joven que empuña un arma no sólo no valora la vida del otro; muchas veces tampoco la propia. Y debemos preguntarnos quién es el adulto que le puso el arma en la mano. Por eso considero relevante el artículo que establece responsabilidad civil de los padres. Los adultos tenemos que hacernos cargo. Las armas circulan en nuestras comunidades y alguien habilita que ese chico la use. Siempre hay que empezar por las víctimas. Y luego preguntarnos qué políticas concretas y qué presupuesto vamos a poner para que no haya nuevas víctimas. Esa es la discusión de fondo.La Voz
