Dos proyectos ingresados al Congreso nacional, intensamente debatidos durante la campaña electoral, proponen reducir la jornada laboral legal máxima en nuestro país de las 48 horas actuales a 40, o incluso 36 horas, sin afectar los salarios.

Los proyectos impulsados desde un sector del oficialismo vienen generando divisiones al interior del Gobierno, con señales de apoyo desde algunos sectores y con precaución de otros.

Entre los argumentos presentados por los autores de las iniciativas, se sostiene que Argentina es uno de los países con jornadas laborales más extensas de la región y que reducir la jornada laboral no afectará la rentabilidad empresarial, ya que habrá un aumento de la productividad del trabajo. Si bien sostienen que la productividad del trabajo ha aumentado, no así las condiciones de empleo.

Vale la pena detenerse en la falacia de estos argumentos para advertir sobre los enormes costos que una medida como la propuesta podría tener para el país.

En primer lugar, no es correcto decir que la jornada laboral efectiva en nuestro país sea de 48 horas. Según datos oficiales del primer trimestre de este año, entre las personas asalariadas en el sector privado formal la jornada laboral efectiva promedio es de 36 horas semanales y sólo el 25 por ciento de esas personas trabaja al menos 48 horas.

Tampoco es cierto que Argentina tenga las jornadas laborales más extensas de la región; todo lo contrario, nuestro país es el segundo con menos horas trabajadas del continente, detrás de Uruguay.

En segundo lugar, aducir que trabajando menos horas habrá un incremento de la productividad agregada puede aplicar en situaciones extremas, pero desconoce el contexto en el que se debiera avanzar hacia jornadas laborales más reducidas.

Dado que las personas valoran tanto el ingreso generado por el trabajo como el tiempo libre, la evidencia internacional muestra que es el progreso económico lo que permite reducir el número de horas trabajadas, y no al revés.

Es por ello que en Alemania se trabajan casi siete horas por semana menos que en Argentina, pero cada trabajador de aquel país produce cerca del triple que nosotros.

En otras palabras, los países que bajaron las horas trabajadas lo hicieron luego de haberse desarrollado, con crecimiento económico y de la productividad sostenido.

Pero esas condiciones no se cumplen en nuestro país, que viene en decadencia desde inicios de la década pasada. Así, a diferencia de todos los países de la región, excepto Venezuela, durante la última década el producto interno bruto (PIB) real por habitante en Argentina tuvo una fuerte caída y hoy está en el nivel que tenía hace 15 años.

Este pobre desempeño también se ve reflejado en el estancamiento del empleo; la cantidad de trabajadores en el segmento privado registrado a mayo de 2021 se encontraba en el mismo nivel que a finales de 2010.

Más preocupante aún es que los datos sugieren que, para nuestro nivel de desarrollo, trabajamos pocas horas. En efecto, el total de horas trabajadas anuales en Argentina es de los tres menores y 277 horas por debajo del promedio, entre 38 países avanzados y emergentes cuando estos tenían un nivel de ingreso per capita similar al argentino antes de la pandemia.

¿Qué impacto tendría la medida?

A partir de estos antecedentes, si aún se avanzara en reducir la jornada laboral, las consecuencias serían muy negativas para el empleo.

Para tener una idea sobre a quiénes afectaría la medida, vale destacar que actualmente 64 por ciento de los asalariados formales del sector privado trabajan más de 36 horas, y 42 por ciento de ellos lo hacen por más de 40 horas a la semana.

Si se redujera la jornada laboral y se mantienen los salarios, toda hora en exceso al nuevo tope legal debiera pagarse como hora extra. Por ejemplo, para un trabajador contratado por 48 horas que pasara a tener una jornada legal de 36 horas, el costo laboral por hora aumentaría 33,3 por ciento por la nueva jornada legal, y 50 por ciento si se mantuviera la jornada efectiva y se pagaran horas extras.

Por su parte, a nivel agregado, considerando la estructura de salarios y de horas trabajadas actuales, el costo laboral por hora asociado a las personas supuestamente beneficiadas por la reducción de la jornada legal aumentaría cerca de 10 por ciento.

Es difícil esperar que trabajando menos horas se logre semejante incremento de la productividad, de tal modo que permita compensar ese aumento de costos.

También es poco probable que con una jornada horaria legal más corta se distribuya la carga de trabajo entre más personas y aumente el empleo, dadas las fuertes rigideces laborales y los elevados costos de despido en nuestro país, que incluso fueron duplicados por el actual Gobierno.

Por el contrario, si aumenta el costo laboral por hora, los incentivos para mantener empleos y generar trabajo serán menores, o bien las nuevas contrataciones serán a salarios más bajos. Además, en un contexto de adopción de nuevas tecnologías como el actual, con mayor costo laboral habrá un incentivo aún mayor a adoptar tecnologías que sustituyan el empleo. Por último, otra vía de escape al aumento de costos del trabajo registrado será la informalidad.

Más allá del objetivo loable de plantearse un mejor balance entre el ocio y el trabajo en las vidas de las personas, es preocupante que una medida como la propuesta ignore sus costos, sin contemplar los tiempos de adaptación y que desde febrero de 2020 se perdieron más de 17 mil empresas en el país, y la gran mayoría son pymes. Esto da cuenta de que la rentabilidad de los negocios no soporta más regulaciones del Estado que aumenten costos.

En síntesis, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral debiera realizarse con seriedad, con base en la evidencia y en estudios que evalúen en profundidad sus impactos.

De lo contrario, y de concretarse una medida como tal, lo que pretende ser una buena noticia o una promesa de campaña se puede transformar en una nueva pesadilla para las empresas y las personas trabajadoras a quienes se pretende beneficiar.

Para salir de una crisis tan profunda como la actual, deben facilitarse las condiciones para producir y trabajar más, no menos.

* Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba