El Senado dio media sanción a la reforma laboral. La iniciativa da motivo a muchas controversias y polémicas. Pero hay un punto sobre el que no debería haber dudas: la necesidad de actualizar instituciones que quedaron obsoletas y provocan enormes perjuicios sociales.
Las evidencias son contundentes. Hace más de una década que el empleo privado registrado está estancado. La falta de oportunidades fuerza a que la gente apele a empleos de baja calidad. Esto explica la masiva expansión del empleo como asalariado informal y, lo que prevalece en los últimos tiempos, el cuentapropismo informal.
Las dimensiones del fenómeno abruman. Se estima que hay alrededor de 19 millones de ocupados urbanos. De ellos, solo seis millones –apenas el 32%– son asalariados registrados en empresas privadas. Otros 3,5 millones –un 18%– son empleados públicos. Unos 3,5 millones de trabajadores –el 18%– son asalariados no registrados y cerca de seis millones –el 32%– son cuentapropistas, de los cuales aproximadamente la mitad ni siquiera están inscriptos en el monotributo.
A esto, se agrega como hecho notable la fuerte polarización en la distribución del trabajo asalariado según la envergadura de la empresa. Cerca del 80% del total de los asalariados informales trabajan en microempresas de menos de diez empleados; otro 15% lo hace en empresas de entre 11 y 100 trabajadores. Los emprendimientos más grandes, con más de 100 empleados, explican apenas el 5% de los asalariados informales. La informalidad es un fenómeno muy concentrado en las empresas más chicas.
Los impactos de la reforma
El proyecto, a diferencia de varios intentos hechos en el pasado, introduce un ordenamiento integral y profundo de las instituciones laborales. Su principal virtud es ser ambicioso, acorde a las dimensiones del problema. No sólo introduce una gran cantidad de modificaciones sobre la Ley de Contrato de Trabajo, sino también en la negociación colectiva, regulación del derecho de huelga, funcionamiento de los sindicatos, contribuciones patronales, funcionamiento de la Justicia laboral etcétera. La orientación prevaleciente es la actualización de las regulaciones en pos de la simplificación, la previsibilidad y la reducción de oportunidades para la litigiosidad.
En la perspectiva de las empresas más grandes, que vienen aplicando las regulaciones laborales, los cambios son positivos y de incidencia directa. En esta parte del mercado de trabajo, donde la informalidad es marginal, el contar con procedimientos de registración menos burocráticos, reglas más simples y flexibles que permiten una mejor organización del trabajo y mayor certidumbre jurídica, contribuye a mejorar el clima de inversión y facilitar decisiones de contratación en el margen. Más allá de que la frondosidad del proyecto merece un análisis desagregado, el impacto previsible en el segmento de las empresas más grandes va en el sentido buscado: mayor dinamismo en la generación de empleos de calidad.
Diferente es la evaluación de impactos entre las empresas más chicas, donde el incumplimiento de las normas es generalizado. Este es un síntoma de que la brecha entre lo que exigen las normas y las posibilidades que tienen las empresas de cumplirlas es muy grande.
La duda respecto a si los cambios que introduce el proyecto son suficientes como para achicar esa brecha y de esa manera inducir a que las empresas formalicen sus relaciones laborales es crucial. Si la respuesta es negativa, es decir, entre las empresas más chicas seguirá prevaleciendo la informalidad porque los cambios son insuficientes, el impacto del proyecto en esta parte muy importante del mercado de trabajo será acotado.
El eslabón débil del proyecto: las empresas más chicas
¿Por qué entre las micro y pequeñas empresas es tan masiva la propensión a contratar en la ilegalidad? La respuesta es porque se suma un cúmulo de obstáculos, pero en términos de importancia hay uno que se destaca sobre el resto: la brecha entre lo que le cuesta al empleador contratar formalmente a un trabajador y lo que ese trabajador efectivamente recibe en su cuenta bancaria.
Esta brecha es de las más altas del mundo y es un gran desaliento para cualquier empresa que quiere generar empleos en la Argentina. La particularidad de las empresas más chicas es que sus menores niveles de productividad hacen que muchas veces cumplir con todas las imposiciones que gravan los salarios les resulta imposible. La “solución” es contratar por fuera de la ley.
El no reducir esa brecha es la gran debilidad del proyecto que sancionó el Senado. Se entiende que el Ejecutivo haya sido prudente en el tema, porque reducirla de manera generalizada tiene un costo fiscal que colisiona con el objetivo de mantener equilibradas las cuentas públicas. Pero hay maneras de aliviar el costo laboral de las pequeñas empresas sin comprometer el equilibrio fiscal. La más simple, sobre la que existen experiencias en otros países y evaluaciones sobre su aplicabilidad en la Argentina, es estableciendo un mínimo no imponible para la determinación de las contribuciones patronales.
Es decir, que las empresas que no superan un determinado monto de masa salarial no pagan contribuciones patronales y las restantes pagan sobre el excedente de ese monto mínimo. Focalizando la reducción del costo laboral en los empleadores más pequeños, apelando a este instrumento, se puede lograr el objetivo con un costo fiscal moderado.
Si este alivio por el lado de las contribuciones patronales fuera acompañado permitiendo a las microempresas dejar de aplicar de manera obligatoria los convenios colectivos sectoriales, pasa a ser realista el objetivo de que empiecen a cumplir con las normas. De lo contrario, lo más probable es que sigan en la informalidad y que los beneficios de la reforma sean sólo para las empresas más grandes.
El Senado dio media sanción a la reforma laboral. La iniciativa da motivo a muchas controversias y polémicas. Pero hay un punto sobre el que no debería haber dudas: la necesidad de actualizar instituciones que quedaron obsoletas y provocan enormes perjuicios sociales.Las evidencias son contundentes. Hace más de una década que el empleo privado registrado está estancado. La falta de oportunidades fuerza a que la gente apele a empleos de baja calidad. Esto explica la masiva expansión del empleo como asalariado informal y, lo que prevalece en los últimos tiempos, el cuentapropismo informal. Las dimensiones del fenómeno abruman. Se estima que hay alrededor de 19 millones de ocupados urbanos. De ellos, solo seis millones –apenas el 32%– son asalariados registrados en empresas privadas. Otros 3,5 millones –un 18%– son empleados públicos. Unos 3,5 millones de trabajadores –el 18%– son asalariados no registrados y cerca de seis millones –el 32%– son cuentapropistas, de los cuales aproximadamente la mitad ni siquiera están inscriptos en el monotributo. A esto, se agrega como hecho notable la fuerte polarización en la distribución del trabajo asalariado según la envergadura de la empresa. Cerca del 80% del total de los asalariados informales trabajan en microempresas de menos de diez empleados; otro 15% lo hace en empresas de entre 11 y 100 trabajadores. Los emprendimientos más grandes, con más de 100 empleados, explican apenas el 5% de los asalariados informales. La informalidad es un fenómeno muy concentrado en las empresas más chicas. Los impactos de la reformaEl proyecto, a diferencia de varios intentos hechos en el pasado, introduce un ordenamiento integral y profundo de las instituciones laborales. Su principal virtud es ser ambicioso, acorde a las dimensiones del problema. No sólo introduce una gran cantidad de modificaciones sobre la Ley de Contrato de Trabajo, sino también en la negociación colectiva, regulación del derecho de huelga, funcionamiento de los sindicatos, contribuciones patronales, funcionamiento de la Justicia laboral etcétera. La orientación prevaleciente es la actualización de las regulaciones en pos de la simplificación, la previsibilidad y la reducción de oportunidades para la litigiosidad.En la perspectiva de las empresas más grandes, que vienen aplicando las regulaciones laborales, los cambios son positivos y de incidencia directa. En esta parte del mercado de trabajo, donde la informalidad es marginal, el contar con procedimientos de registración menos burocráticos, reglas más simples y flexibles que permiten una mejor organización del trabajo y mayor certidumbre jurídica, contribuye a mejorar el clima de inversión y facilitar decisiones de contratación en el margen. Más allá de que la frondosidad del proyecto merece un análisis desagregado, el impacto previsible en el segmento de las empresas más grandes va en el sentido buscado: mayor dinamismo en la generación de empleos de calidad.Diferente es la evaluación de impactos entre las empresas más chicas, donde el incumplimiento de las normas es generalizado. Este es un síntoma de que la brecha entre lo que exigen las normas y las posibilidades que tienen las empresas de cumplirlas es muy grande. La duda respecto a si los cambios que introduce el proyecto son suficientes como para achicar esa brecha y de esa manera inducir a que las empresas formalicen sus relaciones laborales es crucial. Si la respuesta es negativa, es decir, entre las empresas más chicas seguirá prevaleciendo la informalidad porque los cambios son insuficientes, el impacto del proyecto en esta parte muy importante del mercado de trabajo será acotado. El eslabón débil del proyecto: las empresas más chicas¿Por qué entre las micro y pequeñas empresas es tan masiva la propensión a contratar en la ilegalidad? La respuesta es porque se suma un cúmulo de obstáculos, pero en términos de importancia hay uno que se destaca sobre el resto: la brecha entre lo que le cuesta al empleador contratar formalmente a un trabajador y lo que ese trabajador efectivamente recibe en su cuenta bancaria. Esta brecha es de las más altas del mundo y es un gran desaliento para cualquier empresa que quiere generar empleos en la Argentina. La particularidad de las empresas más chicas es que sus menores niveles de productividad hacen que muchas veces cumplir con todas las imposiciones que gravan los salarios les resulta imposible. La “solución” es contratar por fuera de la ley.El no reducir esa brecha es la gran debilidad del proyecto que sancionó el Senado. Se entiende que el Ejecutivo haya sido prudente en el tema, porque reducirla de manera generalizada tiene un costo fiscal que colisiona con el objetivo de mantener equilibradas las cuentas públicas. Pero hay maneras de aliviar el costo laboral de las pequeñas empresas sin comprometer el equilibrio fiscal. La más simple, sobre la que existen experiencias en otros países y evaluaciones sobre su aplicabilidad en la Argentina, es estableciendo un mínimo no imponible para la determinación de las contribuciones patronales. Es decir, que las empresas que no superan un determinado monto de masa salarial no pagan contribuciones patronales y las restantes pagan sobre el excedente de ese monto mínimo. Focalizando la reducción del costo laboral en los empleadores más pequeños, apelando a este instrumento, se puede lograr el objetivo con un costo fiscal moderado. Si este alivio por el lado de las contribuciones patronales fuera acompañado permitiendo a las microempresas dejar de aplicar de manera obligatoria los convenios colectivos sectoriales, pasa a ser realista el objetivo de que empiecen a cumplir con las normas. De lo contrario, lo más probable es que sigan en la informalidad y que los beneficios de la reforma sean sólo para las empresas más grandes.La Voz
