Este miércoles 11 de febrero, la CGT (Confederación General del Trabajo) convocó a una marcha en contra del proyecto de reforma laboral que envió el Poder Ejecutivo y que se tratará en el Congreso. La movilización fue anunciada el viernes pasado con su rechazo al proyecto de ley oficialista.
En tanto, este lunes 9 de febrero se dio a conocer que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso junto a la central obrera y un cese de actividades a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneos.
Resumen de lo más importante del Boletín Oficial de la República Argentina del 10/02/2026:
Decisión Administrativa 4/2026 – ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
A partir del 10 de febrero de 2026, se ajustan las unidades retributivas para autoridades de la Administración Pública… pic.twitter.com/AdLgj8wPQG— BOA | Resumen del Boletín Oficial de Argentina (@BOAresumenes) February 10, 2026
El universo de los asesores en el Senado juega con reglas propias. Se mueve sobre grises administrativos que no exigen rendición de cuentas, facilitando así los excesos. Aunque en los últimos años se evidenciaron recortes y los salarios de los empleados parlamentarios quedaron desactualizados, la asignación de personal para cada legislador continúa exhibiendo fuertes asimetrías. De José Mayans (PJ) a Patricia Bullrich (LLA), los senadores cuentan con una importante caja del Estado para conformar sus equipos a discrecionalidad: mientras algunos acumulan más de 30 colaboradores, entre quienes puede colarse algún familiar, otros no llegan a cinco.
Aún así, todos parten del mismo lugar. Según pudo constatar LA NACION, cada senador dispone de un cupo de 7338 módulos, cuyo valor de referencia es de $2554, lo que equivale a un presupuesto máximo de $18.741.252 para la contratación de personal. En ese esquema, el salario bruto del rango más alto de un asesor –tipo “A1”– ronda los $2,1 millones, lo que habilita a conformar equipos propios de 9 colaboradores y algo más nutridos si se combina con categorías más bajas.
En dos años, Javier Milei logró hacer popular lo impopular, el ajuste y el achicamiento del Estado, a fuerza de un éxito, la baja de la inflación, un logro todavía en construcción. La segunda mitad de su mandato lo obliga a Milei a repetir esa lógica riesgosa: transformar lo impopular en popular otra vez, pero ahora en otros dos temas centrales de la economía argentina. Por un lado, el empleo: lo impopular es destruir empleo en algunos sectores de la economía como el camino acertado para reconstruirlo en otros. Por otro lado, salir del estancamiento económico con una actividad económica que se reactive en los sectores capaces de sobrevivir, mientras mueren otros, y que florezca el empleo en esos sectores que logran nadar contra la corriente. Ésa es la nueva utopía. Por eso la palabra política clave de este año es “transición”: ¿cómo pasar de una economía súper protegida pero estéril a una economía abierta, competitiva, que importe y exporte y al mismo tiempo camine hacia la creación de empleo y al crecimiento de la actividad económica?
El universo de los asesores en el Senado juega con reglas propias. Se mueve sobre grises administrativos que no exigen rendición de cuentas, facilitando así los excesos. Aunque en los últimos años se evidenciaron recortes y los salarios de los empleados parlamentarios quedaron desactualizados, la asignación de personal para cada legislador continúa exhibiendo fuertes asimetrías. De José Mayans (PJ) a Patricia Bullrich (LLA), los senadores cuentan con una importante caja del Estado para conformar sus equipos a discreción: mientras algunos acumulan más de 30 colaboradores, entre quienes puede colarse algún familiar, otros no llegan a cinco.
Aun así, todos parten del mismo lugar. Según pudo constatar LA NACION, cada senador dispone de un cupo de 7338 módulos, cuyo valor de referencia es de $2554, lo que equivale a un presupuesto máximo de $18.741.252 para la contratación de personal. En ese esquema, el salario bruto del rango más alto de un asesor –tipo “A1”– ronda los $2,1 millones, lo que habilita a conformar equipos propios de 9 colaboradores y algo más nutridos si se combina con categorías más bajas.
Sin acuerdo todavía por la discusión de los fondos que deberían resignar las provincias por la baja en el Impuesto a las Ganancias, el oficialismo sigue discutiendo las modificaciones que se le introducirán al proyecto de ley de reforma laboral en la sesión del Senado convocada para este miércoles, a las 11.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), insistió con que hay un acuerdo avanzado y se mostró confiada en que llegará a la sesión con un texto con cambios acordados con la oposición dialoguista, con la que volvió a reunirse en la tarde de este lunes por espacio de tres horas.
En el Indec hay una sensación de tristeza y de historia repetida. Los trabajadores de ATE en el instituto harán mañana una radio abierta a las 15.45 —quince minutos exactos antes de la salida del informe oficial de inflación de enero— en la puerta del organismo para reclamar por la publicación del nuevo IPC, una movida que recuerda a los “abrazos” en la oscura era de Guillermo Moreno y el apagón estadístico.
La polémica —dicen sus técnicos— se sostendrá ahora con cada salida de un indicador público sensible hasta que el Gobierno dé marcha atrás con el freno a la salida del nuevo IPC. En los pasillos del organismo afirman que el daño a la credibilidad de la información pública y la confianza de los índices ya fue hecho por la decisión que tomaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. Por suerte, contaron, los trabajadores todavía pueden reírse de la situación: llaman el nuevo termómetro para medir la inflación “IPC Benjamin Button”, porque “nació viejo”, o “IPC Bastardo”, porque “el Gobierno no lo quiere reconocer aunque ya lo había anunciado”. Lo hizo en un informe del Indec, en la ley de presupuesto 2026 y también desde un documento oficial del Banco Central (BCRA).
En dos años, Javier Milei logró hacer popular lo impopular, el ajuste y el achicamiento del Estado, a fuerza de un éxito, la baja de la inflación, un logro todavía en construcción. La segunda mitad de su mandato lo obliga a Milei a repetir esa lógica riesgosa: transformar lo impopular en popular otra vez, pero ahora en otros dos temas centrales de la economía argentina. Por un lado, el empleo: lo impopular es destruir empleo en algunos sectores de la economía como el camino acertado para reconstruirlo en otros.
Por otro lado, salir del estancamiento económico con una actividad económica que se reactive en los sectores capaces de sobrevivir, mientras mueren otros, y que florezca el empleo en esos sectores que logran nadar contra la corriente. Esa es la nueva utopía. Por eso la palabra política clave de este año es “transición”: ¿cómo pasar de una economía superprotegida pero estéril a una economía abierta, competitiva, que importe y exporte y al mismo tiempo camine hacia la creación de empleo y al crecimiento de la actividad económica?
CÓRDOBA.- Las referencias y críticas de Martín Llaryora a la oposición cordobesa hace una semana, en la apertura del año legislativo, con el libertario Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo sentados en el recinto, significó el inicio anticipado de la campaña electoral en la provincia mediterránea. Y ahora, la polémica se retomó con la compra de drones para el área de seguridad provincial.
El freno que, en el Tribunal de Cuentas, el juecismo le puso a la compra de los drones fue el hecho que provocó el quiebre. El peronismo cordobés está en minoría en el organismo de control y hace unos diez días la oposición observó la licitación lanzada para la compra de estas unidades por US$7 millones.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneo. La medida busca rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno que se tratará ese mismo día en el Senado.
CATT calificó en un comunicado a la iniciativa oficial como “regresiva”. “Avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”, expresaron.
El juez federal Sebastián Casanello procesó por corrupción a quienes encabezaron la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por $5.984.594.394,24 (unos cuatro millones de dólares), pero advirtió que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en los hechos que dio por probados en su fallo. El juez sospecha que hay otros delitos y otros responsables aún no identificados.
¿Hasta dónde puede llegar la investigación? La génesis de esta causa son los audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, por entonces titular de la Andis, vinculaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei con un presunto “choreo” montado dentro del organismo. Los audios trascendieron en agosto del año pasado. La voz adjudicada a Spagnuolo dice que ya había puesto sobre aviso de lo que estaba pasando a Javier Milei, con quien tenía una relación cercana (llegó a ser su abogado personal).
La fiscalía y la ARCA rechazaron hoy cerrar la causa por evasión que se le sigue a la AFA y a sus autoridades, al sostener que, por más que las resoluciones del ministerio de Economía eximan a las organizaciones sin fines de lucro de pagar algunos tributos, no le corresponde este beneficio a la asociación del fútbol o a sus directivos.
La AFA fue denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y también por el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes.
En el sprint final del proyecto de ley de reforma laboral rumbo a la votación en el Senado, prevista para este miércoles, el Gobierno se muestra abierto a sumar cambios, cuyos eventuales detalles y alcances son mantenidos bajo un fuerte hermetismo. Con algunas modificaciones en el texto final, la Casa Rosada cree que lograría el apoyo de los gobernadores.
Por lo pronto, la mesa política se reunirá este martes, a las 11, en la Casa Rosada, en la previa al debate y con la mira puesta en el último tramo de definiciones. Para entonces ya tendrán los resultados de la reunión que este lunes, a partir de las 18, mantendrá la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con jefes de bloques aliados.
Este miércoles 11 de febrero, la CGT (Confederación General del Trabajo) convoca a una marcha en contra del proyecto de reforma laboral que envió el Poder Ejecutivo y que se tratará en el Congreso.
La CGT confirmó que habrá una movilización al Congreso el miércoles 11 de febrero, a partir de las 15 horas, en oposición al proyecto de reforma laboral que se tratará en la Cámara de Senadores.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se sometió este lunes a una prueba en vivo de un guante eléctrico, un nuevo dispositivo de tecnología que la cartera estudia incorporar en la fuerza policial para la reducción de delincuentes.
La presentación oficial tuvo lugar en la Jefatura de Policía. Allí, el funcionario decidió experimentar en carne propia los efectos del G.L.O.V.E. CD3, un guante diseñado para emitir descargas de bajo voltaje que generan una parálisis muscular momentánea sin consecuencias permanentes, según explicaron especialistas durante el acto oficial.
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionariosPolíticaLA NACION
