Venezuela: ¿el ataque de Diosdado Cabello es personal o del régimen en pleno?
Miguel Henrique Otero
El diario El Nacional, de Caracas, fue embargado días atrás por el gobierno venezolano para cobrar una indemnización equivalente a 13,2 millones de dólares, por supuesto “daño moral” al expresidente de la Asamblea Nacional venezolana Diosdado Cabello. Para que se entienda lo ocurrido, partiré desde aquí: el periodista español Emily Blasco narró a su colega venezolano Napoleón Bravo que el reportaje original publicado en el diario ABC, de Madrid, se basó en una entrevista que realizó en España en 2015 a Leamsy Salazar, exescolta de Diosdado Cabello, antes de que aquel viajara a Estados Unidos en calidad de testigo protegido.
Señala Blasco que esa conversación con Salazar fue desplegada con mayor detalle en su libro Búmeran Chávez (publicado ese mismo año). De ese intercambio, surgió el reportaje en el que se informaba que Cabello estaba siendo investigado por vínculos con el narcotráfico.
El Nacional, como se ha repetido hasta la saciedad, reprodujo la información publicada en ABC. Nada más. Y por ese hecho, una práctica común entre medios de comunicación de todo el mundo, el capitán Diosdado Cabello demandó a El Nacional, al portal La Patilla y al diario Tal Cual, por un supuesto delito de difamación. No demandó al ABC, que lo imprimió primero, ni tampoco a los otros más de 80 medios de comunicación en América latina y Europa que también publicaron la información.
Aunque la supuesta difamación habría sido cometida en contra de Cabello –acusación que no ha podido ser demostrada, porque no tiene fundamento alguno y porque el juicio no concluyó nunca, ni siquiera empezó–, es decir aunque el supuesto agraviado es una persona, la respuesta que recibió El Nacional sobrepasa las capacidades de una persona e involucra a varias instituciones del Estado.
En una acción desproporcionada y que hace patente un más que evidente abuso de poder, en 2015 el Ministerio Público inició acciones contra dos decenas de personas, periodistas, directivos y propietarios de los tres medios de comunicación señalados –entre ellas, la prohibición de salida del país–, a pesar de que es público y notorio que las decisiones de carácter editorial, que tienen siempre un carácter cotidiano y que se realizan con la velocidad y apuro propias del periodismo, son potestad de una o dos personas en cada medio de comunicación.
En ese momento, quedó claro que Cabello, con el apoyo descarado de los organismos del Estado, había dado inicio a un plan que tenía como meta la destrucción de El Nacional.
Antes de seguir, debo detenerme en dos cuestiones que son relevantes. La primera es que Diosdado Cabello es un difamador de oficio, que utiliza un recurso propiedad del Estado, Venezolana de Televisión, para infamar, amenazar, inventar historias y conspiraciones, hacer acusaciones sin ningún fundamento y, semana tras semana, sin límite y control ninguno, desconocer el Estado de derecho, llenar el espacio público de odio y falsedades y hacer señalamientos que, a menudo, son seguidas por acciones policiales, militares y tribunalicias.
La sola existencia del programa televisivo Con el mazo dando, su descaro y exhibicionista impunidad, su constante falta de respeto por las personas y su reputación, no admite dudas: para hacerlo posible, Cabello debe contar con el respaldo de todos los organismos e instituciones del Estado venezolano. Solo así se explica, por ejemplo, que en distintos lugares desde donde se emitía el ciclo antes de la pandemia, se obligaba a soldados de variadas unidades militares, provenientes de distintas regiones, a asistir al programa, aplaudir las bufonadas del gallo con guardaespaldas, gritar consignas y más.
A nadie pasa inadvertido el mensaje, la imagen que Cabello se ha encargado de comunicar: que él es el dueño y señor de las Fuerzas Armadas, que el Alto Mando Militar, las milicias, los colectivos, el Sebin, la DGCIM, el Conas, la Policía Nacional Bolivariana, los Redis y demás unidades organizativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están bajo sus órdenes y su control. Lo que Cabello comunica es, nada menos, que es el hombre más poderoso del régimen, por encima de Nicolás Maduro.
La otra cuestión es la repuesta a la inevitable pregunta: ¿y qué ocurrió con la investigación sobre los supuestos vínculos de Diosdado Cabello con el narcotráfico, que fue la noticia en la que pretendió justificarse la toma militar de El Nacional? En otras palabras, ¿cuánto de difamación había en el mero anuncio de que Cabello estaba siendo investigado? La respuesta: en marzo de 2020, luego de una investigación del Departamento de Justicia, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Distrito Sur de Nueva York, se anunció la presentación de cargos por narcotráfico contra varios altos cargos gubernamentales, incluyendo a Cabello, por quien se estableció una recompensa de 10 millones de dólares.
Una serie de acciones que involucraron al Tribunal Supremo de Justicia del régimen; a la Guardia Nacional Bolivariana; a Venezolana de Televisión –canal secuestrado por el chavismo–; a grupos de colectivos también financiados por el régimen y manejados por Diosdado Cabello; a tribunales que actúan bajo los dictados del poder político; una operación de captura militar de una sede empresarial, ajena a las vías normales del derecho; una acción de desalojo protagonizada por funcionarios portadores de armas largas… Toda esta parafernalia de abuso, desproporción, violencia y negación del debido proceso, ¿qué es? ¿Cómo debe interpretarse? ¿Cómo una actuación personal de Diosdado Cabello? ¿O como la acción de todo un régimen en contra de El Nacional?
* Presidente editor Diario El Nacional