Alquileres: las inmobiliarias proponen una tarjeta social y otras medidas de auxilio a inquilinos

Más de 30 mil inmobiliarios de Córdoba y todo el país, agrupados en el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofesi), volvieron a reclamar al Gobierno nacional que no prorrogue más allá del 31 de marzo la vigencia del decreto 320/20. Sugirieron, en reemplazo, la creación de una serie de medidas de auxilio estatal a los inquilinos. 

La normativa, creada en marzo en el marco de la pandemia y extendida en tres ocasiones, congeló los precios de los alquileres desde marzo de 2020 y también desde entonces prorroga la vigencia de los contratos y suspende los desalojos.   

Las inmobiliarias insisten en que perjudica a los propietarios, genera una incertidumbre jurídica que paraliza la actividad y está gestando una deuda de magnitud y muy difícil cancelación para la cuota de inquilinos que no abona los alquileres.  

Este universo, agregan, es minoritario: el relevamiento de Cofesi entre sus asociados señala que el cinco por ciento de los inquilinos a nivel nacional no está pagando su alquiler (un cuatro por ciento en Córdoba), y otro cinco por ciento registra atrasos. El 90, en tanto, ha logrado abonar completa su renta o con facilidades acordadas con los propietarios.  

Desde la vereda de los inquilinos –en la voz de la Asociacion Civil Inquilinos Córdoba– se traza un panorama muy diferente.

La entidad, que en el marco de la federación nacional que integra pujó por las varias prórrogas del decreto, asegura que según su sondeo regular (encuestan entre cinco mil y 10 mil personas que rentan) alrededor de un 80 por ciento de los inquilinos se acogió de alguna u otra forma al decreto excepcional: o dejó de pagar alquiler total o parcialmente, o apeló a la prórroga automática de contratos. 

En ese sentido, destaca que la norma fue vital para evitar desalojos en el marco de la pandemia y se convirtió en una herramienta utilizada por aquellos inquilinos que no lograron seguir al día por la fuerte pérdida de ingresos.  

Tarjeta AlquilAR

Virginia Manzotti, presidenta del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI) y vice del Cofesi, insistió: “Es un segmento minoritario el adherido al DNU, y por él se mantiene paralizado a todo el mercado. Lo que proponemos es que se atienda con medidas específicas a quienes tienen dificultades reales para pagar su renta, y no se incurra en una nueva prórroga del congelamiento”.

En ese sentido, el organismo nacional acercó al Gobierno nacional una serie de propuestas, acordadas en el plenario nacional que mantuvieron durante dos días en Rosario. 

Los inmobiliarios proponen que los inquilinos con necesidades para cumplir puedan ser asistidos por el Estado nacional a través de un subsidio liquidado vía una “tarjeta Alquilar”, que replica la lógica del plástico social destinado a adquirir alimentos básicos (tarjeta Alimentar).  

“Del mismo modo, sugerimos aplicar los programas de financiamiento Ahora 18 y 24 para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU”, sugirieron.  

Manzotti insistió en que las propuestas buscan que los inquilinos deudores puedan liquidar desde marzo el importante pasivo que vienen acumulando: “Si se trata de gente que no pudo pagar hasta ahora, ¿cómo va a lograr desde marzo ponerse al día y a la vez pagar el alquiler vigente? Los propietarios ya ayudaron todo lo que podían, ahora es el Estado el que debe auxiliar”.  

En el Gran Córdoba, los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (tercer trimestre de 2020) indican que 137.293 hogares alquilan; un 25,5 por ciento del total de familias residentes.   

Vale destacar que no todo ese universo pasa por la intermediación de las inmobiliarias ni está registrado de manera formal.  

En tanto, desde Inquilinos Córdoba coinciden en que la deuda acumulada en pandemia por quienes rentan es importante, y reclaman ayuda estatal para quienes deben enfrentarla. En ese sentido, han presentado sus propias propuestas de asistencia al Gobierno nacional; una agenda que defienden.

“Por otra parte, lo que estamos recomendando a los inquilinos es que traten de abrir diálogos y negociaciones con los propietarios, y busquen la mediación; tal como propone el DNU; que además ahora da 12 meses para ponerse al día con los pasivos”, señaló Evangelina Dellarossa, secretaria de la Asociacion Civil Inquilinos Córdoba.   

“El congelamiento fue una normativa de emergencia, justificada por el contexto extraordinario y luego de un año una nueva prórroga no es lo ideal. Pero para cuando eso se extinga los inquilinos necesitamos una solución de fondo que aún no tenemos. Es lo que reclamamos, este es un problema colectivo: somos el 30 por ciento de la población nacional”, agregró Dellarossa.

Y agregró que el peor de los escenarios es que al término del DNU se judicialicen masivamente los desacuerdos. “Eso va a generar enormes deudas a los inquilinos, que son la parte más vulnerable en la relación locativa. Y va a afectar a las garantías, algo que ninguno quiere”. 

Déficit habitacional

Parte de la problemática estructural asociada a la vivienda en el país es el déficit habitacional, subrayan desde el CPI.

Los inmobiliarios insisten en que se viene agravando en los últimos meses.  

“Toda esta normativa de congelamiento que se ha extendido de manera excesiva ha colaborado con que más propietarios desistan de alquilar y pongan a la venta sus propiedades. Todos los vemos en el Cofesi, se redujo la oferta de viviendas y eso impulsa hacia arriba los precios”, señaló la presidenta del CPI.  

En este punto, las inmobiliarias interpusieron al sector público dos pedidos.  

Uno de ellos es incentivar la construcción de nuevas viviendas con la eximición de impuestos nacionales y provinciales a las unidades habitacionales de hasta 60 m2, siempre que se pongan en alquiler por al menos nueve años luego de terminadas.  

“Proponemos además que se reactive la entrega de las viviendas de los distintos programas nacionales como el Procrear o similares, que posee miles de unidades habitacionales construidas listas o por terminar para ser habitadas. Esto impactaría de manera muy positiva en las familias que siguen pagando alquiler mientras esperan acceder a la vivienda prometida”, precisaron en un documento. 

Al respecto, Dellarrosa opinó: “Nuestra mirada es que no existe un déficit habitacional, sino que el problema es la concentración de la propiedad. De hecho, los conflictos en general se dan con esos propietarios concentrados o con las inmobiliarias, rara vez se generan entre dueños que alquilan un inmueble para reforzar jubilaciones o ingresos acotados y sus inquilinos”. 

El CPI también reclamó la reglamentación del “alquiler social”, una figura y un programa de auxilio nacional previsto en el artículo 17 de la nueva ley de alquileres ya vigente, cuya letra chica legal aún no fue completada.