EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa de ayudar a los narcos y México resiste su extradición

Es un nuevo capítulo de las tensas relaciones con EE.UU. que pone contra las cuerdas a la presidencia azteca. Todo escaló el viernes, cuando la Fiscalía General de México rechazó el arresto y extradición del gobernador oficialista de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios, acusados por la justicia de Nueva York de haber ayudado a narcotraficantes a introducir droga ilegal en suelo estadounidense. Entre los acusados hay un legislador y un alcalde Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este sábado, el gobernador Rocha Moya solicitó una licencia “temporaria” para dejar el cargo y defenderse de las imputaciones que llegan del gobierno de Donald Trump. Rocha Moya, quien negó los cargos, es el funcionario mexicano de más alto rango acusado en EE.UU. desde 2020. La acusación pone a la presidenta Sheinbaum en una posición difícil, ya que el gobernador pertenece a su partido y la jefa de Estado deberá demostrar a sus seguidores que no cederá fácilmente ante las exigencias estadounidenses, al tiempo que asegura a una impaciente Casa Blanca que es un aliado comprometido en la lucha contra el narcotráfico.

Los fiscales federales de Manhattan anunciaron el miércoles la apertura de una acusación formal contra Rocha Moya, de 76 años, y otros nueve funcionarios, a quienes se imputa haber ayudado al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a EE.UU. Según los fiscales, líderes del Cártel de Sinaloa respaldaron a Rocha Moya para su elección secuestrando e intimidando a rivales, a cambio de su promesa de protegerlos mientras distribuían drogas en EE.UU.

La acusación alega que los funcionarios estaban estrechamente vinculados a la facción de ese cártel conocida como “Los Chapitos”, dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el antiguo líder del narcogrupo que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum, durante el sorteo para el Mundial de Fútbol, en diciembre en Washington. Foto: AP

Pedido de extradición

México reconoció el miércoles que Estados Unidos había solicitado la extradición de ciertas personas y el viernes la Fiscalía General de la República rechazó el reclamo alegando que no había motivos ni fundamentos para la urgencia de la medida. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la Fiscalía General revisaría la solicitud.

“Es un momento decisivo porque se trata de una acusación formal del Departamento de Justicia, que tiene repercusiones políticas. Refleja lo que antes era solo un rumor: que el partido gobernante no está exento de la infiltración del crimen organizado en sus filas”, afirmó Rodrigo Villegas , director ejecutivo de la consultora de riesgos Suass Group, con sede en México DF.

Rocha Moya afirmó en una publicación en X que las acusaciones estadounidenses carecen de “toda verdad o fundamento”, y describió la acción de los fiscales como un ataque contra el partido gobernante. El alcalde de Culiacán, el oficialista Juan de Dios Gámez, también está acusado. Otro senador en funciones imputado en el caso, Enrique Inzunza, publicó en X que las acusaciones son falsas.

Estados Unidos ha amenazado a México con aranceles e intervención militar si no toma medidas suficientes para combatir el crimen organizado. Ambos países se encuentran en pleno proceso de revisión del tratado de libre comercio de América del Norte que comparten con Canadá.

“La administración Trump ha priorizado la ruptura del vínculo entre el crimen y la política en México y ha ejercido una fuerte presión sobre el gobierno mexicano desde el principio”, afirmó Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Brookings Institution de Washington. “Esto no significa el fin de las acusaciones estadounidenses”.

“Punto de inflexión”

El nuevo choque con Estados Unidos pone a la presidenta Sheinbaum ante un “punto de inflexión” en la relación bilateral, advirtió este sábado a EFE Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Según ese investigador, hay tres escenarios posibles para la jefa de Estado: “arropar y proteger” a ese grupo de políticos -que “es lo que parece que está haciendo”, dijo; entregarlos a Estados Unidos o iniciar un procedimiento contra ellos en México.

“Esta última a mí me parece hasta ahora la mejor opción de todas las que tiene, pero va a implicar evidentemente rompimientos al interior del oficialista Morena”, apuntó, ya que el pedido de extradición contra Rocha Moya genera a México “problemas en todos los sentidos” al golpear al partido del gobierno y a su estrategia de cooperación con la Casa Blanca.

Además, es todo un “reto” para la política de seguridad de México, que había tenido recientemente resultados “muy notables” como el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y la detención la semana pasada de su supuesto sucesor.

Por ahora, ve que la presidenta ha optado por “ganar tiempo” al reiterar que se necesitan pruebas y remitirse a lo que decida el Ministerio Público, aunque llegará un momento en que se “vencerán los plazos”, así como la “paciencia” de la Administración estadounidense.

En el hipotético caso de que México opte por no entregar al gobernador de Sinaloa, el investigador Sumano alertó que eso abriría la puerta a diversas represalias por parte del gobierno estadounidense. Desde “presiones” económicas hasta el “caso más extremo”: que Washington intervenga mandando militares para “llevarse” al político, algo que el profesor del Colegio de la Frontera Norte ve como muy poco probable.

A nivel nacional, todo el nuevo choque con la justicia de Estados Unidos supone un desafío adicional, ya que los partidos políticos comienzan a prepararse para las elecciones de mitad de mandato de 2027, que incluyen escaños en el Congreso y gobernaciones, varias de ellas en estados fronterizos con Estados Unidos.

La detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder de una facción del Cártel de Sinaloa, en 2024 desató una sangrienta guerra entre cárteles que ha dejado hasta ahora más de 2.400 muertos. Sheinbaum se ha comprometido a abordar la alta tasa de homicidios en Sinaloa, pero los episodios violentos han continuado este año.

Fuente: EFE

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