La vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, María Elena López, denunció que la reforma laboral esconde un “acuerdo político” para eliminar el fuero laboral nacional. Según la magistrada, en diálogo exclusivo con La Voz En Vivo, la decisión de traspasar esta jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires y al fuero federal responde a una represalia gubernamental y generará un inminente colapso operativo.
López explicó que el proyecto oficial plantea la desaparición paulatina de la actual estructura de la justicia laboral, conformada históricamente por 80 juzgados y 10 salas operativas.
Todo ese volumen de trabajo, que solamente durante el año pasado recibió un caudal de 59.000 causas, pasaría a ser absorbido de manera directa por la Justicia porteña.
El problema central radica en que el sistema judicial de la Ciudad de Buenos Aires cuenta actualmente con una estructura proyectada de apenas 10 juzgados y dos salas.
El impacto en los juicios de los trabajadores
La jueza detalló que un juzgado laboral nacional recibe en la actualidad un promedio de entre 60 y 70 reclamos formales por mes bajo la actual conformación.
“Imaginate lo que va a suceder en ese caso con 10 juzgados; esto le cambia la vida a la persona”, alertó la funcionaria judicial respecto a los futuros tiempos de resolución.
Según especificó la magistrada durante sus declaraciones, hoy en día un juicio laboral en la órbita de la justicia nacional demora aproximadamente entre un año y un año y medio para tener sentencia.
Además del traspaso a la Ciudad de los reclamos individuales, el proyecto -sostiene- deriva el control de las entidades sindicales y los conflictos interjurisdiccionales al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Denuncia por “gravedad institucional”
En el marco de la entrevista con La Voz En Vivo, López calificó la medida como un hecho de enorme “gravedad institucional” que atenta directamente contra la tradicional división de poderes.
“Acá se crea una ley y se suprime un fuero para que ese fuero no aplique esa ley porque no me gusta la orientación que tiene”, sentenció la jueza sobre los motivos de la decisión.
La vicepresidenta de la entidad remarcó que existen mecanismos constitucionales y un Consejo de la Magistratura diseñados específicamente para sancionar o remover a los jueces con mal desempeño.
“Hubo un acuerdo político para suprimir el Poder Judicial”, insistió.
Por este motivo, consideró que resulta absolutamente inadmisible y por fuera de los marcos institucionales que se elimine un fuero de manera completa por discrepancias interpretativas con sus fallos.
Posible judicialización de la reforma
La referente de los magistrados cuestionó también la forma poco habitual en que se introdujo esta modificación legal, implementada a través de un anexo incorporado en el Congreso.
Aseguró que desde el estamento judicial nacional observan una “clara intención” del poder político de desplazar a sus tribunales de la interpretación y aplicación de la nueva ley.
Frente a este escenario, la Asociación de Magistrados confirmó que ya se encuentra realizando consultas formales con diversos abogados constitucionalistas para definir sus próximos pasos.
La eventual presentación de una demanda institucional por parte de los magistrados buscará frenar esta desarticulación y pondrá a prueba en los tribunales la constitucionalidad de la reforma.
La vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, María Elena López, denunció que la reforma laboral esconde un “acuerdo político” para eliminar el fuero laboral nacional. Según la magistrada, en diálogo exclusivo con La Voz En Vivo, la decisión de traspasar esta jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires y al fuero federal responde a una represalia gubernamental y generará un inminente colapso operativo.López explicó que el proyecto oficial plantea la desaparición paulatina de la actual estructura de la justicia laboral, conformada históricamente por 80 juzgados y 10 salas operativas.Todo ese volumen de trabajo, que solamente durante el año pasado recibió un caudal de 59.000 causas, pasaría a ser absorbido de manera directa por la Justicia porteña.El problema central radica en que el sistema judicial de la Ciudad de Buenos Aires cuenta actualmente con una estructura proyectada de apenas 10 juzgados y dos salas.El impacto en los juicios de los trabajadoresLa jueza detalló que un juzgado laboral nacional recibe en la actualidad un promedio de entre 60 y 70 reclamos formales por mes bajo la actual conformación.“Imaginate lo que va a suceder en ese caso con 10 juzgados; esto le cambia la vida a la persona”, alertó la funcionaria judicial respecto a los futuros tiempos de resolución.Según especificó la magistrada durante sus declaraciones, hoy en día un juicio laboral en la órbita de la justicia nacional demora aproximadamente entre un año y un año y medio para tener sentencia.Además del traspaso a la Ciudad de los reclamos individuales, el proyecto -sostiene- deriva el control de las entidades sindicales y los conflictos interjurisdiccionales al fuero Contencioso Administrativo Federal.Denuncia por “gravedad institucional”En el marco de la entrevista con La Voz En Vivo, López calificó la medida como un hecho de enorme “gravedad institucional” que atenta directamente contra la tradicional división de poderes.“Acá se crea una ley y se suprime un fuero para que ese fuero no aplique esa ley porque no me gusta la orientación que tiene”, sentenció la jueza sobre los motivos de la decisión.La vicepresidenta de la entidad remarcó que existen mecanismos constitucionales y un Consejo de la Magistratura diseñados específicamente para sancionar o remover a los jueces con mal desempeño.“Hubo un acuerdo político para suprimir el Poder Judicial”, insistió.Por este motivo, consideró que resulta absolutamente inadmisible y por fuera de los marcos institucionales que se elimine un fuero de manera completa por discrepancias interpretativas con sus fallos.Posible judicialización de la reformaLa referente de los magistrados cuestionó también la forma poco habitual en que se introdujo esta modificación legal, implementada a través de un anexo incorporado en el Congreso.Aseguró que desde el estamento judicial nacional observan una “clara intención” del poder político de desplazar a sus tribunales de la interpretación y aplicación de la nueva ley.Frente a este escenario, la Asociación de Magistrados confirmó que ya se encuentra realizando consultas formales con diversos abogados constitucionalistas para definir sus próximos pasos.La eventual presentación de una demanda institucional por parte de los magistrados buscará frenar esta desarticulación y pondrá a prueba en los tribunales la constitucionalidad de la reforma.La Voz
