La difusión del dato de inflación de enero reabrió un intenso debate entre economistas luego de que trascendiera que, de haberse aplicado el nuevo índice que preparaba el Indec, el resultado habría sido alrededor de 0,20 punto porcentual inferior al finalmente publicado.
La polémica se profundizó tras la renuncia de Marco Lavagna al organismo estadístico y volvió a poner en el centro de la escena la relación entre técnica, política y credibilidad institucional.
El índice oficial marcó una inflación mensual del 2,9%, mientras que distintas estimaciones privadas coincidieron en que con la canasta actualizada en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 el registro habría sido del 2,7% o 2,8%.
La diferencia numérica es menor, pero el debate se enfocó en el proceso de toma de decisiones y en los objetivos de la política económica.
Para el titular del Ieral-Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, “no hay que exagerar la importancia de la que velocidad baja la inflación”. “Creo que es más prioritario reactivar la producción que acelerar la baja de la inflación”, afirmó a La Voz.
En esa línea, sostuvo que sería conveniente avanzar en la liberalización del tipo de cambio y permitir una reducción de la tasa de interés, aun si eso implica tolerar “un poco más de inflación”.
Giordano agregó que “el resultado final será mucho mejor porque se alcanzará la estabilidad de precios con menor daño sobre la producción” y consideró un error haber suspendido el cambio metodológico del IPC.
“Se evitaba el daño en términos de reputación. Creo que el error también es fruto de exagerar la importancia de acelerar la baja de la inflación”, señaló.
La sorpresa llegó con el posteo del economista Miguel Kiguel, quien destacó la paradoja del resultado. “La inflación finalmente fue 2,9% en enero. La paradoja es que de acuerdo a nuestras estimaciones preliminares, con la nueva metodología hubiera dado menos, 2,7%. Todo muy raro”, escribió en X.
En sintonía, el titular del Iaraf, Nadin Argañaraz, coincidió en que el IPC de enero habría sido de 2,7% con la nueva canasta.
Explicó a este medio que el mayor aumento de los alimentos, que fue el rubro con más presión en el mes, tuvo un peso relativamente mayor en la metodología vigente que en la actualizada, lo que terminó empujando el índice hacia arriba.
Desde una mirada más cauta, Christian Buteler sostuvo en redes que en un proceso de desinflación “es esperable que el sendero no sea lineal: puede haber meses con subas temporales”.
Sin embargo, advirtió que “cuando se encadenan ocho meses consecutivos de aceleración, ya no estamos ante simples fluctuaciones, sino ante una preocupante interrupción de la tendencia”.
Lucas Llach llevó el debate a un plano más estructural y planteó que el problema excede la medición. “Insisto en que para terminar con la inflación de verdad hay que dejar de poner los precios, salarios y contratos en una moneda que un Estado fallido como el nuestro puede falsificar”, afirmó, al cuestionar la persistencia de la indexación y la fragilidad institucional.
Por su parte, Pablo Gernuchoff aportó una mirada macroeconómica vinculada al mercado de trabajo y al régimen cambiario. Señaló que, con un mercado laboral flexibilizado de hecho por la informalidad y sindicatos debilitados, y con un esquema de bandas cambiarias con intervención oficial, “el traspaso a precios es bajo y el nivel de actividad reacciona”.
Desde las consultoras privadas, Equilibra sostuvo que las diferencias entre el IPC vigente y el actualizado “fueron mínimas en la medición mensual” y estimó que la inflación de enero habría sido 2,8%, con una interanual de 32,9%.
En el mismo sentido, LCG remarcó que el fuerte aumento de Alimentos y Bebidas, del 4,7%, hizo que “los viejos ponderadores terminaran jugando en contra”, ya que la participación de ese rubro se redujo en cinco puntos entre ambas encuestas.
Así, el debate dejó en claro que la discusión no es solo estadística. La diferencia de unas décimas en el índice abrió una controversia más amplia sobre prioridades económicas, credibilidad institucional y el delicado equilibrio entre estabilización de precios y nivel de actividad.
La difusión del dato de inflación de enero reabrió un intenso debate entre economistas luego de que trascendiera que, de haberse aplicado el nuevo índice que preparaba el Indec, el resultado habría sido alrededor de 0,20 punto porcentual inferior al finalmente publicado. La polémica se profundizó tras la renuncia de Marco Lavagna al organismo estadístico y volvió a poner en el centro de la escena la relación entre técnica, política y credibilidad institucional.El índice oficial marcó una inflación mensual del 2,9%, mientras que distintas estimaciones privadas coincidieron en que con la canasta actualizada en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 el registro habría sido del 2,7% o 2,8%. La diferencia numérica es menor, pero el debate se enfocó en el proceso de toma de decisiones y en los objetivos de la política económica.Para el titular del Ieral-Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, “no hay que exagerar la importancia de la que velocidad baja la inflación”. “Creo que es más prioritario reactivar la producción que acelerar la baja de la inflación”, afirmó a La Voz.En esa línea, sostuvo que sería conveniente avanzar en la liberalización del tipo de cambio y permitir una reducción de la tasa de interés, aun si eso implica tolerar “un poco más de inflación”.Giordano agregó que “el resultado final será mucho mejor porque se alcanzará la estabilidad de precios con menor daño sobre la producción” y consideró un error haber suspendido el cambio metodológico del IPC. “Se evitaba el daño en términos de reputación. Creo que el error también es fruto de exagerar la importancia de acelerar la baja de la inflación”, señaló.La sorpresa llegó con el posteo del economista Miguel Kiguel, quien destacó la paradoja del resultado. “La inflación finalmente fue 2,9% en enero. La paradoja es que de acuerdo a nuestras estimaciones preliminares, con la nueva metodología hubiera dado menos, 2,7%. Todo muy raro”, escribió en X.En sintonía, el titular del Iaraf, Nadin Argañaraz, coincidió en que el IPC de enero habría sido de 2,7% con la nueva canasta. Explicó a este medio que el mayor aumento de los alimentos, que fue el rubro con más presión en el mes, tuvo un peso relativamente mayor en la metodología vigente que en la actualizada, lo que terminó empujando el índice hacia arriba.Desde una mirada más cauta, Christian Buteler sostuvo en redes que en un proceso de desinflación “es esperable que el sendero no sea lineal: puede haber meses con subas temporales”. Sin embargo, advirtió que “cuando se encadenan ocho meses consecutivos de aceleración, ya no estamos ante simples fluctuaciones, sino ante una preocupante interrupción de la tendencia”.Lucas Llach llevó el debate a un plano más estructural y planteó que el problema excede la medición. “Insisto en que para terminar con la inflación de verdad hay que dejar de poner los precios, salarios y contratos en una moneda que un Estado fallido como el nuestro puede falsificar”, afirmó, al cuestionar la persistencia de la indexación y la fragilidad institucional.Por su parte, Pablo Gernuchoff aportó una mirada macroeconómica vinculada al mercado de trabajo y al régimen cambiario. Señaló que, con un mercado laboral flexibilizado de hecho por la informalidad y sindicatos debilitados, y con un esquema de bandas cambiarias con intervención oficial, “el traspaso a precios es bajo y el nivel de actividad reacciona”.Desde las consultoras privadas, Equilibra sostuvo que las diferencias entre el IPC vigente y el actualizado “fueron mínimas en la medición mensual” y estimó que la inflación de enero habría sido 2,8%, con una interanual de 32,9%. En el mismo sentido, LCG remarcó que el fuerte aumento de Alimentos y Bebidas, del 4,7%, hizo que “los viejos ponderadores terminaran jugando en contra”, ya que la participación de ese rubro se redujo en cinco puntos entre ambas encuestas.Así, el debate dejó en claro que la discusión no es solo estadística. La diferencia de unas décimas en el índice abrió una controversia más amplia sobre prioridades económicas, credibilidad institucional y el delicado equilibrio entre estabilización de precios y nivel de actividad.La Voz
