La bomba ya estalló. No pasó nada diferente entre este año y el 2024, ni pasará en el 2026. El déficit de la Caja de Jubilaciones es estructural y hace años que ronda el 30%. Es decir que cada 100 mil pesos en haberes que se pagan, faltan 30 mil y alguien tiene que ponerlos.
Pero sí cambiaron dos cosas, y no son menores. Primero: no hay nadie del equipo de Osvaldo Giordano en la Caja ni en el ministerio de Finanzas, lo que significa que no está la mirada técnica de quien fue primero titular del organismo, entre 2007 y 2015 y luego ministro, hasta el 2023. Bajo su tutela se hicieron tres reformas profundas en el sistema y no quedó nada “reformable” en carpeta. Sí existen otras medidas, pero tanto José Manuel de la Sota como Juan Schiaretti eran conscientes de que no pasaban el aval de la Justicia o implicaban altísimo costo político que las volvía inviables.
Lo segundo que cambió es el clima de época general y que coincide con Martín Llaryora en el gobierno. El mandatario cree que el humor social hoy le da margen para plantear en la discusión pública debates que si bien años atrás acaloraban, hoy se vuelven tribales. Enardecen. Tiene los números a mano: dicen desde Gobierno que a cada jubilación que cobra un exempleado de Bancor hay que ponerle dos millones de pesos todos los meses. Son 5.445 pasivos que perciben hoy $ 4,1 millones de pesos al mes. Hay dos jubilados por cada trabajador y como la ecuación no da, asiste el Tesoro provincial.
Esa “intolerancia social” a lo que podrían rotularse como privilegios –cree el gobernador- le permitirían avanzar sobre propuestas extremadamente audaces. ¿Y si la Justicia las frena? “Bueno, iremos a la Corte Suprema de Justicia y le diremos que resuelva primero nuestra demanda a la Nación por incumplimiento de las leyes firmadas”.
En el fondo, lo que Llaryora decidió es no defender más la Caja. Quiere poner menos plata, para que esos fondos vayan a reforzar la gestión, con miras en el 2027. Será año de vacas flacas, pretende hacer más anuncios de rebaja de impuestos y la Caja es un agujero gigantesco: 750 mil millones este año, un tercio de la recaudación de Ingresos Brutos de todo el año.
Desde 1999 hasta acá, el argumento oficial es que el sistema es de los cordobeses y Córdoba lo va a defender, que Anses tiene que comportarse con este sistema (y los otros 12 no transferidos) como sí se hubieran traspasado a Nación y enviarle a cada provincia lo mismo que le pone a los jubilados provinciales que están en Anses. Hace más de una década que se firmaron rigurosamente todas las leyes para que Anses se comporte como una madre justa con todas las provincias y nunca lo fue. ¿Le falta amor? Posiblemente, pero no le da el cuero.
Llaryora asumió que la plata que corresponde por ley no va a estar y que tampoco puede seguir insistiendo en el discurso de que la Nación tiene la culpa. Si bien él está convencido de eso, los cordobeses no. Cree entonces que están dadas las condiciones para patear el tablero.
Cuáles son los planes
El concepto general de las medidas que el oficialismo pretende aplicar en el 2026 es que tanto los jubilados como los activos que están en los sectores deficitarios tienen que hacer un esfuerzo adicional.
Los primeros, cobrar menos. Y los segundos, poner más plata. Una alternativa –algo de este espíritu está en la propuesta del legislador oficialista Matías Chamorro- es que se le pongan topes a las jubilaciones. “Así funcionan las cajas de profesionales, aseguran un mínimo para todos en función de la plata que hay y ponen un tope para las más altas”, dicen en el Panal.
El desvelo del gobernador es mejorar el poder adquisitivo de los que menos cobran, aun cuando eso rompa la movilidad proporcional que hoy tienen garantizados los casi 115 mil beneficiarios de la Caja y que la Justicia ha cuidado siempre con tanto celo. Imaginan dar una especie de bono no remunerativo para esquivar esas objeciones.
Con excepción de los municipales del interior, todos los subsectores hoy son deficitarios. Pero en el Gobierno miran específicamente a cinco: bancarios, magistrados, municipales de Córdoba Capital, Policía y docentes. Ese es el orden de los más deficitarios por jubilado: a cada jubilación bancaria le faltan $ 2 millones; a cada magistrado $ 779.675; a cada jubilado del Suoem $ 740.880; a cada policía o agente del Servicio Penitenciario $ 645.312 y a cada docente, $ 377.325. En volumen de plata, el ecosistema que más demanda es el de los docentes ($ 16.400 millones al mes), le sigue el de la Policía con $ 11.977 millones y el de los bancarios con $ 11.469 millones. La diferencia, leen en Gobierno, es que los jubilados docentes son 42.474; los policías, 18.656 y los bancarios, 5.445. Además, un docente jubilado percibe en promedio $ 750 mil pesos y un bancario, $ 4 millones.
El rojo de los pasivos de Bancor en este 2025 rondará los 150 mil millones. Eso equivale al 75% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario, Urbano y Rural, de todo el año.
La lupa sobre el subsistema bancario se acentuó luego de que el titular del gremio, Ezequiel Morcillo, cuestionara la transparencia de los números, pidiera veedores de los trabajadores en el organismo y dijera que “nadie sabe lo que pasa adentro porque está blindada por el Gobierno”. Lanzó lo que se le convirtió un búmeran: “La Caja tiene que estar administrada por los trabajadores”.
Una alternativa en serio que manejan en Gobierno es que el gremio bancario asuma el manejo de su subsistema previsional, como hacen los abogados, ingenieros o profesionales de la salud. “Y que ellos miren sus números y decidan cómo reparten la plata”, dicen en el Centro Cívico. Lo mismo valdría para los municipales de Córdoba y para Epec, aunque el foco está en los bancarios. Algunos se preguntan por qué Bancor, que tiene una paritaria en la que la Provincia no influye, tiene que ser sostenida con el aporte de los impuestos provinciales.
¿Existen chances de transferir la Caja entera?
El artículo 55 de la Constitución Provincial admitiría la posibilidad del traspaso (dice que la Provincia “garantiza” la protección de un régimen de seguridad social, no que debe administrarlo), pero el problema es que Anses no la quiere. ¿Quién querría asumir un pasivo de $ 820 mil millones para el 2026, cuando Luis Caputo está planteando rebaja de aportes patronales, con el costo fiscal que eso supone?
Sin embargo, en la Provincia no descartan una transferencia parcial, de un subsistema, como el bancario. La Nación envió entre mayo y diciembre cuotas de $ 5.000 millones y quedan pendientes las de enero a abril. Pero debió haber enviado, de acuerdo a los cálculos que hace Córdoba, 24 mil millones mensuales. Eso al año representa 290 mil millones de pesos y el rojo de los bancarios es el 52% de ese aporte. “Si es tan difícil hacer que nos paguen, que asuman al menos un sector deficitario”, razonan. Parte de los apoyos políticos que negocia Milei en el Congreso pueden estar atados a esta negociación.
En la Provincia aseguran que no estaba previsto este conflicto con los estatales para fin de año. Es más, remarcan que en el Código Tributario 2025 ya está la posibilidad de incrementar dos puntos adicionales a los que vienen pagando los activos desde diciembre del 2023: 2% los que ganan menos de $ 755 mil brutos al mes; 3% los que están entre $ 755 y un millón y 4% los que ganan por encima del millón. Dicen que eso cae el 31 de diciembre del 2025 y que de haberse aplicado, los de la franja superior (donde ya están todos) estarían en seis puntos extras al mes.
El Código del 2026 plantea hasta cuatro puntos de aportes para los activos, como ahora, y hasta sacaba la posibilidad de dos puntos adicionales. “Pero bueno, quisieron entrar en esta discusión y la vamos a dar”, aseguran en el Panal. La carta de peso, aunque no vinculante, es la consulta popular: “¿Está usted dispuesto a seguir financiando con sus impuestos el déficit previsional de los empleados públicos?”, preguntaría.
El abrumador “no” que imaginan en la Provincia cree que actuará como un freno directo a la protesta en la calle y a la mirada protectora de conquistas que pueda tener la Justicia. Aunque sean derechos adquiridos, la lectura de la calle será “son casta”. Ironías de la política: el clima pro Milei le podría venir bien a la campaña de Llaryora.
La bomba ya estalló. No pasó nada diferente entre este año y el 2024, ni pasará en el 2026. El déficit de la Caja de Jubilaciones es estructural y hace años que ronda el 30%. Es decir que cada 100 mil pesos en haberes que se pagan, faltan 30 mil y alguien tiene que ponerlos.Pero sí cambiaron dos cosas, y no son menores. Primero: no hay nadie del equipo de Osvaldo Giordano en la Caja ni en el ministerio de Finanzas, lo que significa que no está la mirada técnica de quien fue primero titular del organismo, entre 2007 y 2015 y luego ministro, hasta el 2023. Bajo su tutela se hicieron tres reformas profundas en el sistema y no quedó nada “reformable” en carpeta. Sí existen otras medidas, pero tanto José Manuel de la Sota como Juan Schiaretti eran conscientes de que no pasaban el aval de la Justicia o implicaban altísimo costo político que las volvía inviables.Lo segundo que cambió es el clima de época general y que coincide con Martín Llaryora en el gobierno. El mandatario cree que el humor social hoy le da margen para plantear en la discusión pública debates que si bien años atrás acaloraban, hoy se vuelven tribales. Enardecen. Tiene los números a mano: dicen desde Gobierno que a cada jubilación que cobra un exempleado de Bancor hay que ponerle dos millones de pesos todos los meses. Son 5.445 pasivos que perciben hoy $ 4,1 millones de pesos al mes. Hay dos jubilados por cada trabajador y como la ecuación no da, asiste el Tesoro provincial.Esa “intolerancia social” a lo que podrían rotularse como privilegios –cree el gobernador- le permitirían avanzar sobre propuestas extremadamente audaces. ¿Y si la Justicia las frena? “Bueno, iremos a la Corte Suprema de Justicia y le diremos que resuelva primero nuestra demanda a la Nación por incumplimiento de las leyes firmadas”.En el fondo, lo que Llaryora decidió es no defender más la Caja. Quiere poner menos plata, para que esos fondos vayan a reforzar la gestión, con miras en el 2027. Será año de vacas flacas, pretende hacer más anuncios de rebaja de impuestos y la Caja es un agujero gigantesco: 750 mil millones este año, un tercio de la recaudación de Ingresos Brutos de todo el año.Desde 1999 hasta acá, el argumento oficial es que el sistema es de los cordobeses y Córdoba lo va a defender, que Anses tiene que comportarse con este sistema (y los otros 12 no transferidos) como sí se hubieran traspasado a Nación y enviarle a cada provincia lo mismo que le pone a los jubilados provinciales que están en Anses. Hace más de una década que se firmaron rigurosamente todas las leyes para que Anses se comporte como una madre justa con todas las provincias y nunca lo fue. ¿Le falta amor? Posiblemente, pero no le da el cuero.Llaryora asumió que la plata que corresponde por ley no va a estar y que tampoco puede seguir insistiendo en el discurso de que la Nación tiene la culpa. Si bien él está convencido de eso, los cordobeses no. Cree entonces que están dadas las condiciones para patear el tablero.Cuáles son los planesEl concepto general de las medidas que el oficialismo pretende aplicar en el 2026 es que tanto los jubilados como los activos que están en los sectores deficitarios tienen que hacer un esfuerzo adicional. Los primeros, cobrar menos. Y los segundos, poner más plata. Una alternativa –algo de este espíritu está en la propuesta del legislador oficialista Matías Chamorro- es que se le pongan topes a las jubilaciones. “Así funcionan las cajas de profesionales, aseguran un mínimo para todos en función de la plata que hay y ponen un tope para las más altas”, dicen en el Panal.El desvelo del gobernador es mejorar el poder adquisitivo de los que menos cobran, aun cuando eso rompa la movilidad proporcional que hoy tienen garantizados los casi 115 mil beneficiarios de la Caja y que la Justicia ha cuidado siempre con tanto celo. Imaginan dar una especie de bono no remunerativo para esquivar esas objeciones.Con excepción de los municipales del interior, todos los subsectores hoy son deficitarios. Pero en el Gobierno miran específicamente a cinco: bancarios, magistrados, municipales de Córdoba Capital, Policía y docentes. Ese es el orden de los más deficitarios por jubilado: a cada jubilación bancaria le faltan $ 2 millones; a cada magistrado $ 779.675; a cada jubilado del Suoem $ 740.880; a cada policía o agente del Servicio Penitenciario $ 645.312 y a cada docente, $ 377.325. En volumen de plata, el ecosistema que más demanda es el de los docentes ($ 16.400 millones al mes), le sigue el de la Policía con $ 11.977 millones y el de los bancarios con $ 11.469 millones. La diferencia, leen en Gobierno, es que los jubilados docentes son 42.474; los policías, 18.656 y los bancarios, 5.445. Además, un docente jubilado percibe en promedio $ 750 mil pesos y un bancario, $ 4 millones.El rojo de los pasivos de Bancor en este 2025 rondará los 150 mil millones. Eso equivale al 75% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario, Urbano y Rural, de todo el año. La lupa sobre el subsistema bancario se acentuó luego de que el titular del gremio, Ezequiel Morcillo, cuestionara la transparencia de los números, pidiera veedores de los trabajadores en el organismo y dijera que “nadie sabe lo que pasa adentro porque está blindada por el Gobierno”. Lanzó lo que se le convirtió un búmeran: “La Caja tiene que estar administrada por los trabajadores”.Una alternativa en serio que manejan en Gobierno es que el gremio bancario asuma el manejo de su subsistema previsional, como hacen los abogados, ingenieros o profesionales de la salud. “Y que ellos miren sus números y decidan cómo reparten la plata”, dicen en el Centro Cívico. Lo mismo valdría para los municipales de Córdoba y para Epec, aunque el foco está en los bancarios. Algunos se preguntan por qué Bancor, que tiene una paritaria en la que la Provincia no influye, tiene que ser sostenida con el aporte de los impuestos provinciales.¿Existen chances de transferir la Caja entera? El artículo 55 de la Constitución Provincial admitiría la posibilidad del traspaso (dice que la Provincia “garantiza” la protección de un régimen de seguridad social, no que debe administrarlo), pero el problema es que Anses no la quiere. ¿Quién querría asumir un pasivo de $ 820 mil millones para el 2026, cuando Luis Caputo está planteando rebaja de aportes patronales, con el costo fiscal que eso supone?Sin embargo, en la Provincia no descartan una transferencia parcial, de un subsistema, como el bancario. La Nación envió entre mayo y diciembre cuotas de $ 5.000 millones y quedan pendientes las de enero a abril. Pero debió haber enviado, de acuerdo a los cálculos que hace Córdoba, 24 mil millones mensuales. Eso al año representa 290 mil millones de pesos y el rojo de los bancarios es el 52% de ese aporte. “Si es tan difícil hacer que nos paguen, que asuman al menos un sector deficitario”, razonan. Parte de los apoyos políticos que negocia Milei en el Congreso pueden estar atados a esta negociación.En la Provincia aseguran que no estaba previsto este conflicto con los estatales para fin de año. Es más, remarcan que en el Código Tributario 2025 ya está la posibilidad de incrementar dos puntos adicionales a los que vienen pagando los activos desde diciembre del 2023: 2% los que ganan menos de $ 755 mil brutos al mes; 3% los que están entre $ 755 y un millón y 4% los que ganan por encima del millón. Dicen que eso cae el 31 de diciembre del 2025 y que de haberse aplicado, los de la franja superior (donde ya están todos) estarían en seis puntos extras al mes. El Código del 2026 plantea hasta cuatro puntos de aportes para los activos, como ahora, y hasta sacaba la posibilidad de dos puntos adicionales. “Pero bueno, quisieron entrar en esta discusión y la vamos a dar”, aseguran en el Panal. La carta de peso, aunque no vinculante, es la consulta popular: “¿Está usted dispuesto a seguir financiando con sus impuestos el déficit previsional de los empleados públicos?”, preguntaría.El abrumador “no” que imaginan en la Provincia cree que actuará como un freno directo a la protesta en la calle y a la mirada protectora de conquistas que pueda tener la Justicia. Aunque sean derechos adquiridos, la lectura de la calle será “son casta”. Ironías de la política: el clima pro Milei le podría venir bien a la campaña de Llaryora.La Voz
