La decisión que adoptó la Cámara Federal porteña llamando a indagatoria a Mario Firmenich por el atentado de Montoneros en un comedor de la Policía Federal durante el gobierno militar, considera al hecho una “grave violación de los derechos humanos”. También revocó sobreseimientos dispuestos por prescripción.
El hecho ocurrió en julio de 1976. Murieron veinticuatro personas y sesenta fueron heridas entre miembros de la policía y empleados de esa institución. Desde el punto de vista jurídico, cambia drásticamente la jurisprudencia vigente respecto a los hechos de violencia política de los años setenta. En alguna medida, pareciera que podrían invertirse los roles: personas que fueron exculpadas podrían ser ahora procesadas y, en cambio, quienes están acusados o procesados, pasarían a tener la jurisprudencia a su favor.
Desde el punto de vista histórico, el fallo pareciera responder a las teorías que sostienen que en los años setenta hubo una guerra entre dos bandos: la organización Montoneros y otras afines, y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esto cuestiona a tesis del “terrorismo de Estado” que hacía de los hechos producidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad una suerte de delito presunto que las ponía en una situación mucho más desventajosa que quienes los acusaban.
El juez Mariano Llorens fue quizás quien puso una posición más clara en su voto: “La historia no es una novela ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en muchas tonalidades de grises. Por eso, aquí no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de lesa humanidad y los imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”.
El mensaje de Mario Firmenich, en el que alude a Villarruel
Hace pocos años, el periodista Ceferino Reato publicó un documentado libro sobre este hecho, al que tituló Masacre en el Comedor. Allí exponía testimonios, reproducía documentos y relatos que fue recogiendo de víctimas y testigos. El libro abrió una brecha por la cual el atentado al comedor de la Policía Federal se constituyó en un antes y un después en el debate sobre la violencia de los setentas.
La jueza María Servini de Cubría, en un fallo de primera instancia, dictaminó que el caso debía cerrarse. El Tribunal Superior, en cambio, ordenó que se indague a Mario Firmenich y lleve adelante medidas de prueba para determinar que otros autores o encubridores participaron del atentado, agregando que el caso no estaba prescripto.
Cabe señalar que en años recientes la figura de Firmenich se ha transformado en conflictiva dentro de Montoneros. Hay quienes lo acusan de ser colaborador encubierto de las Fuerzas Armadas; otros de haber llevado a la muerte a decenas de militantes con sus políticas extremistas. Tal es el caso de quienes lo critican por haber insistido en una estrategia violenta cuando ya era claro que Montoneros no tenía posibilidad de ganar en el plano militar.
Ahora se intensificarán las acciones jurídicas de quienes se encuentran detenidos y acusados de violar los derechos humanos en los años setenta. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el clima respecto a este tema comenzó a cambiar. El Estado dejó de tener un rol acusador y varios legisladores oficialistas incluso se acercaron y reunieron con militares y policías presos, hecho que causó polémica y división en el oficialismo.
Pero quien tuvo una relación especial con las víctimas de Montoneros fue la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel. Durante años ella bregó para que la Justicia atendiera los reclamos de víctimas de estos hechos, en especial los de familiares de los afectados. Esto le dio una relación especial con estos sectores, que cuando ella empezó a militar por su causa, eran muy pocos y estaban aislados. Eso hizo que durante la campaña electoral, el Presidente diera a la entonces candidata a vice un rol especial, anticipando que de ganar le entregaría el manejo de las áreas de Defensa y Seguridad. No es una función que le correspondía a su cargo.
Las diferencias internas que ya se evidenciaban en los días inmediatos a la asunción del nuevo gobierno no se hicieron esperar. El 20 de enero de 2024, cuando la administración de Javier Milei cumplía cuarenta días, la vicepresidenta presidió el acto conmemorativo por el ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la guarnición militar de Azul. Fue el primer hecho de la guerrilla contra el tercer gobierno de Perón, que había sido electo cuatro meses antes.
En términos políticos, la vicepresidenta gana espacio en los sectores de La Libertad Avanza identificados con estas temáticas, y en el personal en actividad y retirado que sostienen y apoyan la reivindicación en la línea que ha fallado la Cámara Federal porteña.
Está claro cómo reaccionarán frente al hecho los simpatizantes de Victoria Villarruel, pero habrá que ver cómo lo harán los militantes de La Libertad Avanza. Es que durante la campaña electoral ambos mostraron una misma posición, pero los conflictos políticos recientes los llevaron a diferenciarse. Podría ser una oportunidad para intentar un constructivo gesto de unidad.
El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
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