La administración de Donald Trump puso a disposición de los gobiernos estatales y locales una partida presupuestaria de hasta 3.000 millones de dólares a través del Departamento de Justicia (DOJ).
El incentivo económico está estrictamente condicionado a que los municipios y estados se alíen con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las tareas de detención y procesamiento de migrantes indocumentados.
¿Qué son los acuerdos 287(g) y cómo opera el programa "BIDEN"?
Para calificar a las subvenciones, los solicitantes deben firmar y mantener en plena vigencia un acuerdo bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Este marco legal faculta a los agentes del orden estatales y locales a ejercer funciones propias de las autoridades migratorias federales, tales como interrogar a personas sobre su estatus legal y procesar solicitudes de custodia (detainers) para transferir detenidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) toman fotografías de la Estatua de la Libertad al amanecer, mientras Estados Unidos celebra su 250.º aniversario en el Día de la Independencia, en Jersey City, Nueva Jersey (EE. UU.), el 4 de julio de 2026. Foto: REUTERS/Adam Gray
El fondo fue denominado programa BIDEN, acrónimo en inglés de Bridging Immigration-Related Deficits Experienced Nationwide. Aunque el nombre sugiere una compensación por los costos derivados de las políticas de la gestión anterior, los documentos de solicitud del DOJ no exigen demostrar pérdidas financieras, pero sí imponen la participación obligatoria en los pactos 287(g) o en fuerzas de tarea conjuntas. La asignación de estos recursos, aprobados en la ley presupuestaria de 2025, se extenderá progresivamente hasta 2028.
¿En qué podrán gastar los fondos los estados y municipios?
Las entidades locales que accedan a los fondos del DOJ, complementados por un plan financiero de más de 1.600 millones de dólares asignados directamente a ICE para alianzas policiales, podrán destinar el dinero a:
- Contratación de agentes de policía y personal de apoyo operativo para investigaciones y tareas forenses.
- Construcción de nuevas instalaciones de detención temporal o ampliación de recintos existentes.
- Adquisición de tecnología de patrullaje, equipamiento logístico y transporte de detenidos.
- Capacitación de personal policial local bajo los estándares de las agencias federales.
Expansión de acuerdos e historial polémico de perfil racial
La cooperación bajo el modelo de fuerza de tarea (task force) registró una rápida expansión, pasando de no tener convenios activos a comienzos de 2025 a contabilizar más de 1.400 acuerdos vigentes en 32 estados y dos territorios norteamericanos.
Una manifestante levanta las manos mientras agentes del ICE custodian el centro de detención Delaney Hall durante una protesta contra el traslado de detenidos, el martes 26 de mayo de 2026, en Newark, Nueva Jersey. Foto: AP/Andres Kudacki
No obstante, organizaciones de derechos civiles y el American Immigration Council recordaron que estos programas fueron suspendidos en el pasado por derivar en violaciones constitucionales. Investigaciones previas del Departamento de Justicia revelaron patrones de perfil racial y detenciones arbitrarias contra la población latina en jurisdicciones como el condado de Maricopa (Arizona) bajo el exalguacil Joe Arpaio, así como en el condado de Alamance (Carolina del Norte).
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