El rescate judicial de dos galgos utilizados para la caza furtiva en un campo de San Antonio de Areco marcó un antes y un después en una problemática que desde hace años desvela a productores, autoridades y organizaciones proteccionistas. La decisión de la Justicia de decomisar por primera vez los animales empleados en una actividad ilegal no solo abrió un nuevo camino en la persecución de los infractores, sino que volvió a poner en el centro de la escena un conflicto que combina maltrato animal, invasión de la propiedad privada, pérdidas productivas y un importante desgaste para las fuerzas de seguridad rurales.
El procedimiento, impulsado por el fiscal Lisandro Masson, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, y ejecutado por el Comando de Prevención Rural (CPR), terminó con el secuestro de dos galgos que eran utilizados para cazar dentro de un establecimiento privado. Los perros fueron entregados en custodia judicial a la asociación civil Corazones Vagabundos, cuyos veterinarios constataron un cuadro compatible con años de explotación: animales jóvenes pero con un marcado deterioro físico, lesiones, dolores crónicos y posibles hernias, producto —según el informe profesional— de prácticas habituales como la restricción prolongada de alimentos para potenciar su instinto de persecución.
La medida fue celebrada por productores y defensores de los animales, aunque también provocó una violenta reacción de sectores vinculados a la actividad clandestina. La ONG recibió amenazas e insultos y debió aclarar públicamente que no había promovido la denuncia, sino que únicamente intervino por requerimiento de la Fiscalía para preservar la integridad de los animales.
Un problema que va mucho más allá de la caza
El caso judicial refleja apenas una parte de una problemática mucho más amplia. En San Antonio de Areco, la irrupción de grupos de cazadores que ingresan ilegalmente a los campos con jaurías de galgos dejó de ser un conflicto de convivencia rural para transformarse en un fenómeno que afecta simultáneamente la seguridad, la producción agropecuaria y el bienestar animal.
Durante los fines de semana, vehículos provenientes de distintos distritos de la región norte bonaerense llegan al partido para practicar la caza furtiva. Los cazadores dejan sus automóviles en sectores urbanos e ingresan caminando a los establecimientos rurales, donde utilizan los perros para perseguir liebres y otros animales silvestres, sin autorización de los propietarios.
Pero las consecuencias van mucho más allá de la fauna.
Los perros suelen atravesar rodeos de cría, dispersan hacienda, provocan abortos, lesionan animales y generan importantes pérdidas económicas. A eso se suma la permanente invasión de la propiedad privada y la sospecha de que, en muchos casos, la actividad cinegética sirve también como cobertura para cometer robos o relevar establecimientos rurales.
"Éramos el coto de caza de toda la región", resume Estanislao Ramos, presidente de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios (ARPA), al describir una situación que durante años se volvió habitual.
Según explicó, los cazadores llegaban desde localidades como Baradero, Zárate, San Andrés de Giles o Capitán Sarmiento, obligando a la Patrulla Rural a destinar buena parte de sus recursos a perseguir infractores que, en la mayoría de los casos, terminaban sin sanciones significativas.
"Nos dábamos cuenta de que estábamos gastando todo el gasoil de la Patrulla Rural en correr galgueros, cuando ese combustible podría utilizarse para un robo, un asalto o asistir a una familia aislada por la lluvia", sostiene.
Para Ramos, el problema radica en que muchas veces la Justicia no dimensiona la gravedad del ingreso ilegal a un establecimiento agropecuario. "Hasta que los jueces no entiendan que ingresar a una propiedad privada es una invasión, la situación no va a cambiar", afirma.
El dirigente también reconoce otro aspecto poco visible: muchas familias rurales prefieren no enfrentar a los cazadores por temor a sufrir agresiones. "No son situaciones agradables. Mucha gente decide no salir porque no sabe con quién se va a encontrar." Al mismo tiempo, aclara que el verdadero responsable nunca es el animal. "El perro no tiene la culpa de nada. Lo usan como herramienta y como escudo."
Una problemática que une a productores y proteccionistas
Quizás uno de los aspectos más singulares del conflicto es que logró reunir en un mismo reclamo a sectores históricamente alejados: productores agropecuarios, organizaciones de protección animal y el propio municipio.
El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, sostiene que el maltrato que reciben los galgos constituye una de las expresiones más crueles del problema.
"Es una lucha diaria. La raza galgo es muy maltratada", afirmó. El jefe comunal asegura que la Municipalidad trabaja en una nueva ordenanza para endurecer las multas y sancionar con mayor severidad los daños ocasionados durante estas incursiones. "Necesitamos que toda la provincia tenga una mirada más integral y mucho más dura contra estas personas que maltratan animales y arruinan la producción de otros. Para mí deberían estar presos los galgueros", expresó.
Ratto también reveló que integrantes de las protectoras locales recibieron amenazas luego del reciente procedimiento judicial, por lo que reclamó un mayor acompañamiento de la Justicia provincial.
Un cambio de estrategia
El decomiso de los galgos representa un cambio de enfoque. Hasta ahora, los procedimientos terminaban casi siempre con la identificación de los cazadores y el retiro del lugar, mientras los perros continuaban siendo utilizados en nuevas incursiones.
La Fiscalía decidió ahora aplicar rigurosamente distintos artículos del Código Rural bonaerense (Ley 10.081/83), que permiten el decomiso de los animales empleados en actividades prohibidas.
Paralelamente, el municipio trabaja en una ordenanza inspirada en una experiencia desarrollada en General Las Heras, donde las sanciones económicas y administrativas mostraron resultados positivos para desalentar la actividad.
"No hay intención de confiscar perros porque sí", aclaran desde ARPA. "Lo que buscamos es proteger la propiedad privada y evitar los enormes perjuicios que estas invasiones provocan sobre establecimientos ganaderos y centros de reproducción equina."
Un reclamo que ya tiene respaldo provincial
La preocupación de San Antonio de Areco también encontró eco en el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que recientemente emitió un documento reclamando una aplicación estricta del artículo 273 del Código Rural bonaerense.
La norma prohíbe expresamente la formación de cuadrillas de caza, la actividad nocturna y la utilización de perros galgos o luces artificiales para la persecución de fauna silvestre, precisamente por los riesgos que generan para la seguridad rural y la propiedad privada.
Mientras tanto, en Areco esperan que el reciente secuestro judicial de los dos galgos no quede como un hecho aislado. Productores, municipio y organizaciones proteccionistas coinciden en que el verdadero desafío es transformar ese precedente en una política sostenida que permita desalentar una actividad que desde hace años altera la vida cotidiana del campo bonaerense y que, por primera vez, parece empezar a encontrar un límite efectivo en la Justicia.
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