Algún día la gestión libertaria terminará. Su desgaste y nuevas alternativas democráticas, dentro del marco de la Constitución Nacional, la reemplazarán. Si se comparan la Ley de Reforma del Estado N.º 23.696 y la Ley de Emergencia Económica N.º 23.697, junto con sus reglamentaciones y efectos durante el gobierno de Carlos Menem, o el proceso de modernización impulsado por el Decreto 434/2016 del presidente Macri en materia de la digitalizacion de la gestión interna de la administración y los trámites a distancia, con el DNU 70 y la llamada Ley de Bases, la distancia resulta evidente.
Aquellas reformas respondían a un plan de reorganización estatal; la actual gestión carece de una estrategia integral para reconfigurar la administración central, descentralizada y empresarial. Solo dispone de instrumentos dispersos, por lo que los problemas acumulados entre 2005 y 2023 permanecen ocultos, subatendidos o mal financiados.
El Gobierno atacó con éxito el déficit fiscal primario, inevitable tras décadas de desequilibrios. Sin embargo, el superávit es frágil: buena parte del gasto está indexado, existen importantes gastos tributarios para economías de enclave, mientras la política cambiaria y arancelaria afecta negativamente al resto de la economía industrial que podría ser competitiva.
Más que un ajuste transversal, el Estado necesita una revisión técnica minuciosa de ingresos y gastos que garantice un superávit sostenible antes del financiamiento de la deuda y de las inversiones públicas. No resulta claro que la gestión de Javier Milei deje procedimientos adecuados para ello.
También se produjo una desvinculación masiva de empleados públicos. Ya en 2023 advertí que, si no se corregían el exceso de personal, la pirámide salarial achatada, la proliferación de cargos directivos, la fragmentación de organismos y la falta de cobertura en áreas críticas (como las técnicas y las científico tecnológicas), alguna administración terminaría aplicando un ajuste desordenado.
La reconstrucción del empleo público debe apoyarse en la aceleración de la digitalización y del uso de la IA estatal (no el aceleracionismo de los capitalistas tecnoautócratas), incorporando especialistas en ciencia de datos, compras públicas y sistemas administrativos, y fortaleciendo las capacidades vinculadas a la nueva matriz productiva —energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento, nanotecnolgía, biotecnología, nuevas energías, industria espacial y nuclear—, así como el sistema científico-tecnológico (priorizando las STEM).
El problema es que el ajuste fue tan poco selectivo que trató por igual a administrativos, técnicos, profesionales y científicos, generando tensiones políticas y sindicales que exigirán equilibrio para ser resueltas.
Finalmente, será necesario establecer reglas modernas para la gestión del complejo empresarial público. Todos los países desarrollados cuentan con empresas estatales o instrumentos empresariales públicos. La profesionalización, la buena gobernanza y balances sostenibles son objetivos alcanzables, y empresas como YPF demuestran que es posible.
La agenda pendiente es mucho más amplia. Solo he querido señalar algunos problemas que precedían a esta administración y que tampoco han sido resueltos. El primer paso es reconocerlos. El siguiente será aportar capacidad profesional, talento directivo y voluntad política para resolverlos de una vez. No deberíamos desaprovechar esa oportunidad.
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