El paro por tiempo indeterminado iniciado por la Asociación de Prácticos encendió una señal de alarma en la cadena agroexportadora argentina. Aunque por el momento la medida no interrumpe el ingreso de camiones a las terminales portuarias, la imposibilidad de realizar maniobras de ingreso y salida de buques comienza a generar un cuello de botella que podría afectar el principal complejo exportador del país si el conflicto se prolonga.
Los prácticos son los profesionales responsables de asistir a las embarcaciones durante las maniobras de navegación en accesos y puertos. Sin su intervención, los buques no pueden operar con normalidad, por lo que la protesta impacta directamente sobre la logística marítima y, en consecuencia, sobre toda la cadena de comercialización de granos y subproductos.
Empresas vinculadas a la logística portuaria ya comenzaron a advertir sobre las posibles consecuencias. Williams Agroservicios informó a sus clientes que el conflicto no afecta, por ahora, la recepción de camiones en las terminales. Sin embargo, alertó que, de mantenerse la medida de fuerza, algunas plantas podrían alcanzar rápidamente su límite de almacenamiento, obligando a restringir o demorar el ingreso de mercadería.
Ese escenario implicaría un efecto dominó sobre toda la cadena comercial. A medida que los barcos dejan de cargar y zarpar, los silos portuarios se completan, disminuye la capacidad de recibir nuevos granos y la congestión termina trasladándose hacia atrás, afectando el transporte terrestre, los acopios y los productores que necesitan entregar su mercadería.
Más de 45 buques detenidos
Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) señalaron que el impacto económico comienza a ser significativo. Según las entidades, ya hay más de 45 buques detenidos, una cifra que aumenta en aproximadamente 30 embarcaciones por día mientras persista el conflicto.
El costo de esa inmovilización también resulta considerable. El sector estima que cada barco detenido genera sobrecostos de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios, principalmente por demoras, penalidades contractuales y gastos operativos.
Las cámaras recordaron además que el Gran Rosario, junto al corredor San Lorenzo-Timbúes, constituye el principal polo exportador agroindustrial de Argentina, desde donde sale la mayor parte de las exportaciones nacionales de soja, maíz, trigo y sus derivados. Por ello, cualquier interrupción en ese nodo logístico tiene repercusiones inmediatas sobre el comercio exterior.
Tres impactos sobre la cadena
Las entidades exportadoras identifican tres consecuencias principales derivadas del paro.
La primera es el costo directo, representado por las elevadas sumas que demandan las demoras de los buques fondeados a la espera de poder operar.
La segunda corresponde al impacto indirecto sobre la logística terrestre. Al detenerse la salida de mercadería, disminuye la capacidad de almacenamiento en las terminales y comienza a frenarse el ingreso de camiones, afectando el flujo comercial de toda la cadena granaria.
Finalmente aparece el riesgo reputacional. Las cámaras advierten que una prolongación del conflicto puede deteriorar la imagen de Argentina como proveedor confiable de alimentos. Los compradores internacionales podrían buscar abastecimiento en otros países competidores, como Brasil, para garantizar el cumplimiento de sus contratos.
El sector reclama una mesa de diálogo
CIARA y CEC remarcaron que el sector exportador no forma parte del conflicto laboral que dio origen a la protesta y manifestaron su respaldo a los procesos de desregulación orientados a reducir los costos logísticos y de exportación. Sin embargo, sostienen que la prioridad inmediata debe ser normalizar las operaciones.
Por ello solicitaron que la Prefectura Naval Argentina y la Agencia Nacional de Navegación convoquen de manera urgente una mesa de trabajo que permita implementar el nuevo marco regulatorio y acordar una hoja de ruta para restablecer el servicio de practicaje.
Las entidades también señalaron que alrededor de 340 de los aproximadamente 500 prácticos existentes en el país ya fueron notificados por la Prefectura en el marco del nuevo esquema operativo, aunque consideran indispensable alcanzar un acuerdo que permita recuperar la normalidad sin profundizar el conflicto.
Mientras tanto, el reloj corre para el comercio exterior argentino. Si bien la actividad en las terminales continúa con relativa normalidad desde el lado terrestre, la acumulación de buques sin operar comienza a comprometer la eficiencia logística del principal complejo agroexportador del país. De extenderse la medida de fuerza durante varios días más, las demoras podrían trasladarse rápidamente a toda la cadena comercial, desde los puertos hasta los productores, incrementando costos y poniendo en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales de exportación.
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