La diplomacia económica del gobierno de Milei tiene un hábito curioso. Dedica buena parte de su esfuerzo a convencer al mundo de que la mitad del país no es confiable. Y lo hace mientras intenta vender algo valioso.
Argentina tiene gas, litio, cobre, alimentos, capacidad nuclear y capital humano. En una época de rivalidad entre Estados Unidos y China, competencia por los minerales críticos y ansiedad por la seguridad energética, no es poco. De ahí surge la tentación de creer que nuestros recursos nos darán opciones. El razonamiento, sin embargo, confunde lo que poseemos con lo que podemos hacer.
Un activo no es todavía una opción. El gas de Vaca Muerta sólo es una alternativa internacional cuando existen gasoductos, plantas de licuefacción, financiamiento y contratos. Y nada de eso llega si quien debe financiarlo duda de que las reglas vayan a durar. La geología es estable. La política argentina, menos. Y cuando hablamos de credibilidad solemos pensar en quién gana. Pero también importa qué haría quien hoy pierde si mañana recuperara el poder.
Antes de invertir, el inversor tiene poder. Puede elegir Chile, Australia o Perú. Una vez construida la mina o la planta, el capital queda hundido y el poder pasa al país anfitrión, que puede modificar impuestos, retenciones o reglas cambiarias. El inversor anticipa esa posibilidad y la descuenta desde el primer día.
Un proyecto minero o energético se piensa a veinticinco años, durante los cuales habrá unas seis elecciones presidenciales. Supongamos que el partido que estableció las reglas tiene un 70% de probabilidades de ganar cada elección y que la oposición, si gana, las revierte. La probabilidad de que esas reglas sobrevivan es 0,7 multiplicado por sí mismo seis veces, lo que da un 12%.
Si la oposición respetara las reglas la mitad de las veces que ganara, subiría al 38%. Si las respetara nueve de cada diez veces, alcanzaría el 83%. Son números hipotéticos para ilustrar un problema real. Un partido puede ser muy confiable y, aun así, ofrecer pocas garantías a quien invierte pensando en décadas.
Cuando sucede esto, el gobierno cae en la trampa del garante. Su estrategia para construir credibilidad propia destruye la del país, porque le muestra al inversor que los compromisos dependen de quién gobierne. La trampa tiene dos mitades y cada fuerza suele ocupar una.
Los gobiernos de centroderecha viajan al exterior con una promesa y una advertencia. Ellos respetarán las reglas, pero la oposición, si vuelve, podría deshacerlas. La oposición, denuncia contratos abusivos y promete revisarlos. Ambos comportamientos tienen lógica electoral. El inversor, sin embargo, no oye que el gobierno es confiable. Oye que la Argentina sólo es confiable mientras gobierne ese partido.
Cuanto más insiste un gobierno en que sólo él puede garantizar la estabilidad, más revela que esa estabilidad depende de su permanencia en el poder. Lo que suma credibilidad partidaria resta credibilidad nacional. Es un dilema de acción colectiva, porque la credibilidad nacional funciona como un bien común del que todos quieren beneficiarse y que pocos tienen incentivos para preservar.
La trampa, además, se alimenta a sí misma. Ante la incertidumbre, los inversores exigen garantías adicionales, como estabilidad fiscal, arbitraje internacional y condiciones favorables. Esas concesiones se convierten después en un blanco político.
La oposición denuncia que el gobierno regaló los recursos; el gobierno responde que sin esos beneficios nadie habría invertido. Cuanto más cuesta conseguir credibilidad, más difícil resulta conservarla.
Durante décadas, las instituciones internacionales ayudaron a atenuar este problema. La OMC, los tratados de inversión, el FMI o los acuerdos regionales elevaban el costo de incumplir. Ese mundo está cambiando. La competencia geopolítica ha devuelto protagonismo a los acuerdos bilaterales, los subsidios, los controles de exportación y las cadenas de suministro organizadas según criterios de seguridad nacional. La credibilidad se vuelve más importante justo cuando resulta más difícil importarla. Hay que producirla en casa.
La solución no consiste en que oficialismo y oposición compartan un programa económico. Las democracias existen para elegir entre alternativas. En el ejercicio de las seis elecciones, el número decisivo era la probabilidad de que quien recupera el poder mantenga las reglas que encontró.
Ese número no depende de la buena voluntad, sino de lo que cada partido gane o pierda al mantenerlas. Acuerdos legislativos amplios, reglas claras para revisar contratos y compromisos cuyos beneficios sobrevivan al gobierno que los firmó pueden ayudar. El desafío es que deshacer lo hecho cueste más que conservarlo.
La rivalidad entre Estados Unidos y China ha vuelto más valiosos nuestros recursos. Pero no necesariamente nos ha vuelto más autónomos. Para eso necesitamos transformar activos en inversiones, inversiones en opciones y opciones en capacidad de negociación. Y esa cadena requiere algo menos espectacular que el litio o Vaca Muerta. Requiere reglas que sobrevivan a la alternancia política.
No necesitamos ponernos de acuerdo en todo. Necesitamos ponernos de acuerdo en qué cosas podemos seguir discutiendo sin tener que empezar siempre de cero.
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