La noticia, del viernes pasado, dice que la causa en la que se investiga la propiedad de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, llegó a la Corte. Parece un avance y en un sentido lo es.
En otro, funciona como ejemplo de todo lo que anda mal en la Justicia.
Porque la denuncia original que pidió que se averiguara sobre el verdadero dueño de esa quinta, realizada por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica, está por cumplir un año, ya que fue presentada el 1° de diciembre de 2025.
Y lo que debe determinar ahora la Corte, aunque parezca increíble para los legos en intríngulis judiciales, es cuál es el juez que debe investigar el tema. Es decir: casi 12 meses después, no sólo no hay fallo alguno, sino que ni siquiera se sabe quién es el encargado de hurgar entre la mugre.
O dejar que la mugre tape el expediente, agregaría un escéptico: el manejo de los tiempos de las causas “pesadas” llega a la categoría de arte en la Justicia criolla. Es la manera perfecta -y legal- de que las formas determinen qué pasa con el fondo. Si se avanza o, convenientemente, se empantana.
Recordemos: la denuncia -una de las varias que sospechan negocios poco claros de la AFA manejada por Claudio Chiqui Tapia- apuntó por lavado de dinero a Toviggino.
La quinta pertenece oficialmente a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Sospechados de testaferros, ya que el valor de la propiedad fue estimado en 25 millones de dólares y, cuando fue allanada, se encontraron objetos a nombre de Toviggino, como un bolso y una placa, entre otros indicios.
La propiedad, de cinco hectáreas, cuenta con canchas de fútbol y pádel, un haras con caballos árabes, helipuerto, gimnasio, varios cascos y un galpón donde había 54 autos de alta gama, algunos de colección y otros deportivos, con cédulas que autorizaban su manejo a familiares del tesorero de AFA.
En estos meses, 14 jueces intervinieron en ese expediente sin definiciones de fondo.
Dos del fuero Federal, tres del Penal Económico y nueve camaristas. Algunos de ellos, vinculados a las personas que debían investigar, a tal punto que el fiscal que reclamó que el máximo tribunal se involucre habló de “forum shopping”, por la cantidad de causas vinculadas a la AFA que, curiosamente, cayeron en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.
Ahora se sumarán los tres de la Corte.
Una mezcla del juego del gran bonete, en el que no se sabe quién lo tiene, con el de la oca, donde se avanzan tres casilleros y se retroceden dos, que se repite cada vez que una causa toca intereses o personajes poderosos.
Ejemplos abundan. La investigación sobre la voladura de la AMIA tal vez sea su mayor expresión, seguramente la más dolorosa.
Pero también podría citarse, por una cuestión de actualidad, la causa Hotesur-Los Sauces, cuyo juicio fue anunciado para comenzar finalmente este viernes, con Cristina Kirchner y su hijo Máximo entre los acusados: fue originada por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer en noviembre de 2014. Hace 12 años.
Ni hablemos de los casos donde el problema es, directamente, un mal juez. O un juez militante sin vergüenza.
Una encuesta realizada este mes por la Universidad de San Andrés refleja que el 53% de los consultados está “muy insatisfecho” con el desempeño del Poder Judicial. Y otro 21% está “algo insatisfecho”.
En el sondeo, de los tres poderes consagrados en la Constitución, el Judicial resulta el peor conceptuado.
No sorprende.
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