El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, demandó este martes al Gobierno federal para frenar la apertura de un nuevo centro de detención de inmigrantes, con capacidad para 1.200 personas, en la pequeña localidad de Hudson, unos 50 kilómetros al noreste de Denver.
La demanda, presentada ante un tribunal federal de Denver, sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incumplieron sus obligaciones legales al contratar a la empresa privada GEO Group para renovar y operar una antigua prisión de Hudson sin realizar previamente el análisis ambiental requerido.
El contrato, anunciado en julio pasado, tiene una duración de cinco años y un valor superior a 500 millones de dólares, según la demanda. El centro, denominado Big Horn, funcionaría en el edificio de una cárcel cerrada en 2013.
Weiser pidió al tribunal que anule el contrato y suspenda las obras hasta que las agencias federales cumplan con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y demuestren además que la instalación constituye un lugar "apropiado" para la detención migratoria, como exige la legislación federal.
"Los habitantes de Colorado están profundamente preocupados por los planes de abrir un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas, inhumano y a menudo ilegal, de la Administración Trump", expresó Weiser en declaraciones preparadas.
El estado sostiene que un centro con 1.200 detenidos casi duplicaría la población de Hudson y podría afectar el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, las carreteras, la calidad del aire y los servicios de emergencia.
La propia planificación municipal indica que reabrir la instalación requeriría ampliar la planta de tratamiento de agua potable y agregar otro pozo, mientras que la planta de aguas residuales ya supera periódicamente su capacidad actual.
La acción de Weiser se suma a otra demanda presentada la semana pasada por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y GreenLatinos, que también acusa al ICE de no efectuar el análisis ambiental exigido por NEPA antes de avanzar con el proyecto.
Además, residentes de Hudson y la organización Together Colorado mantienen otra demanda relacionada con la aplicación de las normas locales de zonificación al proyecto.
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