La cúpula política del estado de Texas ha tomado una decisión drástica para marcar el rumbo de las finanzas públicas de los próximos años. El gobernador Greg Abbott, junto al vicegobernador Dan Patrick y el presidente de la Cámara de Representantes Dustin Burrows, ordenó formalmente a todas las agencias estatales, tribunales de apelación y universidades públicas recortar un 3 % de su presupuesto base para el periodo 2028-2029.
Los líderes republicanos enmarcaron esta directriz como un paso indispensable para consolidar el perfil fiscalmente conservador de Texas. El objetivo principal es generar un margen financiero que permita financiar nuevos paquetes de alivio para los contribuyentes, especialmente a través de masivas reducciones al impuesto sobre la propiedad.
Las áreas blindadas por el decreto de Abbott
A pesar de la rigidez de la medida, las autoridades establecieron excepciones clave para proteger ciertos sectores vulnerables y cumplir con compromisos legales preexistentes. Los fondos destinados a la educación pública (K-12) y el nuevo programa estatal de cupones para escuelas privadas quedaron completamente exentos de este recorte del 3 %.
Asimismo, el decreto blindará los presupuestos asignados a programas sociales esenciales como Medicaid, el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), los subsidios de adopción y los sistemas de pensiones de los empleados públicos. El actual presupuesto tejano, aprobado en 2025 por un valor de 338.000 millones de dólares, ya destinaba un récord de 51.000 millones de dólares exclusivamente al recorte de impuestos prediales, una prioridad que Abbott busca expandir en el próximo periodo legislativo.
Universidades públicas y la sombra de una multa federal millonaria
El recorte llega en un momento de alta vulnerabilidad para la educación superior en Texas. Universidades como UT Arlington y la Universidad de del Norte de Texas (UNT) ya enfrentan problemas financieros por la caída en la matrícula de estudiantes extranjeros y limitaciones para aumentar sus matrículas. De hecho, UNT anunció recientemente la eliminación o fusión de más de 70 programas académicos para intentar cubrir un déficit interno de 45 millones de dólares.
A este panorama se suma una amenaza financiera federal de 826 millones de dólares para 2027. Este gasto imprevisto surge por penalizaciones del gobierno federal debido a un margen de error del 9,3 % en el procesamiento de cupones de alimentos (SNAP) por parte de los empleados estatales de Texas, además de un cambio en las reglas de distribución de costos administrativos que obligará al estado a cubrir el 75 % de estos gastos en lugar del 50 % habitual.
La oposición demócrata propone usar el fondo de reserva
La medida ha encendido el debate político de cara a las próximas elecciones. La candidata demócrata a la gobernación, Gina Hinojosa, criticó duramente la estrategia de austeridad de Abbott y lo acusó de acumular dinero de manera innecesaria. Hinojosa propuso retirar 17.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización de Texas (conocido como el Rainy Day Fund), el cual alcanzó una cifra récord de 24.800 millones de dólares, para enviar un cheque directo de 1.500 dólares a cada hogar tejano como medida de alivio inmediato contra la inflación.
Mientras tanto, las agencias estatales ya han comenzado a evaluar sus estructuras de gastos para presentar sus propuestas de reducción en agosto, lo que podría traducirse en el congelamiento de vacantes de empleo, la suspensión de viajes oficiales y un reto operativo inmenso para las universidades de menor escala presupuestaria.
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