El Ministerio de Economía de la Nación destacó que el déficit en mayo último fue de sólo 54.520 millones de pesos. El rojo entre ingresos y gastos implica una caída del 78 por ciento comparado con el mismo mes de 2020, por los gastos que demandaron entonces la cobertura sanitaria por la pandemia y el auxilio a particulares y a empresas.

La parcial mejora que muestran las cuentas públicas obedeció a una mayor actividad en 2021, de allí el aumento de 99,2 por ciento en los ingresos tributarios.

Otro factor destacado fue el incremento de los derechos de exportación, llamados “retenciones”, con una suba de 275,8 por ciento, a partir del fuerte aumento de los precios internacionales.

El ministro Martín Guzmán exhibe estos datos, que en líneas generales se repitieron durante los cinco primeros meses del año, como el cumplimiento de un programa de austeridad fiscal.

El Presupuesto prevé un déficit primario de 4,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que supondría una sustancial reducción en cuanto a la abismal diferencia producida entre los ingresos y los gastos del sector público en 2020.

Esta carta de presentación ante los acreedores internacionales es usada por el jefe de Economía como una demostración de que la Argentina evitará una emisión excesiva para financiar sus gastos.

Los recursos del Estado nacional muestran cierta holgura a partir de los precios internacionales de las commodities, pero estos ingresos extraordinarios se reducirán en forma sustancial en el segundo semestre.

Por contrapartida, la gestión de Alberto Fernández abrió el grifo a los pedidos sectoriales; a los subsidios económicos, en especial por el consumo de electricidad y gas natural, y a los reclamos paritarios.

Ese panorama se completa con los bonos que se pagarán a jubilados y pensionados nacionales que ganan la mínima, para compensar el fuerte desfase entre el aumento de sus haberes y la inflación.

Este comportamiento, que será financiado en gran parte por la emisión monetaria, dados los elevados vencimientos de deuda pública interna acumulados para los próximos meses, abre serios interrogantes sobre la conducta de austeridad.

La decisión de volcar más pesos al mercado para generar una sensación de bienestar entre los votantes, previa a las decisivas elecciones legislativas, genera inquietud sobre la sustentabilidad del gasto público y su impacto inflacionario.

Ante la carencia de un plan económico destinado a generar los recursos que permitan el pago de las obligaciones externas y tornen sustentables las medidas, el Gobierno prefiere postergar todas las decisiones hasta después de las elecciones.

Sucedió con los acreedores reunidos en el Club de París, con los cuales –mediante un pago extra– se acordó posponer una definición hasta el 31 de marzo de 2022. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional seguirán el mismo derrotero.

Los mensajes contradictorios de la gestión de Alberto Fernández y el festival del gasto público que se anticipa no son buenas señales para una sociedad que anhela dejar atrás una profunda crisis sanitaria, social y económica.