No cesa en Nicaragua la presión a opositores a Daniel Ortega

La Fiscalía de Nicaragua ordenó ayer investigar las cuentas bancarias de 13 exdirectivos de la Fundación Económica para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en el marco de las distintas investigaciones y detenciones que ha ejecutado en las últimas semanas contra opositores y precandidatos presidenciales de cara a las elecciones previstas para el 7 de noviembre.

En un comunicado, informó que continúan las investigaciones sobre la Fundación Violeta Barrios Chamorro, Funides y todas aquellas personas relacionadas con estas organizaciones como otras implicadas por “indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense” y “por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras”.

La ola de detenciones comenzó a principios de mes con el arresto domiciliario de la opositora y precandidata Cristiana María Chamorro por supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica, a través de la Fundación Violeta Barrios Chamorro.

Tras estos arrestos, siguieron otros de líderes opositores como Suyen Barahona, Dora María Téllez, Hugo Torres, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila Rivas, José Pallais, Violeta Granera o José Adan Aguerri.

La familia de otro de los detenidos el domingo último, el opositor y exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, denunció ayer el allanamiento policial de su vivienda, según recoge La Prensa.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua cifró en 124 los presos políticos detenidos hasta el momento y que permanecen encarcelados en Nicaragua desde abril de 2018, a los que se suman 10 detenidos antes de las protestas de ese año. Esta persecución se intensificó en las últimas semanas, ante la inminente celebración de elecciones que podrían desplazar a Daniel Ortega en la Presidencia.

Cabe precisar que en el listado solamente se incluyen a las personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización fehaciente de sus familiares para su publicación. Desde agosto de 2020, se detectó un incremento de las detenciones y encarcelamiento de personas presas políticas, pasando de 88 a 124 hasta este junio de 2021.

Mayo ha sido el mes que más detenciones ha registrado en el lapso de referencia: 12 en total, según los datos de la organización. Entre las personas que figuran en la lista hay dos exguerrilleros sandinistas disidentes, cuatro precandidatos presidenciales opositores, dos exviceministros y diversos líderes de grupos sociales, entre otros.

La comunidad internacional denunció en reiteradas ocasiones a Ortega y alertó de que, en este contexto, la cita electoral prevista para noviembre carecerá de legitimidad.

Cambio de rumbo

Por caso, esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, celebró la resolución adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación política en Nicaragua y la liberación de presos políticos de cara a las elecciones. Asimismo, sostuvo que “es hora de un cambio de rumbo del régimen” del presidente, Daniel Ortega.

Blinken valoró de manera positiva la adopción por una “abrumadora mayoría” de Estados miembro, ya que envía “un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y a su lucha para unas elecciones libres y justas, el respeto a los Derechos Humanos y la rendición de cuentas”. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que es hora de que “el régimen” de Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, “cambie de rumbo”, y empiece a respetar “tanto su propia Constitución como sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana”, mientras se comprometió a seguir trabajando con sus socios de la región y con la UE para continuar “presionando por una mayor libertad para el pueblo nicaragüense”.

“Con la votación del miércoles, los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio, dado nuestro compromiso compartido con la democracia y los Derechos Humanos”, destacó Blinken.

El último detenido. Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), el principal de Nicaragua, con presencia en Centroamérica, el Caribe y Ecuador, es el último arrestado de la saga. Se le imputan varios delitos.