Famosos y funcionarios, con su salud en las pantallas

La semana pasada, presuntos datos médicos de tres figuras públicas fueron dados a conocer por medios de comunicación sin el consentimiento ni la confirmación por parte de los involucrados, quienes, además, negaron la veracidad de lo que se informaba.

En un corto lapso, el gobernador Juan Schiaretti, la actriz Dolores Fonzi y el juez federal Claudio Bonadio afrontaron versiones sobre trastornos que podrían generar de moderada a alta preocupación. En apenas cinco días, los derechos a la privacidad y a la información se pusieron en tensión de una manera no recordada.

El denominador común entre Schiaretti, Fonzi y Bonadio es que son personalidades cuya actividad profesional es pública y, por ello, están más expuestos al escrutinio social. Sin embargo, por sus roles, la importancia de su buen estado de salud para el bienestar de la comunidad es diferente. Existe mayor consenso sobre la prevalencia de la intimidad por sobre el derecho a la información en el caso de Fonzi y Bonadio, pero la discusión se torna más compleja cuando el tema está relacionado con mandatarios.

El lunes, en un programa de televisión de un canal con sede en Buenos Aires se dijo que Schiaretti tiene “problemas de salud” y que posteriormente a la elección del domingo –se mencionó como fecha posible el jueves 16, es decir, cuatro días después– se someterá a “una intervención quirúrgica complicada de la aorta”. La información fue rechazada de plano por voceros del gobierno de Córdoba, y días después el propio Schiaretti dijo, respecto de su salud, que estaba “100% más IVA”, al tiempo que atribuyó las versiones al clima de campaña.

Claudio Bonadio. Trascendió un diagnóstico que él desmintió.

¿Se incurrió en una invasión a la privacidad de Schiaretti al sugerir una afección que no fue informada y hasta negada enfáticamente por él? ¿Es relevante la salud de un mandatario provincial y todo dato relacionado debería darse a conocer? Los especialistas dicen que sí a ambos temas.

“Hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que la información sobre las enfermedades definitivamente siempre es privada. Cada persona tiene la posibilidad de reservarse para sí, dentro de su fuero interno, la divulgación o no de su estado de salud. La historia clínica es un patrimonio totalmente inviolable dentro del contexto informativo, y eso definitivamente no puede, de una u otra forma, forzarse a que se ponga en los medios”. Así responde, desde Colombia, Carlos Francisco Fernández, asesor médico de la casa editorial El Tiempo, de Bogotá, y maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Fernández opina, sin embargo, que “cuando se trata de personajes que de una u otra forma tienen un componente relevante desde el punto de vista administrativo o político, su salud se convierte en un elemento de dominio público; obviamente, con la autorización de la persona. Hablo en especial de los gobernantes”.

Consultado sobre cómo debe actuar un periodista que ha obtenido información sobre el estado de salud de un mandatario, Fernández es taxativo: “No lo puede difundir; eso forma parte de su fuero, a no ser que dentro de las constituciones u otras normas, la salud de esta persona sea considerada explícitamente un asunto de Estado o de gobierno”.

En Argentina, la Ley de Acceso a la Información Pública está referida a actos y no a datos personales, los cuales, además, son protegidos por leyes específicas. Sin embargo, no son pocos los que han reclamado una total transparencia acerca de datos sobre la salud de los mandatarios, como, por caso, el médico y periodista Nelson Castro, autor del libro Enfermos de poder, donde se describen situaciones que afectaron la calidad de vida de distintos presidentes de la Argentina y en el que el autor manifiesta que esos temas deberían ser cuestión de Estado.

Dolores Fonzi. La actriz pidió que no se preocupara a su familia.

Materia opinable

Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, docente universitario e investigador del Conicet, recuerda que el derecho a la privacidad está protegido por pactos y convenciones de rango constitucional, pero se pronuncia a favor de una mayor difusión de la salud de los gobernantes.

“Soy consciente de que este es un tema muy delicado, pero soy partidario de la posición que considera que la salud pública de los altísimos funcionarios hace al manejo de la cosa pública y que, por lo tanto, la ciudadanía tiene que tener acceso a un nivel de información”. Sin embargo, aclara que para definir el grado de detalle de esa divulgación se requeriría el abordaje y consenso de expertos.

Para Becerra, además, que los altos funcionarios brinden ese tipo de información es también recomendable desde un punto de vista pragmático, para evitar así el impacto de que se difunda de una manera que afecte en mayor medida su actividad e imagen oficial.

Patricio Carballés, abogado experto en libertad de expresión, destaca también el interés público de la información de salud de políticos y afirma que la indagación periodística se entiende en esos términos, pero –aclara– “otra cosa es la noticia equivocada, falsa, o maliciosa”. “Cuando una persona no tiene nada o tiene una afección diferente a la que se presenta, en muchas ocasiones se está mucho más cerca de una operación política”.

“No puede decirse livianamente que una persona tiene o no tiene una enfermedad o presentarla de manera más grave de lo que es, porque, aunque sea una persona pública, se está violando su intimidad y eso puede tener claramente consecuencias”, insiste. Y recuerda que, en situaciones de ese tipo, no caben argumentos absolutorios como el de que no se obró con mala fe o a sabiendas de que la información era falsa.

“El bien tutelado que tiene que primar, sin dudas, es la intimidad de la persona. Eso está claro. No puede exponerse a una persona, por más que sea pública, a contar situaciones de su vida que puedan afectarla”, concluye.

Cuando una persona pública tiene un problema de salud, la forma en la que se da a conocer también es clave para evitar estigmatizar a quienes tienen la misma enfermedad, atribuyéndoles, por ejemplo, una incapacidad que la patología en cuestión no conlleve (ya sea porque no es grave o porque las innovaciones terapéuticas la hagan controlable).

Así lo destaca el médico cardiólogo y columnista en medios de comunicación de Buenos Aires Jorge Tartaglione. “Yo comunico salud y aprendí algunas cosas. Primero, que hay que ser muy respetuoso y, además, que hay que ser muy cauto cuando se comunica, más si se dan diagnósticos al aire. Yo no sé a quién se lo estoy diciendo. Uno puede hasta afectar la salud de alguien que está del otro lado”, alerta.