Conmoción en Bolivia: las razones de la detención de Jeanine Añez
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez calificó de ilegal su
aprehensión en la madrugada de este sábado con base en una demanda de sedición y terrorismo que investiga la Fiscalía en relación con la crisis política de 2019, que precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
Tras ser trasladada desde Trinidad –su ciudad natal– aguarda en celdas policiales comunes para ser llevada ante un juez de medidas cautelares que podría otorgarle arresto domiciliario o enviarla a un penal en forma preventiva mientras avanzan las investigaciones.
“Un atropello”
“Esto es un atropello, como exmandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado sino una sucesión constitucional. Yo asumí la presidencia por las renuncias que hubo”, declaró a la prensa tras ser regresada a celdas policiales después de declarar ante fiscales.
Desde la cárcel, Áñez pidió al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y al embajador de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, enviar misiones oficiales de sus organismos para que verifiquen tanto su aprehensión.
“Quiero denunciar la sistemática vulneración de los Derechos Humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”, expresó.
Otros dos ministros de su gobierno (2019-2019) fueron detenidos el viernes, entre ellos, el exministro de Justicia Álvaro Coimbra.
“Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Responsabilidad como senadora
La exmandataria, de 53 años, no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta sino por sus acciones como senadora de la oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Este caso fue presentado contra la exsenadora Áñez no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.
El caso volvió a elevar la tensión política en Bolivia. Líderes de oposición calificaron las detenciones de ilegales y acusaron al gobierno del presidente izquierdista Luis Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”, según declararon por separado el expresidente Carlos Mesa y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, ambos líderes de la oposición.
Arce, Morales y legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) calificaron de un golpe de Estado lo ocurrido tras elecciones de octubre de 2019, denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que desencadenó un estallido social que cobró la vida de 36 personas y obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder.
El expresidente buscaba una cuarta reelección en esos comicios fallidos.
Áñez era entonces senadora opositora y estaba habilitada para la sucesión, que se activó tras la renuncia de Morales y su precipitada salida a México.
La exmandataria convocó a elecciones en octubre de 2020 y Arce, el heredero político de Morales, se impuso con el 55% de los votos.
“El Poder Judicial es un instrumento de persecución, no es justicia. Buscan descabezar a la oposición instalando una falsa narrativa de golpe de Estado para desvirtuar el fraude”, declaró Mesa, quien calificó las detenciones como una “acción de amedrentamiento” tras la derrota del MAS en los comicios locales y regionales de la semana pasada, cuyo recuento oficial aún no está cerrado.
Camacho, el gobernador electo de Santa Cruz y líder de las protestas contra Morales, quien también está acusado, pero no detenido, denunció “persecución y amedrentamiento” en una carta a Arce.
Morales, quien se encuentra en Buenos Aires, dijo por Twitter “que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura”.
El accionar de Áñez
Tras haber asumido el gobierno, Áñez también arremetió contra Morales y encarceló a varios de sus ministros bajos acusaciones de terrorismo y sedición por haber alentado las protestas, pero la Fiscalía descartó los cargos supuestamente por falta de pruebas después de que Arce asumiera en noviembre del año pasado.
Durante las protestas las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las protestas a favor de Morales. Un total de 16 personas murieron baleados, lo que está bajo investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otros investigados
Por el supuesto golpe de Estado también son investigados varios jefes militares, entre ellos el excomandante de las Fuerzas Armas William Kalimán y el exjefe de la policía. También se ordenó la aprehensión de los exministros de Gobierno y de Defensa de Áñez, quienes huyeron del país.
El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que “las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido delito de terrorismo”.
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