El Gobierno, liderado por Javier Milei, puso la lupa sobre los gastos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desatando una fuerte polémica en torno a la transparencia en el manejo de fondos públicos. La Sindicatura General de la Nación (Sigen), que dirige Miguel Blanco, llevó a cabo una revisión de los convenios suscritos entre la UBA y diversos organismos estatales durante la gestión de Alberto Fernández, encontrando irregularidades en un contrato específico con Trenes Argentinos Operaciones (Sofse).
Según el informe de la Sigen, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA recibió $ 58.529.618 por colaborar con la auditoría interna de Sofse en 2023. Sin embargo, la Sigen determinó que “no hay pruebas concretas de que el trabajo haya sido realizado”. Esta revelación ha generado un fuerte debate sobre la necesidad de auditar los gastos de la UBA, un tema que se encuentra en disputa judicial, publican medios de Buenos Aires.
El análisis del convenio entre la UBA y Sofse reveló varias anomalías que alimentan las sospechas sobre la auditoría fantasma:
- Sofse ya contaba con su propia Unidad de Auditoría Interna, conformada por 11 agentes, lo que cuestiona la necesidad de contratar asistencia externa.
- No se encuentra documentación que detalle cuántas personas fueron asignadas por la UBA, ni sus antecedentes profesionales.
- La UBA no presentó un plan de trabajo, lo que impide determinar qué tareas concretas se llevaron a cabo.
- No se hallan evidencias de análisis de documentación, identificación de riesgos, seguimiento de proyectos o colaboración en informes de auditoría, que eran las responsabilidades pactadas.
La Sigen fue contundente en su conclusión
“No obra evidencia acerca del trabajo específicamente realizado por la UBA”. Además, la superposición de funciones entre la auditoría interna de Sofse y la UBA genera incertidumbre sobre qué tareas fueron efectivamente realizadas por cada entidad. El informe destaca la falta de un cronograma de horas y productos ejecutados por la UBA, lo que impide determinar qué actividades realizó cada entidad.
La UBA, por su parte, niega las acusaciones y afirma que se cumplió satisfactoriamente el 100% de la actividad. Según la universidad, los equipos participaron en los proyectos del convenio, siempre a cargo de un Sugerente de la UAI y completando el equipo de Auditores de Campo del staff permanente de la UAI. La UBA argumenta que los importes son ajustados para el pago de los recursos contratados y que la diferencia hasta el gasto total del acuerdo corresponde a gastos administrativos de la Facultad.
La polémica por la auditoría fantasma se suma a otros cuestionamientos sobre el manejo de fondos en la UBA. El organismo de control asegura tener un documento que prueba que la UBA no rindió entre 2020 y 2022 el 89% de los fondos que recibió , en el marco de diferentes programas universitarios como el FUNDAR, lo que equivale a unos $ 8000 millones sobre los que no se especificó su destino y utilización. Además, se suman otros $ 500 millones para infraestructura cuyo uso entre 2015 y 2019 tampoco está claro.
El Gobierno, liderado por Javier Milei, puso la lupa sobre los gastos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desatando una fuerte polémica en torno a la transparencia en el manejo de fondos públicos. La Sindicatura General de la Nación (Sigen), que dirige Miguel Blanco, llevó a cabo una revisión de los convenios suscritos entre la UBA y diversos organismos estatales durante la gestión de Alberto Fernández, encontrando irregularidades en un contrato específico con Trenes Argentinos Operaciones (Sofse).Según el informe de la Sigen, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA recibió $ 58.529.618 por colaborar con la auditoría interna de Sofse en 2023. Sin embargo, la Sigen determinó que “no hay pruebas concretas de que el trabajo haya sido realizado”. Esta revelación ha generado un fuerte debate sobre la necesidad de auditar los gastos de la UBA, un tema que se encuentra en disputa judicial, publican medios de Buenos Aires.El análisis del convenio entre la UBA y Sofse reveló varias anomalías que alimentan las sospechas sobre la auditoría fantasma:Sofse ya contaba con su propia Unidad de Auditoría Interna, conformada por 11 agentes, lo que cuestiona la necesidad de contratar asistencia externa.No se encuentra documentación que detalle cuántas personas fueron asignadas por la UBA, ni sus antecedentes profesionales.La UBA no presentó un plan de trabajo, lo que impide determinar qué tareas concretas se llevaron a cabo.No se hallan evidencias de análisis de documentación, identificación de riesgos, seguimiento de proyectos o colaboración en informes de auditoría, que eran las responsabilidades pactadas.La Sigen fue contundente en su conclusión“No obra evidencia acerca del trabajo específicamente realizado por la UBA”. Además, la superposición de funciones entre la auditoría interna de Sofse y la UBA genera incertidumbre sobre qué tareas fueron efectivamente realizadas por cada entidad. El informe destaca la falta de un cronograma de horas y productos ejecutados por la UBA, lo que impide determinar qué actividades realizó cada entidad.La UBA, por su parte, niega las acusaciones y afirma que se cumplió satisfactoriamente el 100% de la actividad. Según la universidad, los equipos participaron en los proyectos del convenio, siempre a cargo de un Sugerente de la UAI y completando el equipo de Auditores de Campo del staff permanente de la UAI. La UBA argumenta que los importes son ajustados para el pago de los recursos contratados y que la diferencia hasta el gasto total del acuerdo corresponde a gastos administrativos de la Facultad.La polémica por la auditoría fantasma se suma a otros cuestionamientos sobre el manejo de fondos en la UBA. El organismo de control asegura tener un documento que prueba que la UBA no rindió entre 2020 y 2022 el 89% de los fondos que recibió , en el marco de diferentes programas universitarios como el FUNDAR, lo que equivale a unos $ 8000 millones sobre los que no se especificó su destino y utilización. Además, se suman otros $ 500 millones para infraestructura cuyo uso entre 2015 y 2019 tampoco está claro.La Voz
