MAR DEL PLATA.– El allanamiento con posterior secuestro de miles de prendas y calzados por violación a la Ley de Marcas y evasión fiscal, que ayer se extendió durante más de 12 horas, se completó esta madrugada con el desalojo y desmantelamiento de la feria denominada La Saladita de la Bristol, un paseo de compras informal que se extendía a nivel de playa, a metros de la rambla de esta ciudad, y donde trabajaban unas 200 personas.
La medida judicial fue dispuesta por el juez federal Santiago Inchausti. El retiro de los más de 160 puestos que allí funcionaban se ejecutó desde el gobierno municipal, que administra esa unidad fiscal y que hace cuatro años había intentado concesionarla mediante una licitación que finalmente se cerró sin adjudicación.
La denuncia penal que dio inicio a esta causa fue presentada hace poco más de un año por el entonces intendente Guillermo Montenegro, que en diciembre pasado tomó licencia del cargo para asumir como senador bonaerense. En esa presentación reclamó la intervención de la Justicia frente a un escenario de violación a la Ley de Marcas, evasión fiscal y comercio ilegal.
El actual jefe comunal, Agustín Neme, ratificó en las últimas horas el accionar judicial y anticipó de manera implícita lo que finalmente ocurrió hoy, con la decisión de avanzar sobre las instalaciones de la feria. “Orden, legalidad y reglas claras. Ese es el camino”, afirmó, y agregó que por lo que ocurría en el lugar “hubo denuncias, informes técnicos y un trabajo sostenido para terminar con una situación ilegal que llevaba años perjudicando a vecinos, turistas y comerciantes que sí cumplen las normas”.
Según trascendió ayer, la explotación de esa feria era comandada desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes. Su titular, Walter Rivero, estuvo detenido durante algunas horas en el marco de las medidas dispuestas por el juez Inchausti. Anoche se presentó en el lugar y acompañó a los feriantes que, desde la rambla, observaban cómo más de 100 efectivos de Prefectura Naval secuestraban la mercadería de los puestos.
Los bultos, que se cargaron en varios camiones, estaban compuestos en su mayoría por prendas y calzados que eran copias de artículos de marcas reconocidas. Se destacaban, en especial, conjuntos deportivos y casacas del seleccionado argentino de fútbol, abundantes en los puestos por la demanda que se registraba ante la cercanía del inicio de la Copa del Mundo.
Los allanamientos ordenados por el juez Inchausti comenzaron a media mañana de ayer y se completaron cerca de la medianoche. Sorprendieron a los puesteros, que comenzaban a habilitar la atención al público cuando los efectivos bloquearon todos los accesos e impidieron el retiro de mercadería.
Luego se realizó una inspección que derivó en el secuestro de miles de productos, todos con etiquetas o diseños que simulaban marcas reconocidas, en particular multinacionales con fuerte presencia en el rubro de la indumentaria deportiva. De la medida participó personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Si bien en la jurisdicción de Mar del Plata rige para la Justicia Federal el nuevo modelo de instrucción a cargo del ministerio público fiscal, esta causa se inició bajo el sistema anterior y continúa a cargo del juez Inchausti, quien por el momento mantiene su avance bajo secreto.
Los responsables de los puestos reaccionaron al despliegue de los prefectos y varios intentaron resguardar su mercadería. No se les permitió retirar ningún producto y todo quedó sometido a revisión, inspección y secuestro de aquellos artículos considerados vinculados a algún encuadramiento delictivo. Prendas y zapatillas concentraron la mayor parte de la mercadería separada y dispuesta para traslado y custodia judicial.
Los puesteros siguieron el operativo desde el nivel superior de la rambla. Hubo llantos e insultos, y también una voz que, en medio de la bronca por la pérdida de su capital, apuntó contra quienes administraban ese corredor de casi 200 metros de extensión, ubicado sobre el cemento que limita con la arena de la playa Bristol y que, sobre todo en verano, recibe a multitudes con su formato de shopping precario a cielo abierto.
“Queremos que alguien venga a dar la cara: el que nos cobró, el que lo acompaña a cobrar, el que nos apura porque es viernes, que venga y dé la cara”, reclamó Ana, que dijo tener 25 años consecutivos de presencia en la feria y brindó detalles de los montos abonados.
Según relató, en enero pagó $3.000.000, una suma similar en febrero, $2.000.000 en marzo y el mismo monto en abril. “Tengo en un cuaderno anotado todo lo que pagué por día, que son $100 o $200, sin un recibo, sin un comprobante, todo en negro”, señaló, y mencionó algunos nombres y apodos a modo de referencia sobre los responsables del manejo del lugar.
Según pudo saber LA NACION, los allanamientos también habrían alcanzado la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes, institución mencionada por la puestera y que operaría sobre la administración y el cobro de ese espacio, además de domicilios vinculados a dirigentes de esa organización.
“Están allanando la feria ilegal en la rambla gracias a la denuncia penal que presentamos. Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho”, escribió ayer en sus redes sociales el senador bonaerense Guillermo Montenegro, en licencia del cargo de intendente desde el que impulsó la denuncia que derivó en estas medidas. “En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”, agregó.
Cuando presentó la denuncia, el entonces jefe comunal había señalado al gobierno provincial por la falta de controles. Desde el bloque de concejales de Unión por la Patria respondieron que ese sector de playa es de jurisdicción municipal.
La feria fue habilitada por el municipio hace más de dos décadas mediante la ordenanza N°12.953, con un permiso precario a favor de la entonces Asociación de Vendedores Ambulantes por un plazo de tres años. Tras el vencimiento, se sucedieron prórrogas y períodos de continuidad por inercia administrativa. En los últimos 15 años tuvo un crecimiento sostenido hasta alcanzar su formato actual, con dos hileras enfrentadas de más de 80 puestos cada una.
La gestión municipal iniciada en 2019 avanzó con un plan de ordenamiento del sector, situado en uno de los espacios más representativos de la ciudad y bajo jurisdicción comunal. En 2022, a través de la ordenanza N°25.716, se creó el Paseo de Compras Playa Bristol como unidad fiscal a concesionar, con mejoras de servicios sobre la arena y sin unidades de sombra fijas. La licitación, impulsada a fines de ese año por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), tuvo una sola oferta y no fue adjudicada. La última renovación de la explotación de la unidad fiscal fue también precaria, por la temporada de verano, y fue autorizada por el Ejecutivo municipal en diciembre pasado.
Allanaron y desmantelaron La Saladita de la Bristol y secuestraron miles de prendas por violar la Ley de MarcasSociedadLA NACION
