“La emergencia es una herramienta que puede tener sentido en otras provincias, pero que acá solo sirve para gastar sin controles, evitar licitaciones y poner dirigentes políticos donde deberían estar técnicos”, planteó el diputado nacional Rodrigo de Loredo, para explicar por qué los legisladores de la UCR rechazaron en la Unicameral la adhesión a la ley nacional de emergencia penitenciaria.
Para el dirigente opositor, el gobernador Martín Llaryora busca “colgarse de las medidas” que lleva adelante la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En un video que publicó en sus redes sociales, De Loredo preguntó: ¿van a ocuparse de limpiar el sistema? ¿O vienen a encubrir, entorpecer y garantizar que todo siga igual, porque la corrupción en alguna manera los roza?”
Y luego describió, según su óptica, el estado del sistema penitenciario cordobés. Así lo planteó: “Después de 25 años de peronismo en Córdoba, ¿sabés cómo están las cárceles? Absolutamente colapsadas. Cerraron en su momento Encausados y San Martín —que alojaban 1.500 personas— y jamás construyeron nada para reemplazarlas. Mientras tanto, el delito siguió creciendo. Hoy hay 13.500 detenidos en un sistema hecho para 11.000. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Procuración Penitenciaria de la Nación”.
“Vende humo”
El jefe de la bancada de la UCR en Diputados remarcó que la Provincia no hizo obras para mejorar la capacidad del sistema y críticó al gobernado por repetir anuncios de obras que hasta ahora no se hicieron. “Llaryora sale a vender humo con una cárcel de máxima seguridad. Una obra que ya estaba anunciada desde 2020 y que ni siquiera alcanza para cubrir el crecimiento proyectado de presos, que va a superar los 15.000 en 2026″, indicó.
El radical también aseguró que “la otra cara de este tremendo colapso es la megacausa de corrupción penitenciaria”. Y recordó que hay “20 funcionarios de alto rango imputados, algunos detenidos, entre ellos el jefe del servicio penitenciario Bouvier, Silvia Barbero, su mano derecha y Vivas, el subjefe. Es tan inédito como gravísimo. Los delitos de los que se les acusa: asociación ilícita, venta de beneficios, traslados a medida, estafas. En Villa María, directamente operaba un call center tumbero. En Bouwer y Cruz del Eje, los presos organizaban robos y extorsiones desde las cárceles, con complicidad institucional”.
De Loredo dijo que lo que necesita el sistema es “inversión real y transparente en equipamiento e infraestructura y profesionalización técnica en seguridad”.
Acto seguido, cuestionó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, de quien dijo que “se la pasa en los medios como un standapero haciendo operativos para cerrar fiestas clandestinas, sin experiencia ninguna, mientras el crimen se sigue multiplicando”.
“La emergencia es una herramienta que puede tener sentido en otras provincias, pero que acá solo sirve para gastar sin controles, evitar licitaciones y poner dirigentes políticos donde deberían estar técnicos”, planteó el diputado nacional Rodrigo de Loredo, para explicar por qué los legisladores de la UCR rechazaron en la Unicameral la adhesión a la ley nacional de emergencia penitenciaria.Para el dirigente opositor, el gobernador Martín Llaryora busca “colgarse de las medidas” que lleva adelante la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.En un video que publicó en sus redes sociales, De Loredo preguntó: ¿van a ocuparse de limpiar el sistema? ¿O vienen a encubrir, entorpecer y garantizar que todo siga igual, porque la corrupción en alguna manera los roza?”Y luego describió, según su óptica, el estado del sistema penitenciario cordobés. Así lo planteó: “Después de 25 años de peronismo en Córdoba, ¿sabés cómo están las cárceles? Absolutamente colapsadas. Cerraron en su momento Encausados y San Martín —que alojaban 1.500 personas— y jamás construyeron nada para reemplazarlas. Mientras tanto, el delito siguió creciendo. Hoy hay 13.500 detenidos en un sistema hecho para 11.000. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Procuración Penitenciaria de la Nación”.“Vende humo”El jefe de la bancada de la UCR en Diputados remarcó que la Provincia no hizo obras para mejorar la capacidad del sistema y críticó al gobernado por repetir anuncios de obras que hasta ahora no se hicieron. “Llaryora sale a vender humo con una cárcel de máxima seguridad. Una obra que ya estaba anunciada desde 2020 y que ni siquiera alcanza para cubrir el crecimiento proyectado de presos, que va a superar los 15.000 en 2026″, indicó. El radical también aseguró que “la otra cara de este tremendo colapso es la megacausa de corrupción penitenciaria”. Y recordó que hay “20 funcionarios de alto rango imputados, algunos detenidos, entre ellos el jefe del servicio penitenciario Bouvier, Silvia Barbero, su mano derecha y Vivas, el subjefe. Es tan inédito como gravísimo. Los delitos de los que se les acusa: asociación ilícita, venta de beneficios, traslados a medida, estafas. En Villa María, directamente operaba un call center tumbero. En Bouwer y Cruz del Eje, los presos organizaban robos y extorsiones desde las cárceles, con complicidad institucional”.De Loredo dijo que lo que necesita el sistema es “inversión real y transparente en equipamiento e infraestructura y profesionalización técnica en seguridad”. Acto seguido, cuestionó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, de quien dijo que “se la pasa en los medios como un standapero haciendo operativos para cerrar fiestas clandestinas, sin experiencia ninguna, mientras el crimen se sigue multiplicando”.La Voz
