Por ahora no pasa de un “enojo”, pero la relación entre algunos dirigentes justicialistas y la vicegobernadora Myrian Prunotto no atraviesa su mejor momento. La no presentación “hasta ahora” de los nombres de los contratados de la Legislatura y su viaje al exterior no es algo que los oficialistas terminaron de digerir.
En realidad, son contados con las manos los legisladores que sin cuestionamientos quieren que se dé la lista con los nombres de sus asesores. Algunos siguen preguntando por qué debería darse a conocer quiénes son sus contratados. Hasta hoy, de 12 bancadas que tiene la Legislatura integrada por 70 parlamentarios, ocho entregaron a La Voz la lista asesores. Aunque algunos no del todo convencidos.
Los bloques UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal y el liberal Gregorio Hernández Maqueda entregaron un listado que fue publicado el domingo pasado; luego, se sumaron Construyendo Córdoba, la izquierda y La Libertad Avanza. Y no difundieron el listado Hacemos Unidos por Córdoba, Karina Bruno (PRO), aliada con el oficialismo; Graciela Bisotto (UCR disidente) y Federico Alesandri (Creo Córdoba).
Efecto Kraisman
Desde que se conoció en enero la causa abierta contra el exconcejal Guillermo Kraisman, quien intentó cobrar el sueldo de una empleada “fantasma” de la Legislatura, la tensión no cedió y esta semana será clave. Prunotto volverá a presidir este miércoles el cuerpo en la sesión especial en recordatorio del 24 de marzo de 1976, por lo que se reunirá con los parlamentarios.
Por lo bajo hay oficialistas que reprocharon por qué Prunotto dio a conocer en una nota a Canal 12 el número de contratados (1.072) e hizo ratificar a todos los asistentes la relación laboral con la Legislatura en enero pasado. Pero, luego, no completó la información acerca de quiénes son los asesores ante el amparo por mora presentado por La Voz del Interior contra el Poder Legislativo para conocer información del personal.
Desde su entorno explicaron que la vicegobernadora no hablará sobre esta situación, al menos, por ahora. “Hay un tema que está en la Justicia y esperará que se resuelva”, confiaron desde su entorno. Y advirtieron que sólo es cuestión de días para que esté la nómina de quiénes son los asistentes legislativos, con sueldos que van de $ 600 mil a $ 1.200.000, en las categorías más altas.
Ni las principales espadas legislativas del gobernador Llaryora en la Legislatura comandas por Miguel Siciliano, ni las autoridades de la Unicameral en ausencia de Prunotto, Facundo Torres, y Nadia Fernández, y tampoco el resto de los integrantes del bloque oficialista se despegaron y entregaron los nombres de sus asesores hasta hoy.
En realidad, no había interés desde un comienzo en difundir la nómina, pero sí hubo algunos legisladores que dijeron no tener nada que ocultar. Sin embargo, la directiva que recibieron fue mantenerse verticales. Todos juntos o nada de datos. Ahora que ya es un hecho que la información será dada a conocer y comenzó el operativo “apaciguar a la tropa”.
La publicación de asesores que son armadores y punteros territoriales trajo quejas internas. “Tenemos que contener hacia afuera y adentro de la tropa. Se van a conocer los nombres, eso molesta y hay que contener ese impacto menor. Pero también hacia afuera”, dijo un integrante del oficialismo en la Legislatura.
Hacia afuera significa el armado del cordobesismo que quiere el gobernador, pero que tiene atragantado a los peronistas más puros. Sobre todo los que no disimularon el encono con Prunotto. “Nosotros toda la vida tuvimos códigos, nunca, ni cuando fueron vice (Héctor) Campana, Llaryora, (Manuel) Calvo, nunca con (Oscar) González, como presidente de la Legislatura, se nos hubiese pasado no avisar si alguno tomaba vacaciones”, dijo en un tono de molestia un justicialista.
“Prunotto se fue de vacaciones, no avisó a nadie sabiendo que estaba el amparo en la Justicia”, aseguró. A la pregunta de cuál es ese código que no se cumplió ahora, la misma fuente respondió. “Siempre alguien se puede ir de licencia, siempre debe avisar. Y quien se queda debe manejar el barco, pero ella nunca avisó”.
Los oficialistas Torres, como presidente provisorio de la Legislatura; Fernández, como vicepresidenta, y Miguel Siciliano, titular del bloque Hacemos, intentaron en estos días evitar que el impacto sea mayor puertas adentro. “Hay que contener y evitar daños mayores”, confiaron desde el oficialismo.
“Esto con Calvo no nos hubiese pasado”, aseguró un legislador que va por su segundo período.
Aunque en medio de este enojo de los justicialistas, que cada vez desconfían más a Prunotto, hay una cuestión que no pusieron en duda: no hay quiebre, no peligra el armado del Partido Cordobés.
“Nosotros no rompemos, no vamos a tener en Córdoba un gobernador peleado con una vicegobernadora. Eso en nuestro espacio no existe”, aclaró un hombre del llaryorismo.
Pese a esto, lo que más molesta a algunos legisladores es que Prunotto construya su espacio desde un radicalismo disidente para posicionarse de cara las elecciones legislativas de este año. “¿Nadie le va a preguntar a la vicegobernadora cuántos asesores tiene? ¿No van a advertir cómo arma territorio?”, dijo un peronista que nunca terminó de aceptar que la vicegobernación quedara en manos de una radical.
Mientras en el espacio de Prunotto no se escucharon críticas y se insistió que se respeta el trabajo que realiza la Justicia. Incluso, se espera que desde esta semana la vice retome su habitual agenda con visitas al interior y sin hacer declaraciones sobre los contratados de la Legislatura.
La Provincia pidió 20 días para dar los datos
El viernes pasado se realizó en la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación una audiencia de conciliación entre La Voz del Interior y el Gobierno de Córdoba en el marco del amparo presentado por este medio para que se informen los nombres de los contratados del Poder Judicial.
La audiencia estuvo encabezada por el juez de la Cámara, Leonardo Massimino, quien insistió en facilitar la conciliación. El Gobierno estuvo representado por un equipo encabezado por el Procurador del Tesoro, Mariano Armando Andruet, y por La Voz concurrieron el apoderado legal, Gerardo Viramonte Moyano, y el director periodístico, Carlos Jornet.
En la misma audiencia fue aceptada como amicus curiae la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), del mismo modo en que antes había sido aceptada la Fundación Ruido.
Ambas entidades participan por su interés en el eficaz cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública, vitales para el ejercicio periodístico.
En esa audiencia –que había sido solicitada por La Voz– los representantes del Estado provincial insistieron en la dificultad de encontrar los datos solicitados, y estimaron que necesitarían unos 20 días para obtener, procesar y brindar la información requerida.
También hicieron referencia a la oposición del Sindicato de Empleados Legislativos a la difusión del nombre de los contratados.
La Voz reiteró el reclamo de información.
Por ahora no pasa de un “enojo”, pero la relación entre algunos dirigentes justicialistas y la vicegobernadora Myrian Prunotto no atraviesa su mejor momento. La no presentación “hasta ahora” de los nombres de los contratados de la Legislatura y su viaje al exterior no es algo que los oficialistas terminaron de digerir.En realidad, son contados con las manos los legisladores que sin cuestionamientos quieren que se dé la lista con los nombres de sus asesores. Algunos siguen preguntando por qué debería darse a conocer quiénes son sus contratados. Hasta hoy, de 12 bancadas que tiene la Legislatura integrada por 70 parlamentarios, ocho entregaron a La Voz la lista asesores. Aunque algunos no del todo convencidos.Los bloques UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal y el liberal Gregorio Hernández Maqueda entregaron un listado que fue publicado el domingo pasado; luego, se sumaron Construyendo Córdoba, la izquierda y La Libertad Avanza. Y no difundieron el listado Hacemos Unidos por Córdoba, Karina Bruno (PRO), aliada con el oficialismo; Graciela Bisotto (UCR disidente) y Federico Alesandri (Creo Córdoba).Efecto KraismanDesde que se conoció en enero la causa abierta contra el exconcejal Guillermo Kraisman, quien intentó cobrar el sueldo de una empleada “fantasma” de la Legislatura, la tensión no cedió y esta semana será clave. Prunotto volverá a presidir este miércoles el cuerpo en la sesión especial en recordatorio del 24 de marzo de 1976, por lo que se reunirá con los parlamentarios.Por lo bajo hay oficialistas que reprocharon por qué Prunotto dio a conocer en una nota a Canal 12 el número de contratados (1.072) e hizo ratificar a todos los asistentes la relación laboral con la Legislatura en enero pasado. Pero, luego, no completó la información acerca de quiénes son los asesores ante el amparo por mora presentado por La Voz del Interior contra el Poder Legislativo para conocer información del personal.Desde su entorno explicaron que la vicegobernadora no hablará sobre esta situación, al menos, por ahora. “Hay un tema que está en la Justicia y esperará que se resuelva”, confiaron desde su entorno. Y advirtieron que sólo es cuestión de días para que esté la nómina de quiénes son los asistentes legislativos, con sueldos que van de $ 600 mil a $ 1.200.000, en las categorías más altas.Ni las principales espadas legislativas del gobernador Llaryora en la Legislatura comandas por Miguel Siciliano, ni las autoridades de la Unicameral en ausencia de Prunotto, Facundo Torres, y Nadia Fernández, y tampoco el resto de los integrantes del bloque oficialista se despegaron y entregaron los nombres de sus asesores hasta hoy.En realidad, no había interés desde un comienzo en difundir la nómina, pero sí hubo algunos legisladores que dijeron no tener nada que ocultar. Sin embargo, la directiva que recibieron fue mantenerse verticales. Todos juntos o nada de datos. Ahora que ya es un hecho que la información será dada a conocer y comenzó el operativo “apaciguar a la tropa”.La publicación de asesores que son armadores y punteros territoriales trajo quejas internas. “Tenemos que contener hacia afuera y adentro de la tropa. Se van a conocer los nombres, eso molesta y hay que contener ese impacto menor. Pero también hacia afuera”, dijo un integrante del oficialismo en la Legislatura.Hacia afuera significa el armado del cordobesismo que quiere el gobernador, pero que tiene atragantado a los peronistas más puros. Sobre todo los que no disimularon el encono con Prunotto. “Nosotros toda la vida tuvimos códigos, nunca, ni cuando fueron vice (Héctor) Campana, Llaryora, (Manuel) Calvo, nunca con (Oscar) González, como presidente de la Legislatura, se nos hubiese pasado no avisar si alguno tomaba vacaciones”, dijo en un tono de molestia un justicialista.“Prunotto se fue de vacaciones, no avisó a nadie sabiendo que estaba el amparo en la Justicia”, aseguró. A la pregunta de cuál es ese código que no se cumplió ahora, la misma fuente respondió. “Siempre alguien se puede ir de licencia, siempre debe avisar. Y quien se queda debe manejar el barco, pero ella nunca avisó”.Los oficialistas Torres, como presidente provisorio de la Legislatura; Fernández, como vicepresidenta, y Miguel Siciliano, titular del bloque Hacemos, intentaron en estos días evitar que el impacto sea mayor puertas adentro. “Hay que contener y evitar daños mayores”, confiaron desde el oficialismo.“Esto con Calvo no nos hubiese pasado”, aseguró un legislador que va por su segundo período.Aunque en medio de este enojo de los justicialistas, que cada vez desconfían más a Prunotto, hay una cuestión que no pusieron en duda: no hay quiebre, no peligra el armado del Partido Cordobés.“Nosotros no rompemos, no vamos a tener en Córdoba un gobernador peleado con una vicegobernadora. Eso en nuestro espacio no existe”, aclaró un hombre del llaryorismo.Pese a esto, lo que más molesta a algunos legisladores es que Prunotto construya su espacio desde un radicalismo disidente para posicionarse de cara las elecciones legislativas de este año. “¿Nadie le va a preguntar a la vicegobernadora cuántos asesores tiene? ¿No van a advertir cómo arma territorio?”, dijo un peronista que nunca terminó de aceptar que la vicegobernación quedara en manos de una radical.Mientras en el espacio de Prunotto no se escucharon críticas y se insistió que se respeta el trabajo que realiza la Justicia. Incluso, se espera que desde esta semana la vice retome su habitual agenda con visitas al interior y sin hacer declaraciones sobre los contratados de la Legislatura.La Provincia pidió 20 días para dar los datosEl viernes pasado se realizó en la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación una audiencia de conciliación entre La Voz del Interior y el Gobierno de Córdoba en el marco del amparo presentado por este medio para que se informen los nombres de los contratados del Poder Judicial.La audiencia estuvo encabezada por el juez de la Cámara, Leonardo Massimino, quien insistió en facilitar la conciliación. El Gobierno estuvo representado por un equipo encabezado por el Procurador del Tesoro, Mariano Armando Andruet, y por La Voz concurrieron el apoderado legal, Gerardo Viramonte Moyano, y el director periodístico, Carlos Jornet. En la misma audiencia fue aceptada como amicus curiae la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), del mismo modo en que antes había sido aceptada la Fundación Ruido. Ambas entidades participan por su interés en el eficaz cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública, vitales para el ejercicio periodístico. En esa audiencia –que había sido solicitada por La Voz– los representantes del Estado provincial insistieron en la dificultad de encontrar los datos solicitados, y estimaron que necesitarían unos 20 días para obtener, procesar y brindar la información requerida. También hicieron referencia a la oposición del Sindicato de Empleados Legislativos a la difusión del nombre de los contratados. La Voz reiteró el reclamo de información.La Voz
