La Cámara de Décima Nominación en lo Criminal y Correccional de Córdoba capital condenó al exintendente de Colonia Tirolesa Remigio Oscar Lauret y al exsecretario de Hacienda Aldo Maximiliano Rover por 42 negociaciones incompatibles con la función pública.
Canal especial noticias de Jesús María y la región
La causa nació a partir de la denuncia del abogado y empleado judicial Sebastián Néstor Mira, el contador Luis César Ludueña, del Tribunal de Cuentas, y la contadora y concejala Marcela María Piccoli. Con el patrocinio del penalista Carlos Nayi, denunciaron penalmente en 2020 a Lauret, Rover y a la esposa de éste último, María Vanesa Cacciamano, por compras directas incompatibles con la función que aquellos cumplían.
Colonia Tirolesa: denuncias y números
Los denunciantes sostuvieron que en representación de la Municipalidad habrían realizado diversas compras a la empresa de informática Civilian Wireless Services, ubicada a la vera de la ruta A-74 (jurisdicción de Tirolesa), cuya titular sería Cacciamano, cónyuge de Rover.
El reporte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) respecto de la actividad económica de la mujer menciona que presta servicios en el rubro de reparación y mantenimiento de equipos informáticos, y en peluquería.
Según se desprende de una serie de comprobantes fechados en diversos meses de 2016 y 2017, el municipio libró 20 órdenes de pago a Civilian por sus servicios, por $ 274.572, mientras que la compañía emitió facturas por $ 165.912. Seis de las boletas registran los mismos montos contemplados en las órdenes de pago, aunque también aparecen como facturados a la Municipalidad otros valores.
Los denunciantes –representados por el penalista Carlos Nayi, querellante en la causa– sostuvieron que las compras directas a la empresa explotada por Cacciamano fueron autorizadas por el intendente y por Rover (ambos con mandato hasta diciembre), ya que ambos suscribieron las órdenes de adquisición y pago.
De esta forma, las contrataciones directas habrían favorecido y beneficiado económicamente a Cacciamano y a su esposo, según afirmaron en la denuncia. De acuerdo con los denunciantes, en algunas de las facturas figuraba el nombre de Cacciamano.
Algunos montos eran llamativamente “iguales” en varias de las órdenes de pago, aunque tuvieran distinta fecha. Por ejemplo, aparecen siete “juegos” de montos idénticos con diferente número de orden de pago: $ 14.864 (del 11 de enero de 2016); $ 6.450 pesos (del 23 y 28 de marzo de 2016); $ 7.199 (del 23 y 26 de mayo de 2016); $ 7.763 (del 25 y 30 de agosto de 2016); $ 8.714,85 (del 12 y 13 de enero de 2017); $ 63.600 (del 11 y 18 de abril de 2017), y $ 6.514 (del 2 y 13 de junio de 2017).
El artículo 265 del Código Penal, referido al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, establece que será penado con cárcel e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que directamente o por otros “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
Condenaron a Llauret
El fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, los imputó y elevó la causa a juicio por 42 hechos, con la oposición de la defensa. En su momento, Lauret había negado a La Voz que hubiera cometido un delito: “Se puede interpretar como que es un fraude, pero no es un fraude”.
“Simplemente (el realizar la compra de insumos informáticos) es una práctica que, a lo mejor, no estaba contemplada. Nosotros históricamente operábamos con esta gente (Civilian). No es que uno pueda hacer la compra con los presupuestos, con los llamados, los procedimientos contables que a lo mejor determina la parte de administración”.
“En ningún momento se pensó que estábamos haciendo un abuso de la autoridad, cuando siempre hemos tratado de proteger la economía municipal. Y el otro tema es que desde enero de 2016, el Tribunal de Cuentas supervisó todas las órdenes de compra minuciosamente”, indicó.
Finalmente y en el marco de un juicio abreviado acordado con el fiscal de Cámara Gustavo Arocena, Lauret fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La misma pena recibió el exsecretario de Finanzas, Rover.
Fueron condenados y multados por las negociaciones incompatibles. Tuvieron que reparar en su totalidad el daño ocasionado, por lo que abonar a la Municipalidad a $ 6 millones.
En el caso de la esposa de Rover, Cacciamano, pidió una probation, que fue aceptado.
La Cámara de Décima Nominación en lo Criminal y Correccional de Córdoba capital condenó al exintendente de Colonia Tirolesa Remigio Oscar Lauret y al exsecretario de Hacienda Aldo Maximiliano Rover por 42 negociaciones incompatibles con la función pública.Canal especial noticias de Jesús María y la regiónLa causa nació a partir de la denuncia del abogado y empleado judicial Sebastián Néstor Mira, el contador Luis César Ludueña, del Tribunal de Cuentas, y la contadora y concejala Marcela María Piccoli. Con el patrocinio del penalista Carlos Nayi, denunciaron penalmente en 2020 a Lauret, Rover y a la esposa de éste último, María Vanesa Cacciamano, por compras directas incompatibles con la función que aquellos cumplían.Colonia Tirolesa: denuncias y númerosLos denunciantes sostuvieron que en representación de la Municipalidad habrían realizado diversas compras a la empresa de informática Civilian Wireless Services, ubicada a la vera de la ruta A-74 (jurisdicción de Tirolesa), cuya titular sería Cacciamano, cónyuge de Rover.El reporte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) respecto de la actividad económica de la mujer menciona que presta servicios en el rubro de reparación y mantenimiento de equipos informáticos, y en peluquería.Según se desprende de una serie de comprobantes fechados en diversos meses de 2016 y 2017, el municipio libró 20 órdenes de pago a Civilian por sus servicios, por $ 274.572, mientras que la compañía emitió facturas por $ 165.912. Seis de las boletas registran los mismos montos contemplados en las órdenes de pago, aunque también aparecen como facturados a la Municipalidad otros valores.Los denunciantes –representados por el penalista Carlos Nayi, querellante en la causa– sostuvieron que las compras directas a la empresa explotada por Cacciamano fueron autorizadas por el intendente y por Rover (ambos con mandato hasta diciembre), ya que ambos suscribieron las órdenes de adquisición y pago.De esta forma, las contrataciones directas habrían favorecido y beneficiado económicamente a Cacciamano y a su esposo, según afirmaron en la denuncia. De acuerdo con los denunciantes, en algunas de las facturas figuraba el nombre de Cacciamano.Algunos montos eran llamativamente “iguales” en varias de las órdenes de pago, aunque tuvieran distinta fecha. Por ejemplo, aparecen siete “juegos” de montos idénticos con diferente número de orden de pago: $ 14.864 (del 11 de enero de 2016); $ 6.450 pesos (del 23 y 28 de marzo de 2016); $ 7.199 (del 23 y 26 de mayo de 2016); $ 7.763 (del 25 y 30 de agosto de 2016); $ 8.714,85 (del 12 y 13 de enero de 2017); $ 63.600 (del 11 y 18 de abril de 2017), y $ 6.514 (del 2 y 13 de junio de 2017).El artículo 265 del Código Penal, referido al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, establece que será penado con cárcel e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que directamente o por otros “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.Condenaron a LlauretEl fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, los imputó y elevó la causa a juicio por 42 hechos, con la oposición de la defensa. En su momento, Lauret había negado a La Voz que hubiera cometido un delito: “Se puede interpretar como que es un fraude, pero no es un fraude”.“Simplemente (el realizar la compra de insumos informáticos) es una práctica que, a lo mejor, no estaba contemplada. Nosotros históricamente operábamos con esta gente (Civilian). No es que uno pueda hacer la compra con los presupuestos, con los llamados, los procedimientos contables que a lo mejor determina la parte de administración”.“En ningún momento se pensó que estábamos haciendo un abuso de la autoridad, cuando siempre hemos tratado de proteger la economía municipal. Y el otro tema es que desde enero de 2016, el Tribunal de Cuentas supervisó todas las órdenes de compra minuciosamente”, indicó.Finalmente y en el marco de un juicio abreviado acordado con el fiscal de Cámara Gustavo Arocena, Lauret fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La misma pena recibió el exsecretario de Finanzas, Rover.Fueron condenados y multados por las negociaciones incompatibles. Tuvieron que reparar en su totalidad el daño ocasionado, por lo que abonar a la Municipalidad a $ 6 millones.En el caso de la esposa de Rover, Cacciamano, pidió una probation, que fue aceptado.La Voz