A través del Decreto 149/2025 publicado el miércoles, el Gobierno puso fin a la obligatoriedad de los aportes económicos que las empresas debían realizar a las cámaras empresariales.
Esta medida revierte una práctica incorporada en algunos convenios colectivos que generaba controversia entre los empleadores.
La decisión se fundamenta en la ausencia de sustento normativo para exigir contribuciones a empresas no afiliadas a dichas cámaras.
Qué cambia con el decreto
El decreto establece que las convenciones colectivas de trabajo no podrán imponer cargas económicas a quienes no sean asociados o afiliados, a menos que estos últimos lo acepten voluntariamente.
Además, el Gobierno no homologará nuevos acuerdos colectivos que incluyan este tipo de cláusulas, buscando alinear la normativa con el principio de libertad de asociación.
Sectores como el comercio, donde estos aportes se estiman en $6.000 millones mensuales, se verán significativamente afectados.
Un ejemplo es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), que ascendía a $4.725,02 por empleado en marzo.
El sistema, que cubría a 1,2 millones de trabajadores, generaba alrededor de $70.000 millones anuales.
El reclamo de las pymes
Las pymes habían denunciado la falta de transparencia en la administración de estos fondos y el carácter coercitivo de las contribuciones.
Federico Sturzenegger explicó que el decreto termina con la posibilidad de establecer “impuestos privados” y que la imposición de estas cargas vulneraba la libertad de asociación. La medida aliviará la estructura de costos para muchas empresas, especialmente las más pequeñas.
Para las cámaras empresariales, esto implica un desafío para reconfigurar su financiamiento y depender más de los aportes voluntarios de sus afiliados.
La medida se enmarca en la política de desregulación del Gobierno.
A través del Decreto 149/2025 publicado el miércoles, el Gobierno puso fin a la obligatoriedad de los aportes económicos que las empresas debían realizar a las cámaras empresariales. Esta medida revierte una práctica incorporada en algunos convenios colectivos que generaba controversia entre los empleadores.La decisión se fundamenta en la ausencia de sustento normativo para exigir contribuciones a empresas no afiliadas a dichas cámaras. Qué cambia con el decretoEl decreto establece que las convenciones colectivas de trabajo no podrán imponer cargas económicas a quienes no sean asociados o afiliados, a menos que estos últimos lo acepten voluntariamente. Además, el Gobierno no homologará nuevos acuerdos colectivos que incluyan este tipo de cláusulas, buscando alinear la normativa con el principio de libertad de asociación.Sectores como el comercio, donde estos aportes se estiman en $6.000 millones mensuales, se verán significativamente afectados. Un ejemplo es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), que ascendía a $4.725,02 por empleado en marzo. El sistema, que cubría a 1,2 millones de trabajadores, generaba alrededor de $70.000 millones anuales.El reclamo de las pymesLas pymes habían denunciado la falta de transparencia en la administración de estos fondos y el carácter coercitivo de las contribuciones. Federico Sturzenegger explicó que el decreto termina con la posibilidad de establecer “impuestos privados” y que la imposición de estas cargas vulneraba la libertad de asociación. La medida aliviará la estructura de costos para muchas empresas, especialmente las más pequeñas. Para las cámaras empresariales, esto implica un desafío para reconfigurar su financiamiento y depender más de los aportes voluntarios de sus afiliados. La medida se enmarca en la política de desregulación del Gobierno.La Voz
