Tensión en España: ola de protestas para que liberen al rapero que agravió al rey
Numerosas ciudades del Estado español –Barcelona, Lleida, Tarragona, Madrid, Valencia, Granada– han ardido estos últimos días. Las manifestaciones están convocadas en apoyo a Pablo Hasel, el rapero catalán puesto en prisión por “apología al terrorismo”.
Hasel se negó a ir voluntariamente a prisión, y junto con estudiantes y activistas de la libertad de expresión se encerró en la rectoría de la Universidad de Lleida obligando a la Policía a violar el recinto universitario, cosa que exteriorizó la represión del Estado español. El objetivo de Hasel se cumplió con creces puesto que no tardó en ser noticia en medios internacionales.
Las primeras manifestaciones se produjeron la noche del martes pasado en Cataluña, horas después de que la Policía se llevara detenido al rapero, de 32 años, para que empezara a cumplir una pena de nueve meses de prisión.
Las protestas fueron violentas e incluso en la ciudad catalana de Vic una comisaria de la Policía autonómica fue asaltada. Las protestas se extendieron el miércoles a Madrid, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la Policía en la céntrica Puerta del Sol.
Después de varias noches de altercados, habría más de 100 detenidos en España. En Barcelona, los encontronazos se recrudecieron después de saberse que una chica de 19 años perdió la visión debido a los disparos de foam efectuados por la Policía. Según los mismos protocolos de la fuerza de seguridad, este tipo de proyectiles nunca deben efectuarse en la parte superior del tronco.
Hasel ingresó en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo en unos comentarios en Twitter publicados entre 2014 y 2016 que le valieron una condena en 2018.
En ellos calificaba al rey Juan Carlos I de “mafioso” y “ladrón” y acusaba a la Policía de matar y torturar a migrantes y manifestantes. En su caso se ha aplicado la conocida Ley Mordaza que permite a los jueces condenar a artistas por sus letras o a ciudadanos por sus publicaciones en redes.
Esa ley la instauró el Partido Popular en el 2015. El periódico The New York Times la definió como una que “trae los recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática”. Tanto Psoe como Podemos prometieron derogar esa ley cuando estaban en la oposición, pero ni Pedro Sánchez –presidente español desde 2018– ni Pablo Iglesias –vicepresidente desde 2020– lo hicieron.
Libertad de expresión
El caso Hasel ha generado un intenso debate sobre la precariedad de la libertad de expresión en España. Amnistía Internacional tachó la pena recibida de “desproporcionada”, y antes de que el rapero ingresara en prisión, unas 200 personalidades, entre ellas el cantante Joan Manuel Serrat, el cineasta Pedro Almodóvar o el actor Javier Bardem firmaron un manifiesto de apoyo.
España tiene –según la ONG Freemuse, una entidad colaboradora de la ONU– el dudoso honor de encabezar el país con mayor número de artistas condenados, más que Irán, China, Egipto, Turquía o Rusia. En el caso de España los artistas condenados lo son por “injurias a la Corona” o “enaltecimiento al terrorismo”.
Huelga decir que la situación de los artistas y cantantes se suma a la prisión de nueve líderes independentistas catalanes por organizar el referéndum autodeterminación de Catalunya en octubre de 2017 y a los más de tres mil ciudadanos catalanes represaliados con penas de prisión y multas. Tal realidad empaña lógicamente la percepción exterior de España como un país democrático; y no sin razón: Hasel ha sido condenado cantar sobre el rey emérito Juan Carlos I las mismas cosas que los medios internacionales publicaron durante muchos años.
Pese a eso, los sucesivos gobiernos españoles históricamente siempre ha efectuado un bloqueo total a cualquier iniciativa en el Parlamento español que pudiera conducir a una investigación de la corrupción real.
El gobierno de izquierdas actual no ha sido menos, y en enero de 2020 votó en contra de investigar el supuesto cobro de comisiones saudíes al rey Juan Carlos I.
Uno sospecha que es precisamente esta inacción, esta defensa institucional y esta aplicación masiva de la Ley Mordaza lo que muy probablemente ha hundido a la corona española para siempre.
Sexta jornada de furia en Barcelona
La capital catalana es el epicentro de las protestas.
Barcelona volvió a ser el epicentro por sexta noche consecutiva de los altercados derivados de las protestas contra la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por los delitos de apología del terrorismo e injurias a la corona de España.
Varios centenares de personas se reunieron en la tarde de ayer en la estación ferroviaria de Sant, la principal de la capital catalana, donde ya había desplegado un fuerte dispositivo policial.
Desde allí los manifestantes se desplazaron rodeados por la Policía hasta las calles del centro de la ciudad, escenario de los primeros enfrentamientos de un grupo de violentos que comenzaron a lanzar objetos, como piedras, bolsas de basura y botellas de vidrio, contra las fuerzas de seguridad.
La protesta había sido convocada bajo el lema “Nos habéis enseñado que ser pacífico es inútil”.
El Ayuntamiento de Barcelona retiró horas antes 108 contenedores de basura para evitar que fueran utilizados como barricadas e incendiados, al igual que ocurrió en las noches anteriores.
Muchos comercios se habían protegido tapiando sus puertas y escaparates para evitar lo sucedido el sábado en los establecimientos del centro de Barcelona, que en muchos casos fueron saqueados.
Las manifestaciones, que comenzaron el pasado martes, han dejado hasta el momento 102 personas detenidas, de las que sólo una ha ingresado en prisión, y 82 policías heridos, casi todos de carácter leve.
Tras los fuerte disturbios y destrozos del sábado por la noche, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordó ayer que manifestarse es un derecho, pero que “los altercados no son la solución y no están justificados”, porque únicamente perjudican a los vecinos y a los comercios.
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