Sin inmunidad parlamentaria, separatistas catalanes quedaron más cerca de ser extraditados a España
El plenario del Parlamento Europeo (PE) aprobó este martes la suspensión de la inmunidad parlamentaria de los eurodiputados catalanes Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, requeridos por España por el intento de independencia de Cataluña en 2017, en un fallo que puede repercutir en el diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con las autoridades de la región.
La inmunidad de Puigdemont, expresidente de Cataluña, fue levantada por 400 votos a favor y 248 en contra y 45 abstenciones, al tiempo que las mociones contra Comín y Ponsatí fueron adoptadas por 404 votos contra 247, con 42 abstenciones, anunció la mesa del plenario, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AFP.
“Es un día triste para el Parlamento Europeo. Nosotros hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más que eso, y como resultado también la democracia europea. (…) Es un caso claro de persecución política”, expresó Puigdemont en una conferencia de prensa.
La decisión de este martes no afecta por el momento la situación de los tres dirigentes catalanes, que podrán seguir desempeñando sus funciones de eurodiputados.
Durante el frustrado intento independentista de 2017 Puigdemont era el presidente del gobierno catalán, Comín su Consejero regional (equivalente a ministro) de Salud y Ponsatí, de Educación.
Conocida la decisión, los separatistas en el poder regional de Cataluña pusieron en duda la voluntad de “diálogo” mostrada por el Gobierno de Sánchez, por cuanto el principal partido en el poder, el socialista obrero (PSOE), apoyó la suspensión de la inmunidad parlamentaria de los tres eurolegisladores, que abre la puerta a una posible extradición a España para su juzgamiento.
“Esto dista mucho de tener voluntad de diálogo”, arremetió Meritxell Budó, portavoz del Gobierno regional, que los independentistas controlan de forma interina hasta la investidura de un nuevo dirigente tras las elecciones regionales de febrero.
El Gobierno español “debe decidir si está en un lado o en otro, si está por el diálogo o por la venganza, como hemos visto hoy”, añadió Budó.
Desde su llegada al poder en 2018, Sánchez abogó por apaciguar el conflicto en Cataluña e incluso accedió a entablar una mesa de negociación con las autoridades regionales que se ha visto paralizada por la pandemia.
Además de la suspensión de la inmunidad de los eurodiputados, los separatistas conocieron también este martes que un juez de Barcelona revocó el régimen de semilibertad a siete dirigentes encarcelados por la misma causa.
En 2019, nueve dirigentes, entre ellos varios compañeros de Gobierno de Puigdemont, recibieron de 9 a 13 años de cárcel por sedición.
El expresidente y los otros dos eurodiputados evitaron ser juzgados por haber huido a Bélgica días después de la fallida declaración de independencia.
Comín permaneció en Bélgica con Puigdemont, pero Ponsatí viajó a Escocia.
En 2019, Puigdemont, Comín y Ponsatí obtuvieron bancas en el PE en las elecciones europeas de ese año, y desde entonces gozaban de inmunidad parlamentaria.
El levantamiento de ese beneficio era condición para que la justicia de Bélgica y Escocia puedan analizar pedidos presentados por el Tribunal Supremo español, que exige el envío de los tres para ser procesados en su país.
En Madrid, la ministra de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya, dijo que la decisión del PE mostraba que Puigdemont y sus dos exministros no pueden ocultarse tras sus bancas para evitar comparecer ante la Justicia española.
El voto del Parlamento Europeo señala que “los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa”, dijo la ministra, citada por la agencia de noticias Europa Press.
Dolors Montserrat, eurodiputada del derechista Partido Popular (PP) español, dijo al canal estatal TVE que con la decisión del PE “gana España, gana Europa, gana la democracia”.
“Puigdemont no es un perseguido político, es un fugado”, agregó.
Los tres eurodiputados ya adelantaron que elevarán el caso a la máxima instancia legal del bloque, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La Justicia española acusa a Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí de sedición.
La defensa de los tres eurodiputados se apoya en vicios de procedimiento y de competencias, ausencia de pruebas y persecución política.
Los tres mayores bloques políticos del Parlamento Europeo -el Grupo del Partido Popular, los Socialistas y Demócratas, y los liberales de Renovar Europa- habían adelantado que votarían a favor de levantar la inmunidad.
Las tres bancadas representan 417 sobre un total de 705.
Por su parte, la legisladora nacionalista flamenca Assita Kanko señaló en Twitter que el voto era “indignante”.
“No participo de esa persecución política”, añadió.
Aamer Anwar, abogado de Ponsatí en Escocia, denunció en Twitter el “voto vergonzoso” del Parlamento, y agregó que “la batalla continúa”.
El trámite judicial, sin embargo, no será sencillo.
En enero, la justicia belga ya rechazó un pedido español de extradición de otro consejero catalán, Lluís Puig, quien fue consejero de Cultura y reside actualmente en Bélgica, argumentando el “riesgo de violación de sus derechos fundamentales” y cuestionó así la competencia del Tribunal Supremo español en este caso.
