¿Quién se hará cargo de Cristina Kirchner?
Por fin se supo que Cristina Kirchner se propuso llevarlo al peronismo a la cárcel. ¿Cómo se explicaría, si no, el arrebato de la expresidenta para liderar el Partido Justicialista, con el que nunca se identificó, poco antes de ser condenada a prisión? Una vieja anécdota cuenta que cuando el entonces senador Antonio Cafiero le pidió a ella, también senadora en aquella época, su firma para levantar una estatua en homenaje a Perón, Cristina Kirchner le respondió: “Jamás firmaré nada para honrar a ese viejo traidor”. Haya sido su propósito o no, lo cierto es que el partido de Perón dará con sus huesos en la cárcel el día en que Cristina Kirchner deba cumplir la prisión efectiva con la que ya la condenaron nada menos que por el delito de administración fraudulenta del Estado. Extraña que el peronismo, un partido de poder que nació bajo la sombra del poder, no reaccione ante los caprichos políticos de quien fue su jefa en los últimos 14 años. El peronismo fue más frío e implacable con Carlos Menem o con Eduardo Duhalde; los colocó en la alcantarilla de la historia no bien se quedaron sin poder electoral. En su ofensiva actual, es posible que Cristina Kirchner aspire también a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo año. ¿Podrá serlo? Sí, salvo que el Congreso sancione la ley de ficha limpia, que promueve el partido de Mauricio Macri con el apoyo del radicalismo. La reciente sentencia de la Cámara de Casación, que ratificó la pena que le impuso a Cristina el tribunal oral, será recurrida ante la Corte Suprema de Justicia, pero, según funcionarios judiciales, no llegará al máximo tribunal hasta mediados de febrero próximo. Cristina será inhabilitada para ejercer cargos públicos durante su vida, pero esa condena será efectiva, junto con la prisión, cuando la ratifique la Corte Suprema. Todas las partes, incluido el fiscal, pidieron o pedirán prórrogas de hasta cien días para presentar el recurso extraordinario ante la Corte. Nadie le dará, seguramente, cien días a nadie, pero alguna postergación habrá.
El problema es que la Corte Suprema quedará a partir del 29 de diciembre solo con tres jueces porque ese día el juez Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años y se jubilará. Al ser un tribunal de cinco jueces, la mayoría es de tres; es decir, sin Maqueda no podría haber una resolución de la Corte con dos votos contra uno. Por lo tanto, los tres magistrados que quedarán (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) deberán votar en forma unánime o, en caso de disidencia de alguno, deberán convocar a conjueces, que por lo general surgen de un sorteo entre los presidentes de las cámaras federales. El caso de Cristina Kirchner podría alargarse y es probable que ese sea el argumento de Milei para nombrar por decreto al juez federal Ariel Lijo como juez en comisión de la Corte Suprema, sin el constitucional acuerdo del Senado. Un zafarrancho jurídico, que es probable que ni el propio Lijo lo acepte. Pero todo es posible cuando se tiene, como el mileísmo, tan poco apego a las instituciones y cuando, como Lijo, está a punto de conocer cómo es el cielo. Es probable ese adefesio jurídico, además, porque el Gobierno vive su mejor primavera política desde que asumió y, sobre todo, porque casi todos los economistas serios prevén una inflación anual para el año próximo de entre el 25 y el 40 por ciento y un crecimiento de entre el 4,5 y el 6 por ciento. “Nosotros estamos seguros de que la inflación será cero el año que viene y de que creceremos al 10 por ciento”, replican funcionarios cercanos a Milei, disconformes con los excelentes pronósticos de los economistas ortodoxos. Nada los conforma. Solo está trabando el acuerdo senatorial a Lijo la sensación de muchos senadores de que Cristina Kirchner no le dará ese gusto a Milei luego de que este festejara su condena y de que, encima, se atribuyera la facultad de negarle su jubilación y la pensión por su marido muerto. Las dos jubilaciones juntas son una injusticia sin nombre ni medidas, pero las aprobó un juez. Un juez seguramente malo y tendencioso, pero debe ser la Justicia la que revoque la decisión de un juez y, en todo caso, la prive también de su jubilación como presidenta. Toda sobreactuación es una mala receta política.
En ese contexto, entró en discusión si el Gobierno apoyará en los próximos días, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ficha limpia. Es evidente que Milei juega a polarizar con Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de 2025. Cuidado: las encuestas más serias la dan ganando a Cristina en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por su peso en el monumental conurbano pobre, frente a Karina Milei, que sería la mejor candidata del oficialismo por portación de apellido. Ojo: el macrismo también apostó a la polarización con la expresidenta y Cristina Kirchner terminó apoltronada en la butaca de los vicepresidentes. Macri adelantó ahora entre íntimos que no hará concesiones con el proyecto de ficha limpia y no por Cristina Kirchner, sino porque es hora, dicen los macristas, de poner gente honesta en los cargos de la política. Ese proyecto, si es aprobado por Diputados y luego por el Senado, le impedirá a Cristina ser candidata en las elecciones del año próximo. La conclusión consiste en que la candidatura –o no– de la expresidenta en 2025 depende ahora más de la política que de la Justicia. En este caso podría haber una coincidencia en la práctica entre el mileísmo y Cristina Kirchner: Milei parece necesitarla como adversaria y ella no quiere que una ley de ficha limpia la expulse de las elecciones por venir.
La candidatura -o no- de la expresidenta en 2025 depende ahora más de la política que de la Justicia
La Cámara de Casación privilegió en el caso Vialidad el doble conforme de una sentencia para facilitar –y agilizar, por qué no– la decisión de la Corte Suprema. Esa cámara le fijó a Cristina Kirchner la misma pena que estableció el tribunal oral que la juzgó hace un año y medio por la corrupción en la obra pública. Si existieran dos condenas distintas de dos tribunales diferentes, la Corte necesitaría mucho más tiempo para decidir. Los plazos judiciales podrían ser interminables en ese caso. Todavía faltan, además, el juicio oral y la condena por Hotesur y Los Sauces, las dos empresas de la familia Kirchner, en las que supuestamente se lavó el dinero de la corrupción que se obtuvo con las obras públicas. Mediante licitaciones amañadas, esas obras fueron puestas en manos de Lázaro Báez, el histórico amigo de los Kirchner. Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, los jueces de Casación que acaban de confirmar la condena del tribunal oral a Cristina Kirchner, seguramente le aceptarán a esta que recurra ante la Corte Suprema para que revise la decisión de ellos. No le negarán esa posibilidad. Ya tuvo suficiente tiempo para declararse como la más grande perseguida en la historia de la humanidad desde de los mártires cristianos.
El macrismo hará todo lo que pueda –y lo que no, también– para restablecer en su plenitud la ley de acceso a la información pública, que esa corriente política considera uno de los grandes logros de su gestión. Es cierto que el país ascendió muchos escalones en los índices internacionales de transparencia desde que se aprobó esa ley en el gobierno de Macri. Pero Milei dictó hace poco un simple decreto por el que restringió seriamente los alcances de la ley que les permitió al periodismo y a la Justicia conocer los ingresos a la residencia de Olivos durante los gobiernos de Macri, de Alberto Fernández y del propio Milei. Los progresos de la Justicia sobre la fiesta en Olivos en plena cuarentena, en el gobierno del Fernández presidente, fueron posibles por esa ley; hoy tales reclamos de los jueces no serían viables. Milei la consideraría información íntima que debe permanecer en reserva, según su decreto que modificó la ley de Macri. El macrismo adelantó también que se opondrá al proyecto del gobierno de aplicarles el IVA a los medios periodísticos; lo hará para que le sea más accesible a la gente común el conocimiento de lo que sucede en la sociedad, en la política y en el mundo. Existe también un mejor argumento: fue una decisión para dañar claramente a los medios, porque les mantuvieron las exenciones a los libros, los espectáculos deportivos, los recitales, los shows, los teatros y los cines. Milei podría conseguir otra vez la extraña alianza de Cristina Kirchner siempre que se proponga molestar a los medios periodísticos y a los periodistas.
Karina Milei y Santiago Caputo (a los que se agregó últimamente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos) miran torvamente a Macri. Sostienen la teoría de que la cercanía con el expresidente es innecesaria. “El voto de Pro ya es nuestro, dicen al lado de ellos, y la figura de Macri podría eclipsar a Milei”. Javier Milei es el único que siempre tiene buenas referencias públicas sobre Macri. La pregunta que nadie responde es si aquella posición de su hermana y de su poderoso asesor cuenta con la aprobación del Presidente. Resultaría extraño que la respuesta fuera que no en un gobierno con el poder tan concentrado en una sola persona.
Sin embargo, Milei demostró más astucia política que su hermana y que el influyente asesor. Legisladores que responden directamente al jefe del Estado aseguran que este nunca dejó de tener en cuenta que Macri le asegura a Milei el derecho de veto en el Congreso. Los vetos presidenciales pueden ser rechazados solo con los dos tercios de los legisladores presentes de cada cámara del Congreso. Pro cuenta con 38 diputados nacionales y Milei tiene 42. El tercio indispensable en Diputados requiere de 86 diputados. El oficialismo debe buscar un puñado de votos más, que generalmente los consigue entre peronistas apátridas. Pero sin los 38 diputados de Macri sería una misión imposible alcanzar el tercio que necesita para evitar los dos tercios de la oposición. Ni la política ni la aritmética legislativa se interesan por la conservación del derecho de veto de Milei; es la economía la que está pendiente de si el poder seguirá en manos de un presidente inexperto y frágil.
La candidatura -o no- de la expresidenta en 2025 depende ahora más de la política que de la Justicia; la condenaron, en segunda instancia, por el delito de administración fraudulenta del EstadoLA NACION
