Previo al crimen, Aralí habría sido abusada por su padrastro y el amigo: les agravaron la imputación
Previo a que el fiscal de San Francisco Oscar Gieco derive el caso a su par de la ciudad de Morteros, Yamila Di Tocco (que retornó de su licencia), decidió que Matías Ezequiel Simeone y Cristian Hernán Varela, ambos principales acusados del homicidio de Aralí Vivas, de 8 años ), sean imputados ahora por homicidio criminis causa, un delito que podría derivar en condena a prisión perpetua. Simeone es el padrastro de la niña fallecida y Varela es su amigo.
La decisión –pudo saber La Voz- la tomó el fiscal Gieco tras la confirmación de que a la niña de Brinkmann la abusaron sexualmente previo a matarla.
Así se desprende del estudio forense que arrojó la presencia de material genético masculino en su cuerpo. El informe llegó en las últimas horas a la oficina judicial de la Fiscalía.
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Esta pieza del rompecabezas le faltaba a Gieco para endurecer las imputaciones de los dos hombres y para ratificar la hipótesis de que Simeone y Varela, de 33 y 40 años respectivamente, mataron a Aralí para ocultar un delito previo, que en este caso sería el abuso sexual.
En el inicio de la investigación habían sido imputados de homicidio simple y luego pasaron a ser acusados de homicidio calificado.
Junto a ellos hay otra detenida, la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch, imputada como partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo, por comisión por omisión. Pero no se la vincula hoy materialmente con el asesinato de la pequeña.
Rauch fue indagada el pasado viernes y negó los cargos en su contra y se abstuvo de seguir declarando. Simeone y Varela, aún no fueron indagados. Todos permanecen detenidos en el penal de Bouwer, en Córdoba.
Un incendio para despistar
La muerte de Aralí dataría de la madrugada del sábado 2 de noviembre, entre la 1 y las 6 de la mañana aproximadamente.
Cámaras de seguridad de la zona vieron a Simeone y Varela en la vivienda donde se encontraban Aralí y sus hermanos, yendo y viniendo en determinados horarios. La madre se había ido el día anterior y nunca regresó a la casa previo a la tragedia.
En horas de la siesta de ese día la casa tomó fuego. Alertados por vecinos, arribaron bomberos voluntarios que, a poco de apagar las llamas, hallaron el cadáver de una nena que se encontraba sola en la vivienda. Se trataba de Aralí.
Lo que parecía un incendio trágico tuvo un giro inesperado: por un lado, los peritos de la Dirección Bomberos de la Policía descubrieron que el fuego había sido intencional en la casa; por otro lado, los forenses descubrieron que la niña no presentaba monóxido de carbono en su organismo. Había sido asesinada previamente.
El fiscal Gieco, quien estaba a cargo circunstancialmente de Morteros, se puso a trabajar en la causa y ordenó una serie de distintas medidas procesales, entre peritajes y toma de testigos y de pruebas. En ese marco, el estudio forense determinó, a priori, que Aralí había sido víctima de abusos y que presuntamente había muerto a causa de golpes.
Simeone había sido condenado en septiembre de 2023 en un juicio por amenazas y violencia de género y estaba con prisión condicional. La sospecha fiscal es que la pequeña había sido víctima de abusos y fue asesinada. Para ocultar el crimen, se incendió su casa.
Organismos públicos en la mira
Por otro lado, en relación al porqué Aralí y sus hermanos menores vivían en un contexto peligroso para su integridad física, Gieco reiteró días atrás que los informes que recibieron hace unos meses fueron de parte de la Senaf a través de la Uder de San Francisco “para el cese de medidas de tres menores que estaban retirados de su vivienda”, hermanos de la niña.
“Lo que estamos haciendo es pedir informes a los distintos organismos que estaban a cargo de ese reintegro para determinar si hubo o no negligencia, todo depende de los antecedentes que se están reuniendo”, señaló el fiscal, quien ya derivó el caso.
Es ahora Di Tocco la que deberá continuar la investigación y, además, determinar las responsabilidades respecto a la Senaf y a la Uder de San Francisco por la reinserción de los niños a la casa donde ocurrió el homicidio.
Previo a que el fiscal de San Francisco Oscar Gieco derive el caso a su par de la ciudad de Morteros, Yamila Di Tocco (que retornó de su licencia), decidió que Matías Ezequiel Simeone y Cristian Hernán Varela, ambos principales acusados del homicidio de Aralí Vivas, de 8 años ), sean imputados ahora por homicidio criminis causa, un delito que podría derivar en condena a prisión perpetua. Simeone es el padrastro de la niña fallecida y Varela es su amigo.
La decisión –pudo saber La Voz- la tomó el fiscal Gieco tras la confirmación de que a la niña de Brinkmann la abusaron sexualmente previo a matarla.
Así se desprende del estudio forense que arrojó la presencia de material genético masculino en su cuerpo. El informe llegó en las últimas horas a la oficina judicial de la Fiscalía.
Más noticias de San Francisco y zona
Esta pieza del rompecabezas le faltaba a Gieco para endurecer las imputaciones de los dos hombres y para ratificar la hipótesis de que Simeone y Varela, de 33 y 40 años respectivamente, mataron a Aralí para ocultar un delito previo, que en este caso sería el abuso sexual.
En el inicio de la investigación habían sido imputados de homicidio simple y luego pasaron a ser acusados de homicidio calificado.
Junto a ellos hay otra detenida, la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch, imputada como partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo, por comisión por omisión. Pero no se la vincula hoy materialmente con el asesinato de la pequeña.
Rauch fue indagada el pasado viernes y negó los cargos en su contra y se abstuvo de seguir declarando. Simeone y Varela, aún no fueron indagados. Todos permanecen detenidos en el penal de Bouwer, en Córdoba.
Un incendio para despistar
La muerte de Aralí dataría de la madrugada del sábado 2 de noviembre, entre la 1 y las 6 de la mañana aproximadamente.
Cámaras de seguridad de la zona vieron a Simeone y Varela en la vivienda donde se encontraban Aralí y sus hermanos, yendo y viniendo en determinados horarios. La madre se había ido el día anterior y nunca regresó a la casa previo a la tragedia.
En horas de la siesta de ese día la casa tomó fuego. Alertados por vecinos, arribaron bomberos voluntarios que, a poco de apagar las llamas, hallaron el cadáver de una nena que se encontraba sola en la vivienda. Se trataba de Aralí.
Lo que parecía un incendio trágico tuvo un giro inesperado: por un lado, los peritos de la Dirección Bomberos de la Policía descubrieron que el fuego había sido intencional en la casa; por otro lado, los forenses descubrieron que la niña no presentaba monóxido de carbono en su organismo. Había sido asesinada previamente.
El fiscal Gieco, quien estaba a cargo circunstancialmente de Morteros, se puso a trabajar en la causa y ordenó una serie de distintas medidas procesales, entre peritajes y toma de testigos y de pruebas. En ese marco, el estudio forense determinó, a priori, que Aralí había sido víctima de abusos y que presuntamente había muerto a causa de golpes.
Simeone había sido condenado en septiembre de 2023 en un juicio por amenazas y violencia de género y estaba con prisión condicional. La sospecha fiscal es que la pequeña había sido víctima de abusos y fue asesinada. Para ocultar el crimen, se incendió su casa.
Organismos públicos en la mira
Por otro lado, en relación al porqué Aralí y sus hermanos menores vivían en un contexto peligroso para su integridad física, Gieco reiteró días atrás que los informes que recibieron hace unos meses fueron de parte de la Senaf a través de la Uder de San Francisco “para el cese de medidas de tres menores que estaban retirados de su vivienda”, hermanos de la niña.
“Lo que estamos haciendo es pedir informes a los distintos organismos que estaban a cargo de ese reintegro para determinar si hubo o no negligencia, todo depende de los antecedentes que se están reuniendo”, señaló el fiscal, quien ya derivó el caso.
Es ahora Di Tocco la que deberá continuar la investigación y, además, determinar las responsabilidades respecto a la Senaf y a la Uder de San Francisco por la reinserción de los niños a la casa donde ocurrió el homicidio.La Voz