Un problema bien planteado es un problema resuelto. No ha sido el caso del federalismo en Argentina, uno de los grandes pendientes desde los tiempos fundacionales. Esa herida abierta costó mucho y sigue costando; tal vez la consecuencia más grave es la falta de una ley de coparticipación desde hace 30 años, que da lugar a las peores arbitrariedades y sumisiones.
Mientras el mundo se reconfigura en base a dos ejes fundamentales, la geopolítica y la inteligencia artificial, corremos el riesgo de desperdiciar otra oportunidad: como lo fuera el campo, ahora la energía y la minería son centrales para ese nuevo mundo, precisamente por mayores precios y necesidad material de nuestros recursos minerales estratégicos. El hecho es que, como muchas veces en la historia, avanzamos sin previsión, lo que es preludio de fracaso.
En ambos casos, energía y minería, estamos ante una renta extraordinaria producida por recursos no renovables. Harto se ha discutido en economía respecto de qué hacer, especialmente para evitar su derroche (basta recordar los lingotes de oro en los pasillos del Banco Central). Desde la teoría de los juegos de Nash, que mostró la importancia de diseñar reglas que den lugar a equilibrios cooperativos y socialmente superiores, hasta Ostrom, que estudió la eficacia de la acción colectiva privada para la administración de recursos comunes.
En cualquier caso, lo que importa es la conclusión: el mejor equilibrio se logra maximizando la renta. Traducido: mientras más se produzca, es mejor para todos los interesados: las empresas, los ciudadanos, los proveedores y los gobiernos que recaudan. Más producción equivale a más bienestar compartido.
Bajo esta óptica, las leyes provinciales para contratar empleo y proveedores locales (que en algunas provincias llega al 80%) no sólo estarían mal porque limitan la renta, sino también por inconstitucionales: serían aduanas interiores que no pueden establecerse, justamente desde los tiempos en que el país empezó a formarse. Amén de que violarían la cláusula del progreso y la de defensa de la competencia.
Claro, no se puede perder de vista el más allá (y más acá) de las teorías económicas y las leyes: no hay explotación de recursos naturales viable y sostenible sin anuencia social. Y esta solo es posible si se benefician equitativamente todos, incluyendo las generaciones por venir. Y es aquí donde aparece un concepto clave: el federalismo de concertación.
Este dispositivo puede permitir armonizar los intereses de todos. Es hacerse trampa al solitario obligar a contratar a quién no puede o no está en condiciones; mejor crear un mecanismo para que los proveedores de la región cordillerana consigan escala y se asocien con aquellos extranjeros que pueden aportar su técnica y experiencia.
Es difícil postergar la discusión de la coparticipación federal con estos nuevos recursos (que son de las provincias cordilleranas) si el manotazo del gobierno central fomenta más desigualdades en un país cada vez más invertebrado. Y tampoco se puede gastar todo aquí y ahora, desconociendo que los recursos no renovables deben servir de base para una inversión inteligente, en educación, en infraestructura; en definitiva, en desarrollo.
No es tanto encontrar la respuesta como formular bien la pregunta. Federalismo es el enigma; federalismo de concertación es la respuesta.
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