WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con demandar a un centro de estudios de tendencia izquierdista a menos de que se retracte de un informe en el que dice que los despliegues de la Guardia Nacional que ordenó en varias ciudades no redujeron la delincuencia, según alega él.
La carta le dio al Center for American Progress, con sede en Washington, D.C., hasta el cierre de la jornada laboral del viernes para emitir la retractación o de lo contrario enfrentar una demanda por 5.000 millones de dólares. El centro se negó.
La presidenta y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, Neera Tanden, manifestó en un comunicado que la demanda “es un intento evidente de silenciarnos. No nos acobardaremos ni cederemos ante ello”.
El informe, publicado el 13 de julio, criticó al gobierno por atribuirse el mérito de una caída histórica de los delitos violentos en un momento en que ese descenso ya estaba en marcha. El análisis concluyó que el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump “no tuvo un efecto medible en las tendencias de delitos violentos”.
Tanden señaló que el trabajo se basó en el análisis de datos delictivos de la organización y que sus conclusiones simplemente eran “incómodas para el gobierno de Trump”.
En la misiva, enviada el lunes y reportada por primera vez por The New York Times, el abogado de Trump, Alejandro Brito, dijo que el centro debería “retractarse de inmediato de las declaraciones falsas, maliciosas y difamatorias hechas sobre el presidente Trump”.
Brito destacó varios ejemplos de afirmaciones del informe que suscitaron objeciones de Trump. Una decía: “En un esfuerzo por afirmar falsamente que sus políticas han reducido la delincuencia, el presidente se aprovecha del hecho de que los delitos violentos y los homicidios ya estaban disminuyendo en las ciudades que su gobierno seleccionó para estas intervenciones extremas”.
Brito escribió que, si no hay una retractación sobre el informe, a Trump no le quedará otra opción que intentar obtener reparaciones por el “abrumador daño financiero y reputacional que los demandados le han hecho sufrir”. No fue posible contactar a Brito el viernes.
El asesor jurídico general de la organización sin fines de lucro, Kevin Metz, expresó en una carta, en respuesta a la amenaza, que la acusación de difamación “es totalmente absurda: la verdad no es y no puede ser difamación. Los estándares jurídicos aquí son claros, están bien establecidos y protegen la libertad de expresión”.
Amenazar con demandas a quienes considera enemigos, o por la cobertura mediática que no le gusta, forma parte de estrategias de Trump ya muy conocidas. Al comienzo de su segundo mandato, amenazó a numerosos bufetes de abogados con cortarles el acceso al gobierno federal a menos que capitularan ante sus diversas exigencias, cosa que algunos hicieron.
Kevin Goldberg, experto en la Primera Enmienda constitucional en el Freedom Forum —un organismo dedicado a educar sobre las libertades de dicha enmienda—, dijo que este tipo de amenazas de Trump se hacen “con el propósito de intentar doblegar a alguien, más que por el hecho de compensar realmente a Donald Trump por cualquier daño que pudiera haberse causado”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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