Se habla cada vez más de la economía silver y del envejecimiento saludable. Pero detrás de estos conceptos hay una profunda transformación demográfica : vivimos más años y, al mismo tiempo, nacen menos chicos. Esa combinación plantea una pregunta incómoda que todavía no debatimos: ¿quién va a cuidar a las personas mayores que ya no puedan valerse por sí mismas?
Más de una de cada tres personas mayores de 70 años necesita algún tipo de asistencia, proporción que supera el 50% entre los mayores de 80. Tradicionalmente, ese cuidado fue intrafamiliar y recayó principalmente sobre las mujeres. Pero ese modelo ya está cambiando.
Los números no dejan margen para la discusión. En Argentina, los nacimientos cayeron 33% entre 2012 y 2021. En los países de la OCDE, la fecundidad bajó de 3,3 hijos por mujer en 1960 a 1,5 en 2022, muy por debajo de los 2,1 necesarios para el reemplazo generacional. Vivimos más, nacen menos personas y habrá menos hijos disponibles para cuidar a sus padres.
El mundo desarrollado responde a este fenómeno con una industria de cuidados de largo plazo. En Argentina, en cambio, el sector de las residencias para personas mayores sigue fragmentado, con poca escala y altos niveles de informalidad.
Por eso creo que existe una enorme oportunidad para profesionalizar y escalar esta industria. En Estados Unidos, los operadores administran decenas o cientos de establecimientos; España avanza desde hace años en la misma dirección. La escala permite invertir, profesionalizar equipos, incorporar tecnología y elevar los estándares de atención. Una residencia genera cerca de 1,3 empleos directos por residente.
Esa fue la tesis con la que fundé We Care, y la sigo sosteniendo. Para que el sector pueda crecer se necesitan financiamiento de largo plazo y reglas razonables. Estos proyectos requieren grandes inversiones en edificios especialmente diseñados y equipados.
Pero hay un obstáculo que sí podría corregirse hoy: el tratamiento impositivo.
Las residencias geriátricas pagan IVA al 21%, mientras que los servicios de salud tributan al 10,5% o se encuentran exentos, según quién financie la prestación. El contraste es difícil de justificar. Una prepaga que paga una internación en un sanatorio enfrenta una carga de IVA menor que si financia la estadía de ese mismo afiliado en una residencia geriátrica con médicos, enfermería y rehabilitación.
La contradicción es aún mayor porque, para ser habilitados y funcionar, los geriátricos son regulados como establecimientos de salud. En la Ciudad de Buenos Aires necesitan autorización del Ministerio de Salud, deben cumplir exigencias sobre médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas y psicólogos y, para atender afiliados de obras sociales, inscribirse como prestadores ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
En síntesis: para regularnos somos salud; para el tratamiento impositivo, no.
La consecuencia la paga principalmente la familia. El IVA encarece el precio, reduce la demanda e incentiva la informalidad. Y si aceptamos que la población envejece, que la necesidad de cuidados aumentará y que la oferta actual es insuficiente, tanto en cantidad como en calidad, entonces el Estado no debería desalentar el desarrollo de una oferta profesional y de mayor nivel con un tratamiento impositivo que la encarece.
La propuesta es simple: reconocer a los servicios geriátricos un tratamiento equivalente al de los servicios de salud y aplicar una alícuota del 10,5%. No se trata de pedir un privilegio, sino de corregir una inequidad.
Un país que envejece necesita más camas de cuidado de calidad, no un impuesto que las haga más caras. Si para regularnos somos salud, para tributar también deberíamos serlo.
Diego Petracchi es Cofundador y CEO de We Care, Residencia para Personas Mayores.
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