Un hito histórico para la conservación ambiental de Centroamérica se concretó en el norte de Guatemala. Tras la finalización definitiva del Contrato 2-85 —suscrito originalmente en 1985 y prorrogado en 2010—, el Estado guatemalteco asumió la posesión y control operativo del Campo Xan, la refinería La Libertad y el oleoducto del Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), instalaciones operadas durante cuatro décadas por la compañía anglo-francesa Perenco Guatemala Limited.
Guacamayas dentro del Parque Nacional del Tigre.
Ubicado en el municipio de San Andrés, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), el yacimiento fue la principal fuente de hidrocarburos de la nación. Sin embargo, en virtud de la legislación vigente y la política ambiental impulsada por la administración del presidente Bernardo Arévalo, la concesión no fue renovada, poniendo fin a la extracción comercial de crudo en el corazón de la Reserva de la Biosfera Maya.
Además de los pozos y plantas procesadoras, pasaron a manos estatales activos estratégicos de la zona: una pista de aterrizaje, un centro de salud y el ferry que realiza el cruce sobre el río San Pedro en la aldea El Naranjo. La custodia del perímetro quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala para evitar invasiones y resguardar la infraestructura.
482 millones de barriles y una pesada huella ecológica en el humedal mesoamericano
El balance económico y ambiental de estas cuatro décadas refleja profundos contrastes. Desde 1985, del Campo Xan se extrajeron aproximadamente 482 millones de barriles de crudo pesado, generando al Estado ingresos brutos superiores a los 1.500 millones de dólares. Pese a estas cifras, la actividad petrolera nunca llegó a consolidarse como un pilar macroeconómico, representando en sus años de mayor bonanza menos del 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Una jaguar en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Foto: CONAP
En contrapartida, la fragmentación del ecosistema en el Parque Nacional Laguna del Tigre —considerado el humedal de agua dulce más extenso de Mesoamérica— resultó devastadora. La apertura de caminos de acceso facilitó el avance de asentamientos no autorizados, la tala ilegal, la ganadería extensiva y la degradación del bosque nativo, perdiéndose miles de hectáreas de cobertura forestal (tan solo en 2024, más de 7.000 hectáreas sufrieron impactos por incendios).
La zona alberga una biodiversidad crítica que incluye la mayor población nidificante de guacamaya roja del país, el jaguar, el tapir centroamericano, 54 especies de peces y 97 variedades de mariposas, distribuidos en un sistema que concentra el 70% de las fuentes hídricas de la Reserva de la Biosfera Maya.
Declaratoria de emergencia y un plan de saneamiento de 50 millones de dólares
Ante la falta de un protocolo de clausura en la ley petrolera tradicional, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), encabezado por el ministro Víctor Hugo Ventura, declaró el estado de emergencia institucional. La medida permite la contratación directa de firmas especializadas para dirigir el cierre técnico de los pozos, previniendo contingencias como filtraciones de gas sulfhídrico o la contaminación de los mantos freáticos.
La Reserva de la Biosfera Maya Foto: EFE/J.J. Guillén
Según estimaciones del MEM y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el proceso de sellado, desmantelamiento y remediación ambiental requerirá una inversión aproximada de 50 millones de dólares y podría extenderse hasta por 20 años.
Por su parte, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) se ha instalado en el campamento de Xan para liderar la estrategia de regeneración asistida. Este plan contempla cinco ejes de acción (biótico, hídrico, suelo, desechos y aspecto social) para devolverle al parque su integridad ecológica, apoyándose en la agenda transfronteriza del "Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya" junto a México y Belice.
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