La administración Trump admite que utilizó palabras clave para cancelar subvenciones para programas de investigación de la Universidad de California (UC) relacionados con diversidad, género, reticencia a las vacunas y COVID-19. La admisión anticipa un nuevo escándalo en la Casa Blanca.
El dato surge de varios documentos presentados en julio ante un tribunal federal, como parte de la causa Thakur vs. Trump, iniciada por investigadores de la Universidad de California para recuperar cerca de 2.000 millones de dólares en fondos federales que fueron cancelados.
Los abogados de los demandantes sostienen que este reconocimiento constituye una prueba de que el gobierno retiró de manera ilegal las subvenciones y solicitaron al juez que dicte sentencia sin necesidad de llegar a juicio.
La audiencia para analizar ese pedido está prevista para el 20 de octubre.
¿Una violación a la Primera Enmienda?
Según los documentos incorporados a la citada causa, las agencias federales no cancelaron las subvenciones por incumplimientos específicos de cada proyecto, sino que aplicaron criterios generales mediante búsquedas por palabras clave.
La Universidad de California Los Ángeles (UCLA) es una de las perjudicadas por la administración Trump con retiros ilegales de fondos para investigación. Foto: UCLA, Facebook.
Para los investigadores, esto demuestra que la administración de Donald Trump seleccionó proyectos por su contenido y no por su desempeño, lo que representaría una violación de la 1ª Enmienda de la Constitución.
La demanda sostiene tres principales objeciones constitucionales:
• El gobierno habría utilizado búsquedas por palabras clave para cancelar de manera masiva investigaciones consideradas políticamente inconvenientes, restringiendo la libertad de expresión académica.
• También habría eliminado 283 subvenciones del Departamento de Energía otorgadas a estados que votaron mayoritariamente por Kamala Harris en las elecciones de 2024, mientras tuvo financiamiento en estados con mayoría republicana.
• Además, los demandantes afirman que el gobierno incumplió la obligación constitucional de destinar los fondos aprobados por el Congreso a los fines establecidos por la ley.
Los documentos incorporados al expediente muestran de qué manera distintas agencias aplicaron filtros para seleccionar proyectos.
El Departamento de Transporte canceló seis subvenciones por unos 42 millones porque estaban vinculadas con conceptos como "equidad en el transporte", "comunidades desfavorecidas", "diversificación de la fuerza laboral" o "equidad".
Tres de esos proyectos, dirigidos por un profesor de la UC en Davis, provocaron la interrupción de 79 investigaciones en curso, obligaron a 77 investigadores a abandonar sus trabajos y dejaron sin financiamiento a más de 40 estudiantes de grado y posgrado.
Algunas de las investigaciones estaban relacionadas con la reticencia a las vacunas. Foto: Freepik.
Por su parte, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) reconocieron que utilizaron una herramienta informática interna para localizar subvenciones que incluyeran expresiones como "equidad sanitaria", "diversidad de la fuerza laboral", "racismo estructural" u "orientación sexual".
Solo esa agencia suspendió o canceló más de 1.000 subvenciones de la UC, incluidas cerca de 700 de la UCLA, destinadas a investigaciones sobre vacunas, cáncer y desigualdades en salud.
Los NIH también admitieron que es posible que el antiguo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk durante 2025, haya utilizado herramientas de inteligencia artificial para identificar proyectos susceptibles de ser cancelados.
Los abogados de los investigadores sostienen que estas admisiones demuestran que las agencias identificaron determinados enfoques científicos, buscaron proyectos que los incluyeran y retiraron el financiamiento precisamente por ese motivo.
Irreconciliables. Donald Trump y Gavin Newsom han discutido y polemizado en estos años de gobierno por las formas y el fondo de las medidas que tomaban mutuamente. Foto de enero de 2025, visita a Los Ángeles por los incendios. Mark Schiefelbein. AP.
Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), otra de las entidades demandadas, negocia un acuerdo con los investigadores para evitar continuar con el litigio.
En un caso separado, un juez federal de Massachusetts también falló recientemente contra la administración Trump al considerar que el gobierno no puede cancelar subvenciones ya otorgadas únicamente porque dejaron de ajustarse a las nuevas prioridades políticas de la Casa Blanca. Esa decisión podría influir en el desarrollo de la causa presentada por los investigadores de la Universidad de California.
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