Cumplidos 300 días sin que el gobierno de Javier Milei cumpla la ley del Congreso sobre financiamiento de las Universidades, gremios docentes convocaron a un nuevo paro nacional que comenzará este martes 18 y se extenderá hasta el sábado 22, para exigir la “aplicación inmediata” de la norma y el pago de lo adeudado en salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles.
La protesta es impulsada por CONADU Histórica y tendrá alcance en las universidades nacionales. Dentro de esa federación, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) empuja mantener el paro por tiempo indeterminado, hasta el cumplimiento de la ley.
Según distintos cálculos, el Gobierno adeuda una recomposición salarial de entre 28,5% a 31.2%, sin sumar el retroactivo desde que la ley está vigente y “que también se siguen reclamando”.
La semana pasada, en que la mayoría de las universidades iniciaron el segundo cuatrimestre, hubo paro el miércoles 12 convocado por varias federaciones sindicales.
A todo esto, CONADU, otra de las federaciones grandes, ya llamó a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, y para esta semana, a “Carpas por la Universidad y la Soberanía” frente al Palacio Pizzurno -sede de la Secretaría de Educación- y en todo el país.
Por su parte, la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocó este miércoles 19 a las 11 horas, frente al Palacio Pizzurno, para continuar exigiendo al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
“Se cumplen 300 días desde que el Gobierno decidió no cumplir una ley sancionada por el Congreso. No estamos hablando de una diferencia de criterios ni de una discusión presupuestaria: estamos hablando de una obligación legal. El Gobierno no puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no. La Ley 27.795 está vigente y tiene que aplicarse”, expresó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA.
Las universidades tienen a su favor un fallo cautelar de diciembre, confirmado por la Cámara de Apelaciones en marzo, que ordena pagar la recomposición salarial establecida en la ley. Y el 25 de junio la Corte Suprema rechazó el último recurso del Gobierno. Así, la ejecución de la medida cautelar volvió a quedar en manos del juez de primera instancia Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Federal N° 11, quien la ordenó.
El juez convocó la semana pasada a una audiencia para este viernes 21 de agosto, a partir de la cual habría novedades judiciales.
El pedido fue originado por la Universidad de Buenos Aires. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que llevó adelante la demanda para que se cumpla la ley- en cambio, se opuso y sostuvo que debe cumplirse de inmediato la medida cautelar ya firme. Sin embargo, desde el CIN confirmaron que asistirán a la convocatoria.
El CIN a través de sus abogados ya concurrió hace dos semanas al juzgado de Cormick para pedir que se intime al Gobierno mileísta a cumplir la cautelar, bajo apercibimiento de iniciar una demanda penal contra los funcionarios por desobediencia, y aplicar multas al estado nacional.
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