WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos finalizó una norma el lunes que allanará el camino para que las personas a las que se les ha prohibido poseer armas de fuego debido a condenas penales puedan solicitar que se les restituyan sus derechos sobre armas.
El proceso, puesto en marcha por el recién confirmado secretario de Justicia, Todd Blanche, es una victoria para los defensores de la Segunda Enmienda constitucional, que desde hace tiempo han presionado para que las personas no violentas con condenas por delitos graves tengan una vía para recuperar su derecho legal a poseer armas de fuego.
Blanche afirmó en un comunicado que “la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase, y el gobierno federal no debería privar permanentemente a los estadounidenses de un derecho constitucional sin tener en cuenta si representan un peligro para la seguridad pública”. El fiscal general señaló que el nuevo proceso protegerá la “seguridad pública, al tiempo que brinda a los estadounidenses que lo merecen una vía real hacia la restitución”.
Es la medida más reciente del gobierno del presidente Donald Trump para flexibilizar las restricciones sobre armas de fuego. El Departamento de Justicia actuó a principios de este año para revertir y modificar un conjunto de regulaciones sobre armas. Por separado, el departamento decidió recientemente no impugnar un fallo judicial que anuló regulaciones sobre silenciadores de armas de fuego y ciertas armas.
Durante mucho tiempo, la ley federal ha permitido que las personas a quienes se les han retirado sus derechos sobre armas debido a condenas por delitos graves presenten una petición al gobierno para recuperar la capacidad de poseer armas de fuego, pero el Congreso, desde 1992, ha impedido en la práctica que la Oficina federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos procese las solicitudes.
La norma del gobierno de Trump busca sortear eso mediante el establecimiento de un nuevo sistema de solicitudes que utiliza un portal en línea.
El Departamento de Justicia dice que la restitución se concederá caso por caso, sopesando el historial y la reputación de una persona para determinar si representa una amenaza probable para la seguridad pública. Funcionarios indican que se rechazará a las personas condenadas por delitos violentos, a los delincuentes sexuales registrados, a quienes viven en el país de manera ilegal y a otros que, según las autoridades, representan un peligro para la sociedad, “salvo circunstancias extraordinarias”.
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