Comienzo por el final: el monto de 580.270.262.261,46 pesos es la deuda que PAMI mantiene con los prestadores de salud (sanatorios, farmacias, médicos, etc.), cuyo número exacto no ha podido verificarse. El PAMI depende del INSSJP, que fue creado en mayo de 1971 (Ley 19032) y desde entonces ha tenido enormes dificultades para cumplir con sus compromisos económicos por las pésimas administraciones que ha soportado, con crisis puntuales por la baja calidad de sus prestaciones. Hoy acumula una monumental deuda, imputable a todos los gobiernos.
En su Art. 2 la citada ley establecía que el Instituto tendrá por objeto principal la prestación a jubilados y pensionados de servicios médicos asistenciales. Objetivo éste que jamás se cumplió. En sus 55 años, sus fondos han sido motivo de saqueos y desmanejos financieros que lo llevan a la caótica situación actual. Corolario de esta inmoral situación, el desamparo brutal de jubilados y pensionados (¡qué novedad!). Obviamente la cobertura médico-asistencial jamás se cumplió, pero los fondos seguían ingresando; sin embargo, las deudas con los prestadores no se cumplían. El PAMI es lisa y llanamente una mentira pues sus supuestos servicios no son integrales. Solo se cubren parcialmente, pues reconoce un porcentual no superior al 50% tan solo en ciertos remedios. Su servicio telefónico deja mucho que desear y el trato a los jubilados es decididamente malo. ¿Para qué sirve? La respuesta es sencilla: alimentar una enorme burocracia de empleados y personal jerárquico, publicidad; se recurre a los fondos del PAMI para solventar otros rubros que la ley no contempla. Esto es administración fraudulenta. Menos mal que en su último balance reconoce “una crítica situación financiera”.
Ahora bien, al Gobierno no se le ocurre mejor idea que transferir fondos para abonar esta espectacular e inmoral deuda. Lo que cabe hacer es exactamente lo contrario -no pago- y, simultáneamente, proceder a la liquidación inmediata del PAMI, practicar y verificar monto y seriedad de la deuda y proceder a un plan de pago con los acreedores. Al mismo tiempo, crear un plan médico de emergencia para la reordenación de las prestaciones médicas inmediatas o que no admitan demoras. Seguir proveyendo fondos a este organismo ineficiente que ha destruido la confianza pública, por decirlo de una manera suave, es lo mismo que ir a apagar un incendio con nafta. Si el Presidente de la Nación lo lleva a cabo, la ciudadanía entera se lo agradecerá y podremos cantar como La Mosca: “Hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana”.
Javier Ugarte
Voces, reclamos y esperas de jubilados
Soy jubilado (82 años) y por obligación legal soy afiliado del PAMI. Solicité a mi médica de cabecera la autorización para la adquisición de medicamentos de uso habitual y justificado a través de estudios recopilados a lo largo de los años. La profesional me contestó en primer término que como el PAMI no le pagaba más las consultas y le reconocía como única remuneración por mi atención la suma de $ 2.100 mensuales, no podía emitirme más recetas electrónicas por mail y que debía pedir un turno en consultorio para obtenerlas. Mi médica atiende a los pacientes adjudicados a ella por el PAMI tres días por semana en turnos de dos horas cada uno. Le solicité el turno y me citó para el 8 de octubre. Los remedios que tengo que tomar para tratar una arritmia cardíaca tienen un valor sin cobertura PAMI -que es la única forma que me queda para conseguirlos- de $ 180.000 mensuales, que representan un 17% de mi jubilación. Los remedios de mi señora, que es atendida por la misma profesional, cuestan $ 160.000 y representan un 16% de sus ingresos por jubilación. Así cierran los magos de las finanzas argentinas el déficit fiscal.
Adolfo Hugo Chiappe
Se convive con un absoluto desamparo ante la impunidad de las obras sociales. Soy beneficiaria de la Luis Pasteur y tengo un diagnóstico de hipoacusia bilateral y un tumor (neurinoma del VIII par craneal en el oído derecho), condición acreditada mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) bajo el amparo de la Ley N° 24.901. A pesar de la gravedad del cuadro y del dolor físico y emocional, debo tolerar un perverso cinismo administrativo. Mediante un llamado telefónico de una empleada de la sede Congreso -cuyo nombre reservo públicamente para no comprometerla, aunque poseo su registro-, se me notificó el freno total a mis prestaciones esenciales: la solicitud de estudios de resonancia nuclear magnética de cerebro y cerebelo, audiometría y logoaudiometría. Según expresó, la negativa proviene directamente del médico auditor de la entidad. Esta interrupción deliberada sepulta cualquier posibilidad de un correcto seguimiento clínico de mi patología. Lo intolerable y que expone una manifiesta mala fe es que cuando exijo dicha negativa por escrito para ejercer mi derecho a la defensa, se niegan sistemáticamente a entregarla. A este abandono se suma la complicidad silenciosa de su propio equipo interdisciplinario, el cual decide mirar para otro lado e ignorar los reiterados correos electrónicos que les he enviado. Detrás de una afiliada hay una persona cuya salud se deteriora mientras la burocracia de la insensibilidad dilata los estudios fundamentados médicamente. Emplazo públicamente a la Obra Social Luis Pasteur a deponer esta postura, y cumplir con sus obligaciones legales.
Mónica Stolfo
Como ciudadano argentino simplemente quiero destacar lo que toda la población ya sabe y lo vive. Hablo del salario del miedo, el de los jubilados, de 300 dólares mensuales y la tremenda diferencia con lo que perciben nuestros estimados jueces. Tal injusta situación hace creer que lamentablemente en nuestro querido país no existe ningún tipo de razonamiento social ni ciudadano que entienda que, si bien nuestros jueces merecen ser bien remunerados, también lo merecen nuestros jubilados después de 30 años de trabajar. Estos merecerían ganar por lo menos un 30 por ciento más de lo que están ganando. Si bien no se bajaría la pobreza existente, sería un reconocimiento a nuestros adultos mayores de solaridad colectiva de parte de la sociedad de nuestro país.
Armando Torres
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