CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El político mexicano Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el jueves por la noche que Estados Unidos le retiró la visa, sumándose a otras figuras del partido gobernante Morena a las que la administración de Donald Trump les ha aplicado medidas similares.
La decisión de Washington se da a menos de cuatro meses de un duro golpe a Morena cuando la Fiscalía de Nueva York abrió un proceso contra diez funcionarios mexicanos en activo y retirados, entre ellos el gobernador oficialista del estado Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por tráfico de drogas.
El retiro de la visa fue anunciado por López Beltrán en una carta dirigida a Trump publicada en su cuenta de Instagram, en la que afirmó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario, Christopher Landau, “han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos”.
“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”, sostuvo el político, que hasta mayo se desempeñó como secretario de organización de Morena. Dejó el cargo para competir por la candidatura del partido a diputado federal por el estado sureño de Tabasco.
López Beltrán aseguró que Rubio y Landau “no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo”. La medida “no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”, añadió.
La embajada de Estados Unidos en México no respondió a un pedido de comentarios de The Associated Press acerca del anuncio de López Beltrán.
En la misiva, el político indicó que “no me causa ningún problema” la limitación de ingreso a Estados Unidos “en estos tiempos de decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”.
López Beltrán pidió a Trump que diga si estaba enterado de la medida y que, en caso contrario, “¿por qué no destituye a Rubio y Landau así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?”.
López Beltrán, quien es conocido como Andy, fue uno de los colaboradores más cercanos a su padre antes de ganar las elecciones en 2018, y llegó a gestionar su agenda privada y las relaciones de Morena en la capital mexicana y el Estado de México, de acuerdo con la prensa local.
Durante buena parte del sexenio de López Obrador (2018-2024), el segundo de sus cuatro hijos se distanció de partido y se dedicó a una empresa de chocolates. Pero en septiembre de 2024, semanas antes de que finalizara el mandato de su padre, fue elegido secretario de organización de Morena, cargo que ostentó hasta mayo.
Otros políticos mexicanos sin visa y procesados La gobernadora oficialista del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dijo en mayo que Estados Unidos le había retirado la visa de turista a ella y a su por entonces esposo, Carlos Torres Torres. En aquel momento, Ávila aseguró que desconocía los motivos detrás de la medida.
El alcalde de la ciudad fronteriza de Nogales, Juan Francisco Gim, y el congresista federal Mario López Hernández, del partido prooficialista Verde Ecologista de México, también han reconocido situaciones similares.
A estas acciones se sumó el proceso judicial abierto por la Fiscalía de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, incluyendo el alcalde de la ciudad de Culiacán y un senador de Morena, acusados de cooperar con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses solicitaron la detención preventiva de los diez mexicanos para su extradición, pero Fiscalía General de México no atendió la solicitud y pidió más pruebas para procesarlos.
Rocha Moya abandonó temporalmente su cargo para facilitar la investigación, mientras que el exsecretario de Seguridad del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida, se entregó a mediados de mayo a las autoridades estadounidenses.
Este proceso desató fricciones entre gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Washington.
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