A casi tres semanas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el último recurso del Gobierno, las Universidades nacionales y los gremios del sector esperan que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento en la próxima liquidación de haberes docentes y no docentes, correspondiente a julio. La recomposición debería ser en torno al 25%, teniendo en cuenta que por el acuerdo salarial suscripto a fines de mayo –que corrió en paralelo a la disputa judicial por la aplicación de la Ley-, los haberes ya se incrementaron 21,3% y otro 3% tocaría en octubre próximo.
El fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno dejó firme lo resuelto por las instancias inferiores de la Justicia, haciendo lugar al amparo presentado por el CIN para garantizar el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y no docentes, y también las becas estudiantiles, fue un enorme triunfo para las Universidades nacionales. Por la falta de actualización salarial –lo que vino a reparar la ley del Congreso sancionada en 2025, que Javier Milei vetó, pero fue insistida por dos tercios en cada Cámara- los docentes y no docentes habían perdido alrededor de 50% de sus ingresos frente a la inflación.
Pero, desde entonces, la situación es de tensa espera. El Gobierno se mantiene en silencio tras el fallo de la Corte, aunque dejó trascender que acatará lo ordenado por la Justicia.
Foto: Fernando de la Orden.
Cuarta Marcha Federal Universitaria, el 12 de mayo 2026.
“Este mes (inicios de julio)se pagó el acuerdo paritario, 21%. Pero de la cautelar nada todavía, ni hubo llamado formal. Lo que sí, en el acuerdo (de mayo entre Gobierno, rectores y gremios) quedó la fecha del 15 de setiembre para la paritaria, y hay que sentarse a discutir”, indicó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA).
Entre los rectores la expectativa está centrada en que el Gobierno cumpla con la cautelar en esta próxima liquidación de haberes, que alcanza a unos 200 mil docentes universitarios en todo el país.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, le dijo a Clarín: “El Gobierno debería convocar a paritaria y plantear allí la recomposición de lo pendiente o hacerlo efectivo directamente a partir de la próxima liquidación”.
“Yo creo que el plazo para evaluar cómo seguimos debería ser la liquidación de este mes que es alrededor del día 20”, añadió, al preguntársele si, ya pasadas tres semanas, evalúan una nueva acción judicial.
Ante el silencio del Gobierno, para la comunidad universitaria hubo una referencia precisa días atrás en la Cámara de Diputados. En una reunión caliente de la Comisión de Educación, el 1 de julio, su presidente Alejandro Finocchiaro –ex ministro de Educación de Mauricio Macri y hoy un firme aliado al mileísmo, no permitió que la entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) incluyera el debate sobre la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Finocchiaro sostuvo que “a raíz del fallo de la Corte, el Gobierno con quien hablé... en las Universidades se liquida día 15, 16, 14, el mes que viene el Gobierno va a liquidar acorde al fallo de la Corte, por eso devino abstracto y esto no se trata”, dijo por el debate que quería impulsar la oposición en la Comisión.
Gremios en alerta
Bartolacci señaló también que los rectores (de las más de 60 universidades nacionales nucleadas en el CIN) acompañarán un pedido de convocatoria a paritaria que harán los gremios esta semana “para que se efectúe la actualización en virtud de la cautelar”.
Los gremios del sector, y también el abogado constitucionalista Pablo Manili, quien presentó la demanda judicial en representación del CIN, indicaron cuando salió el fallo de la Corte que ahora sí, en caso de no cumplir, los funcionarios del Gobierno -desde el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Alvarez hasta el presidente Javier Milei, pasando por el ministro de Economía Luis Caputo-, podrían exponerse a demandas penales por desobediencia e incluso a embargos y multas sobre sus propios patrimonios.
Pero se prefiere no hablar de esto, en estas horas.
“Estamos de cara al receso de invierno, el Mundial que se lleva todo, con el Gobierno que dice que va a cumplir… nadie quiere entrar en un camino de denuncias por incumplimiento, por eso preferimos esperar a ver si pagan julio”, indicó otra fuente universitaria que monitoreó todo el proceso.
Dos de los gremios más representativos, CONADU y CONADU Histórica, ya avisaron sin embargo que tomarán medidas de fuerza si el pago no se efectiviza.
Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, dijo a este diario que “desde el fallo de la Corte se han quedado mudos. Imagino que habrán pasado horas de zozobra, porque el Gobierno sabe que el camino judicial está quedando agotado y que le corresponde hacer lo que lleva casi 6 meses tratando de evitar, cumplir la ley”.
Y señaló que la CONADU resolvió en su último plenario que si en el próximo salario no se ve reflejado “vamos hacia medidas de fuerza”. También dijo que “los funcionarios se exponen a acciones de tipo penal”.
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