El Gobierno salió este lunes a responder al paro universitario convocado para este miércoles 12 de agosto con un argumento concreto: la mesa paritaria con los gremios docentes y no docentes ya está convocada para el 1° de septiembre.
Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que además cuestionó la medida de fuerza y sostuvo que no existe un incumplimiento por parte del Estado nacional.
La cartera que conduce Sandra Pettovello difundió un comunicado en el que señaló que la reunión paritaria fue establecida "conforme al cronograma oportunamente establecido" y que, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Gobierno actuó "en estricto cumplimiento de la normativa y en los términos dispuestos por la Justicia".
Con ese argumento, el Gobierno buscó desacreditar el paro de este miércoles. "Constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino", afirmó Capital Humano, al considerar que no hay un incumplimiento que justifique la protesta.
El planteo oficial choca con la posición de los gremios, que vienen reclamando desde hace meses una recomposición de los salarios universitarios y que sostienen que el Gobierno no está cumpliendo en forma plena con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.
Qué dijo Capital Humano
Frente al paro del miércoles, el Gobierno decidió poner el foco en la fecha de la próxima negociación. La discusión paritaria, según Capital Humano, está prevista para el 1° de septiembre.
El mensaje oficial busca marcar que el Ejecutivo no cerró la negociación y que existe una instancia formal para continuar la discusión salarial.
Comunicado de Capital Humano.
Por eso, desde el Gobierno sostienen que la medida de fuerza del 12 de agosto no responde a una falta de convocatoria.
Los gremios, en cambio, interpretan que la demora en la discusión salarial forma parte del problema y decidieron mantener el plan de lucha.
El reclamo que desembocó en el paro
La protesta que tendrá lugar el miércoles no surgió en los últimos días. Forma parte de un conflicto que viene creciendo desde el comienzo del año y que tuvo como principales ejes la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, la falta de actualización salarial y el financiamiento de las universidades nacionales.
Los sindicatos docentes vienen reclamando la reapertura de la discusión salarial y una recomposición que permita recuperar parte de lo perdido frente a la inflación. La situación derivó en distintas jornadas de paro, movilizaciones y actividades en las universidades.
A fines de julio, Conadu Histórica resolvió directamente el no inicio del segundo cuatrimestre, con un cese total de actividades a partir del 6 de agosto. La organización gremial argumentó entonces que llevaba acumulados 19 días de paro, dos marchas nacionales y distintas protestas, y reclamó un aumento salarial del 30% con cláusula gatillo. También denunció que llevaba semanas sin una convocatoria a la comisión paritaria.
El reclamo salarial se superpuso con otro conflicto: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La norma había establecido mecanismos para actualizar los salarios de docentes y no docentes, además de contemplar recursos para las universidades y las becas estudiantiles. La discusión terminó en los tribunales y la Justicia le dio la razón a las universidades en algunos de sus planteos.
En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligaba al Estado a aplicar disposiciones de la ley vinculadas con el incremento salarial del personal docente y no docente, la convocatoria a paritarias y el aumento del presupuesto para becas.
Un acuerdo que no cerró el conflicto
En paralelo, el Gobierno había conseguido avanzar en junio con un acuerdo salarial con la mayoría de las organizaciones gremiales universitarias.
El entendimiento contempló una recomposición acumulada del 24,33%, distribuida en dos tramos: 21,33% sobre los salarios de mayo y otro 3% en octubre. También incluyó fondos adicionales para gastos de funcionamiento de las universidades y recursos para los hospitales universitarios. Pero el entendimiento no logró desactivar el conflicto.
Parte del sindicalismo universitario consideró insuficiente la recomposición frente al deterioro acumulado de los salarios y mantuvo el reclamo para recuperar el poder adquisitivo. Conadu Histórica, en particular, continuó con un plan de lucha y cuestionó tanto la política salarial como el financiamiento de las universidades.
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