Hay preguntas que sobreviven al paso del tiempo porque nunca encuentran una respuesta definitiva. Una de ellas nació después del Holocausto y continúa interpelándonos: ¿cómo una sociedad puede acostumbrarse al sufrimiento del otro?
La filósofa Hannah Arendt dedicó buena parte de su obra a comprender el totalitarismo. Pero, además de estudiar a los verdugos, intentó responder otra cuestión: ¿cómo era posible que millones de personas siguieran con su vida cotidiana mientras sus vecinos eran perseguidos, humillados y finalmente exterminados? Quería comprender un mecanismo profundamente humano y, justamente por eso, peligroso: la capacidad de acostumbrarnos.
El horror rara vez comienza con la violencia extrema. Antes existe un proceso silencioso: el dolor deja de conmovernos, el otro deja de ser un semejante y la injusticia pasa a formar parte del paisaje. La Shoá fue un crimen único e irrepetible, cuya especificidad histórica no admite comparaciones. Sin embargo, las preguntas éticas que dejó siguen vigentes porque advierten sobre un riesgo permanente: la naturalización de la indiferencia.
Esa inquietud resuena hoy. Convivimos con personas que duermen en la calle, jubilados que deben elegir entre medicamentos o alimentos, hospitales con recursos insuficientes, trabajadores que pierden su empleo y jóvenes que perciben el futuro como una promesa cada vez más distante. Las causas pueden discutirse desde distintas perspectivas económicas y políticas. Lo que no debería naturalizarse es ese sufrimiento.
Vivimos rodeados de indicadores: déficit fiscal, inflación, riesgo país o reservas. Son herramientas indispensables para comprender la economía. El problema aparece cuando el lenguaje de los números reemplaza al de las personas. Detrás de cada índice de pobreza hay vidas concretas; detrás de cada despido, una familia; detrás de cada recorte presupuestario, una escuela, un hospital o un tratamiento que puede no llegar.
Toda política económica expresa una concepción sobre el Estado, el mercado y la responsabilidad colectiva. Ese debate es legítimo. Pero existe otro que lo trasciende: el de la responsabilidad ética.
El filósofo Hans Jonas sostenía que esa responsabilidad también alcanza a las consecuencias previsibles de nuestras decisiones. Aplicada a la política, la pregunta resulta inevitable: si un gobierno sabe que determinadas medidas pueden deteriorar las condiciones de vida de millones de personas, ¿puede desentenderse de esos efectos porque nunca fueron el objetivo buscado?
El sociólogo Zygmunt Bauman advertía que las sociedades contemporáneas corren el riesgo de producir seres humanos “descartables”: personas que dejan de ser vistas como sujetos de derechos para convertirse en un problema económico o administrativo. Esa deshumanización no siempre necesita discursos de odio. Muchas veces alcanza con la indiferencia.
Quizás allí resida uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. No solo discutir qué modelo económico produce crecimiento, sino decidir qué lugar ocupa la dignidad humana dentro de ese proyecto de sociedad.
La historia demuestra que los grandes procesos de deshumanización empiezan mucho antes de la violencia: comienzan cuando dejamos de sentirnos interpelados por el dolor ajeno.
La calidad de una democracia no se mide únicamente por sus elecciones, sus instituciones o sus indicadores económicos. También se mide por su capacidad de no acostumbrarse nunca al sufrimiento de quienes quedan al margen.
Porque el día en que el hambre, la pobreza o la exclusión dejan de escandalizarnos, el problema ya no será solamente económico o político. Será, sobre todo, una derrota moral.
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