El fiscal general, Ken Paxton, consiguió una orden en la Corte Suprema de Texas para detener el envió de fondos del condado de Harris, que incluye el área metropolitana de Houston, para financiar la defensa de inmigrantes ilegales en procesos de deportación.
En un comunicado, Paxton dice que “esta es una gran victoria para la protección del dinero de los contribuyentes, ya que resulta profundamente injusto que cualquier texano se vea obligado a que se le quiten los dólares que tanto le ha costado ganar para destinarlos a la defensa de inmigrantes indocumentados”.
La demanda hace referencia al Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes (ILSF, por sus siglas en inglés) que están en manos del condado de Harris. En octubre de 2025, los comisionados aprobaron más de un millón de dólares para fortalecer la defensa legal de inmigrantes indocumentados.
El Fondo canaliza recursos hacia organizaciones que ayudan a personas a obtener representación legal en procedimientos migratorios, según explica Telemundo Houston.
¿Cuál es el dictamen de la Corte Suprema de Texas?
En febrero pasado, el 15º Tribunal de Apelaciones frenó una demanda de Paxton para detener el uso del Fondo. Antes un juez del condado también había rechazado el recurso interpuesto por el fiscal general de Texas.
Centro de detención donde Estados Unidos encierra a los hijos de inmigrantes ilegales. Un problema que afecta a muchos países.
Paxton sostiene que la asignación de fondos del condado a organizaciones como BakerRipley y el Galveston-Houston Immigrant Representation Project infringía la cláusula de regalos (gift clause) de la Constitución de Texas.
Pero, en su fallo, el tribunal de apelaciones aseguraba que el Fondo había operado durante cinco años (desde 2021) “sin controversias, ni objeciones aparentes”. Además, indica ese fallo que el estado no ha presentado evidencia de que haya causado algún daño a los residentes del condado o del estado.
Ken Paxton, fiscal general fuerte en una Texas gobernada por el republicano Greg Abbott con mano dura, no se dio por vencido y recurrió a la Corte Suprema de Texas. En junio de 2026, la Corte emitió una orden por la cual el condado debe dejar de financiar el Fondo. El fallo dice que “existe una seria duda respecto de la constitucionalidad del programa que está en cuestión”.
Agrega que “el condado presenta varias defensas que, al conceder esta moción, no rechazamos; confiamos en que el tribunal de apelaciones les dará la debida consideración, y nuestra decisión de hoy no constituye una determinación sobre el fondo del litigio”.
De todas formas, ordena al condado “abstenerse de desembolsar fondos relacionados con el Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes y la Línea de Recursos de Inmigración (Immigration Resource Hotline) hasta nueva orden”. Explica que “el tribunal de apelaciones deberá proceder a resolver la apelación que actualmente tiene pendiente”.
El Fondo está financiado por el condado de Harris, que incluye la ciudad de Houston, Texas. Foto: Archivo.
En su sitio web, el ILSF afirma que “el objetivo de este programa es crear un sistema en los tribunales de inmigración donde toda persona que necesite un abogado lo obtenga, independientemente de la solidez de su caso o de sus antecedentes penales”.
Agrega que, “sin embargo, con la financiación actual, este programa funciona por orden de llegada y, entonces, una vez que los abogados alcancen el número máximo de casos asignados, es posible que no puedan aceptar otro”.
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