La Policía Federal Argentina (PFA) allanó tres domicilios particulares que habían sido transformados en fábricas de tratado y embotellado irregular de agua que se vendía como potable en los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense. Tras un estudio bromatológico, las autoridades detectaron una "notoria falta de higiene y limpieza" y ordenaron inutilizar las maquinarias utilizadas.
La causa inició a partir de una serie de denuncias anónimas que advertían por el funcionamiento de las supuestas plantas potabilizadoras en domicilios particulares. Tras ese aviso, tomó intervención la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza, perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal que realizaron allanamientos en los tres domicilios en los que funcionaban las falsas embotelladoras.
Durante los operativos, el personal de la PFA junto con técnicos especializados del Departamento Delitos Ambientales tomaron muestras al azar del líquido que comercializaban las tres plantas y realizaron una serie de análisis químicos para determinar la potabilidad del agua y controles bromatológicos, además de un análisis sobre la higiene de los domicilios.
Según indicaron fuentes oficiales, se estableció que las embotelladoras clandestinas "no contaban con las habilitaciones ni documentaciones correspondientes", y presentaban además una "notoria falta de limpieza e higiene requeridas para realizar dicha actividad".
Durante los operativos también se descubrió que las envasadoras arrojaban sustancias químicas a la vía pública, lo que podría poner en riesgo la salud de los vecinos, como producto de la contaminación ambiental.
Las autoridades destacaron una "notoria falta de limpieza e higiene" en el lugar.
En la causa interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella quien, tras las tareas realizadas por los investigadores, ordenó la clausura de las maquinarias, que fueron inutilizadas.
Asimismo, en el marco de la investigación se secuestraron 600 bidones plásticos de 20 litros -de los cuales 100 ya estaban llenos-, tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
El juez interviniente ordenó clausurar las máquinas.
Producto de los operativos dos hombres de 62 años y una mujer de 39, quedaron imputados por infracción a la Ley sobre el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284); y por infringir el Artículo 172 del Código Penal y quedaron a disposición del juez que interviene en la causa.
BPO
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