La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestó este martes “su más profunda preocupación” ante la “severa parálisis” que afecta la operatoria en las terminales portuarias de la Hidrovía y los principales nodos marítimos del país, como consecuencia de la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje en rechazo a la desregulación del sector establecida en el decreto 690/2026, publicada el lunes en Boletín Oficial.
Asimismo, apoyaron las modificaciones en la actividad impulsadas por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, e instaron al Gobierno y a los prácticos a conformar una mesa de negociación para resolver el conflicto, normalizar la actividad e implementar el decreto.
En un comunicado, la CPPC aseguró que “la paralización del servicio frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina”, al mismo tiempo que planteó que esta situación “evidencia la urgencia de actualizar el régimen normativo”.
“La interrupción de la maniobra de buques no es una disputa sectorial aislada; representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, indicó la cámara empresaria.
Como informó Clarín, se estima que hay unos 150 buques paralizados en el ingreso a los puertos del país, afectando la exportación de granos y combustibles, principalmente, y el ingreso de cualquier mercadería al país.
Los prácticos se ocupan de ingresar y sacar a los buques de los puertos. Es un oficio de personas muy especializadas y son pocos. Por ejemplo, para toda la zona portuaria porteña y del Dock Sud hay apenas 24 prácticos. Pero desde cerca de Sturzenegger justifican que representan un 8% del costo total y que pueden ser reemplazados.
Una posición "extrema"
Si bien la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a 500 prácticos a retomar su tarea de manera inmediata en los ríos, puertos, pasos y canales del país, fuentes consultadas por Clarín afirmaron que el lock out todavía continúa.
“Sigue todo igual”, afirmó una fuente portuaria consultada, quien aseguró que los prácticos “están en una posición extrema”.
“Nosotros no tenemos nada que negociar. Es un conflicto de los prácticos con una resolución del gobierno. Estamos intimándolos a que hagan su trabajo, siendo que es un servicio público esencial, pero sin suerte. Hay 150 barcos parados y seguirán llegando” a un ritmo que se puede ubicar entre 30 y 40 buques a diario, agregó la fuente consultada.
Otra fuente consultada ratificó la continuidad del conflicto: "No cambió nada, Prefectura emitió este martes en el boletín la lista de prácticos notificados, pero sigue el paro".
"Esto no está en nuestras manos. La única solución es que la Prefectura convoque a los prácticos y arme mesa para implementar el decreto y normalizar actividad", adujo.
De hecho, el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque "técnicamente no existe un conflicto laboral", sino una decisión individual de los prácticos de no prestar servicios.
Apoyo
El principal cuestionamiento del sector a la medida impulsada por Sturzenegger, es que la norma elimina el sistema cerrado de inscripción, fija tarifas máximas, libera el transporte de embarque y desembarque y permite que determinados capitanes extranjeros con conocimiento de zona puedan navegar sin contratar prácticos.
Sin embargo, el actual conflicto hizo que la CPPC manifestara su apoyo explícito a la medida del ministro desregulador.
“Desde la CPPC consideramos que esta coyuntura crítica evidencia la necesidad impostergable de adecuar, modernizar y desregular el sistema de practicaje en nuestro país en línea con lo propuesto por el Gobierno nacional, sin poner en juego la seguridad de navegación”, indicaron en un comunicado.
Para la cámara empresaria, “que la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino demuestra que la línea trazada en favor de una mayor competencia, transparencia y revisión de esquemas rígidos es el camino correcto para dotar de competitividad y previsibilidad a nuestra logística regional”.
Más allá que desde la entidad empresaria reconocieron “la idoneidad técnica y el profesionalismo” de los prácticos, sostuvieron que “no resulta preciso sostener que las medidas de desregulación vigentes comprometan la seguridad operacional”.
“En la práctica, ninguna armadora, capitán o compañía de seguros opera o moverá un buque en vías complejas sin el debido respaldo profesional a bordo. La defensa de la seguridad es un principio compartido por toda la comunidad portuaria y es plenamente compatible con un marco normativo moderno, eficiente y competitivo”, argumentaron.
De esta manera, los CPPC instó “de manera urgente e impostergable tanto al Gobierno Nacional como a los representantes del sector de practicaje a conformar una Mesa de Negociación para normalizar la actividad e implementar el Decreto 690/2026”.
NE
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