No alcanzó con Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado por su madre y su madrastra, a cuyo cuidado fue entregado a pesar del abandono inicial, de las incansables denuncias de parte de los tíos que lo habían criado cuando su mamá decidió emprender una vida sin él, y de los golpes con los que lo veían en el colegio y en los hospitales donde ingresó tantas veces.
No alcanzó tampoco con la conmoción por Angel López, el nene de 4 años muerto aparentemente por neumonía pero con presuntos traumatismos en la cabeza que dejaron imputados y con una investigación en marcha a la madre y al padrastro, en medio de denuncias del padre contra la Justicia que decidió la restitución del chico al hogar materno.
El país volvió a estremecerse, días atrás, con el caso de Isabella Aguirre, la nena de 2 años que murió en Villa Gesell, presumiblemente por una asfixia por obstrucción después de tomar la mamadera. El punto es que, se detectó entonces, era la tercera hija que Lucía Sosa perdía de la misma manera. Por la muerte y supuesto abuso sexual de una de ellas, la mujer y su ex marido, Gerardo Picart, habían estado presos dos años, perdieron la tenencia de otros cuatro hijos y fueron sometidos a juicio en Mar del Plata, en el que los absolvieron. Sosa se mudó después a Gesell, formó otra pareja y tuvo dos hijos más, una de las cuales era Isabella.
Como si el horror no fuera suficiente, al conocerse la muerte de la última de las nenas, salió a dar su testimonio Lucas Ruiz, de 17 años, el segundo hijo de Lucía Sosa, criado por padres adoptivos. Visiblemente conmovido, contó: “El día de mi cumpleaños de 3 años me obligaron a volver a esa casa y ese día fue una de las golpizas más grandes que me dieron”, y agregó: “No voy a parar hasta que esa mujer esté presa o en un psiquiátrico”, y sostuvo que espera que “de una vez por todas los jueces hagan las cosas bien”.
Además de relatar que él también estuvo a punto de morir a los 21 días de vida por una intoxicación, fue muy impactante su testimonio de que el juzgado no hacía caso a sus pedidos desesperados: “A mí me golpean muchísimo, sufrí muchísimo, sobre todo en el momento de las revinculaciones, yo pedía por favor salir de esa casa”. La Justicia, insiste, no escuchaba sus ruegos.
Este fin de semana se conoció el asesinato de Nahuel Godoy, un chico autista de 12 años, en Rafel Calzada: su padre confesó el crimen. La madre, que estaba separada del hombre, dijo que 48 horas antes del asesinato había pedido, en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Lanús, medidas de protección para ella y su hijo, por presuntas amenazas de su ex pareja de asesinar al hijo en común para “vengarse de ella”. Según dijo, allí se negaron a tomarle la denuncia.
Ante todos estos casos, apenas botones de muestra de horrores que se repiten, la pregunta que surge es siempre la misma: dónde estaban la policía, los jueces, los funcionarios judiciales, todos los responsables que no vieron, no escucharon, no atendieron.
Posiblemente estuvieran en el mismo lugar en el que estaban los que permitieron que Marta Noemí Mitrovich, de 56 años, buscada por una estafa de $14 millones vinculada al suicidio de la peluquera Merlin Díaz Silva, renovara tranquilamente su DNI en el Registro Nacional de las Personas del microcentro porteño el 28 de mayo pasado, sin que nadie la detuviera a pesar de tener un pedido de captura vigente.
Tal vez estuvieran también en el penal San Felipe de Mendoza, en el que cuatro presos se conectaron en vivo durante una transmisión de streaming de un creador de contenidos de Buenos Aires, a pesar de que en esa provincia los celulares están prohibidos en las celdas.
En muchos casos se podrá pensar en teorías conspirativas, complicidades non sanctas y otras corruptelas varias. Es posible, claro. Pero también es posible, y tanto o más preocupante, que se deba a ineficiencia, negligencia o ignorancia. Así, estamos condenados.
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