Miles de niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos podrían enfrentar un mayor riesgo de deportación después de que la administración del presidente Donald Trump decidiera dejar vencer el contrato federal que financia su representación legal, según advirtieron organizaciones que trabajan con menores no acompañados.
Este viernes finaliza el acuerdo mediante el cual el gobierno financia una red de casi 100 organizaciones jurídicas que brindan asistencia a unos 20.000 niños y adolescentes que ingresaron al país sin un padre o tutor legal. Hasta el momento, la administración Trump no explicó por qué permitió que el contrato expirara.
Qué cambia para los niños migrantes
El contrato permitía que abogados ingresaran a los refugios administrados por el gobierno para informar a los menores sobre sus derechos y representarlos durante los procesos ante los tribunales de inmigración.
Sin ese financiamiento, las organizaciones aseguran que desconocen qué ocurrirá a partir del lunes y si podrán seguir visitando a los niños que permanecen bajo custodia federal.
"No sabemos qué ocurrirá con esos niños la próxima semana. No sabemos si tendrán representación legal. El gobierno aún no identificó quién asumirá esa tarea", afirmó Melissa López, directora ejecutiva de Estrella El Paso, durante una conferencia de prensa. La organización representa actualmente a 243 menores no acompañados en el oeste de Texas y Nuevo México.
Las entidades consideran que la presencia de abogados dentro de los refugios constituye un mecanismo de supervisión para una población especialmente vulnerable. También advierten que, sin asistencia jurídica, aumentan considerablemente las probabilidades de que los menores sean deportados a los países de los que huyeron.
Audiencias judiciales con un futuro incierto
La incertidumbre ya se reflejó en los tribunales migratorios. El viernes por la mañana, decenas de niños y adolescentes comparecieron ante un juez de inmigración en Harlingen, Texas. Mientras esperaban sus audiencias, algunos jugaban con rompecabezas, figuras de acción o libros para colorear.
Los niños que llegan solos a Estados Unidos cuentan con protecciones especiales previstas por la legislación federal. Foto: REUTERS/Joel Angel Juarez
Entre ellos se encontraba un niño de ocho años que ingresó a la sala con un juguete de dibujo mientras se sentaba junto a su abogada.
Lauren Fisher Flores, representante del proyecto ProBar de la Asociación Estadounidense de Abogados, informó al tribunal que, una vez vencido el contrato, su organización ya no podrá brindar las charlas informativas sobre derechos legales en los refugios ni ofrecer el servicio conocido como "Friend of the Court", mediante el cual los abogados asisten a menores que comparecen ante un juez sin representación legal.
"Esperamos sinceramente que alguien pueda asumir esa tarea la próxima semana", dijo la abogada. La jueza respondió lamentando la situación.
Organizaciones denuncian falta de pagos
El vencimiento del contrato se suma a otro problema que afecta a las organizaciones: muchas aseguran que el gobierno federal no les paga los servicios prestados desde hace más de seis meses.
Según explicaron, la administración exige información detallada sobre sus clientes que, afirman, nunca antes se les había solicitado y cuya entrega consideran incompatible con sus obligaciones éticas como abogados.
"Claramente están intentando destruir el programa debilitando financieramente a las organizaciones sin fines de lucro", sostuvo Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center.
Como consecuencia, varias entidades comenzaron a despedir personal, cerrar oficinas o buscar financiamiento privado para mantener la representación de los menores.
ProBar, que presta asistencia jurídica en el sur de Texas, despidió esta semana al 20% de su personal.
La incertidumbre ya se reflejó en los tribunales migratorios. Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Por su parte, Mid-South Immigration Advocates, con sede en Memphis, informó que el gobierno federal le adeuda más de 500.000 dólares por los servicios prestados a más de 400 menores migrantes. La organización ya despidió a siete empleados desde 2025 y prevé nuevos recortes. También anunció el cierre de sus oficinas físicas en Nashville y Memphis y advirtió que podría dejar de operar próximamente.
Las protecciones que tienen los menores migrantes
Los niños que llegan solos a Estados Unidos cuentan con protecciones especiales previstas por la legislación federal, entre ellas la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de Trata de 2008.
Esa norma establece que el gobierno debe facilitar el acceso a representación legal para los menores sometidos a procesos de deportación y dispone que, salvo excepciones, sean alojados en el entorno menos restrictivo posible. En la práctica, eso suele implicar que puedan quedar bajo el cuidado de un patrocinador, generalmente un familiar residente en Estados Unidos, mientras avanza su caso migratorio.
Además, muchos de estos menores pueden solicitar protecciones específicas si fueron víctimas de abuso, abandono o negligencia, así como pedir asilo cuando consideran que regresar a su país representa un riesgo para su seguridad.
Las organizaciones advierten que la pérdida de representación legal podría dificultar el acceso de miles de niños a esas protecciones y aumentar el número de órdenes de deportación emitidas en las próximas semanas.
Con información de AP.
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